La Guardia Civil ayudará a inspeccionar los autobuses escolares compartidos
GALICIA
Vigilará, entre otros aspectos, la reserva de plazas, para que ningún alumno viaje de pie
05 sep 2017 . Actualizado a las 18:55 h.La Xunta ha encontrado un aliado con una amplia distribución territorial en las áreas rurales para colaborar en la inspección de los nuevos servicios de transporte escolar compartido. Esta colaboración se ha materializado tras una reunión de los conselleiros de Infraestruturas y Educación, Ethel Vázquez y Román Rodríguez, con el delegado de Gobierno, Santiago Villanueva, y representantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
El objetivo es que los agentes, junto con los inspectores de la Xunta, velen por el correcto cumplimiento de las condiciones de los contratos recientemente adjudicados, teniendo en cuenta que en muchos casos son nuevas empresas las que asumen estos servicios. De acuerdo con el plan de inspección de la Xunta al que ha tenido acceso La Voz, se deberá vigilar el cumplimiento del calendario y horarios, tanto los previstos en el contrato como las modificaciones que se puedan decidir sobre la marcha. Además de la normativa de seguridad aplicable a estos vehículos -que ya son revisados periódicamente por la Guardia Civil-, también deberán comprobar si las plazas reservadas a los escolares son efectivamente ocupadas por ellos «sen que estes viaxen de pé», una de las picarescas que pueden surgir en este nuevo modelo.
Estas inspecciones se centrarán en las rutas integradas -las que ahora dependen de Infraestruturas y no de Educación, al ser consideradas líneas regulares-, «sen prexuízo da posibilidade de focalizalos ou intensificalos naquelas que, de ser o caso, presenten un maior número de incidencias ou máis frecuencia infractora», se asegura en el plan de inspección.
El dispositivo de control se dividirá en tres fases. Una inicial más intensa durante la primera semana del curso -que se inicia el 11 de septiembre-. La segunda fase, de intensidad media, durará hasta el mes de diciembre. Y en la tercera etapa se evaluará el cumplimiento del plan durante todo el curso.
Denuncias
Cualquier infracción que se detecte debe dar lugar a la denuncia correspondiente, que será remitido al Servizo de Mobilidade provincial, que es el órgano competente para iniciar la tramitación del expediente sancionador. No obstante, se prevé que las incidencias más relevantes se comuniquen directamente a los máximos responsables de este ámbito en la consellería «co fin de adoptar, se é preciso, as medidas para a súa emenda no prazo máis breve posible».
La ejecución del plan de inspección será suspendida por indicación del subdirector xeral de Inspección do Transporte, David Conde Varela, o por el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro. Será el departamento de Inspección do Transporte el encargado de coordinar este plan y aclarar las dudas que surjan al respecto.
La provincia donde se centrarán buena parte de los esfuerzos en la inspección será Ourense, pues es donde habrá más líneas de carácter mixto, un total de 257 de las 465 que existen en la actualidad.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se mostró de acuerdo con la idea de «sacar el mayor rendimiento a los recursos públicos», pero también animó a la comunidad escolar a informar de cualquier incidencia en el transporte.
Por otra parte, la conselleira Ethel Vázquez insistió en que la subrogación de trabajadores en el plan de transporte es «obrigatoria» y no caerá «en papel mollado», tras acordar la comisión de seguimiento del citado plan la rescisión del contrato de la unión temporal de empresas de transporte de A Mariña que se negó a integrar a 15 empleados de la anterior concesionaria.
La Xunta lanza un mensaje de tranquilidad frente a las dudas de los sindicatos
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, volvió ayer a lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el transporte escolar compartido, la principal novedad del nuevo plan de transporte que afecta al 9,3 % del total de líneas destinadas a los alumnos del sistema educativo público. En total, unos 7.000 estudiantes compartirán autobús con sus vecinos, especialmente en zonas rurales. Vázquez explicó que este sistema «dispón de plenas garantías para os escolares», ya que las condiciones de este servicio están «blindadas». Y volvió a recordar que es un sistema que ya se ha implantado con éxito en comunidades como Castilla y León y Asturias, «mellorando a mobilidade dos habitantes do rural».
Estas declaraciones contrastan con las dudas que expresaron los sindicatos del sector educativo, en línea con algunas empresas de transporte de viajeros, respecto a los riesgos de seguridad que pueden surgir al dejar que cualquier usuario pueda viajar en los buses escolares. Una portavoz de CC. OO. recordó ayer que todos los trabajadores del sector educativo deben contar con un certificado de penales que atestigüe que no tienen antecedentes de pederastia, anticipando uno de los problemas más graves que podrían surgir en estos autobuses.
La Xunta recordó que tanto los conductores como los acompañantes -que ahora serán obligatorios en todas las líneas compartidas- deben contar con ese certificado, pero que resulta imposible aplicar esta fórmula a los potenciales usuarios, tal y como sucede en el resto de las modalidades del transporte.