Faltan diez días para que la sentencia de ejecución de desahucio sea firme y se desaloje a los intrusos que atemorizan a todo el edificio
31 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Empieza la cuenta atrás para expulsar en septiembre a los okupas de un dúplex de un edificio de la Travesía de Vigo, en el barrio de Teis, que atemorizan a 96 hogares desde octubre. Según los 280 vecinos, causan desperfectos, hacen ruido nocturno, dan palizas o amenazan a vecinos y venden drogas por la ventana. El piso invadido es propiedad del banco Santander y su inmobiliaria Altamira logró que un juzgado de primera instancia de Vigo dictase en junio una sentencia que ordena ejecutar el desahucio de los intrusos, denunciados por la comunidad de propietarios por su agresividad tras intentar apuñalar a un vecino.
Sin embargo, el desalojo no es inmediato porque la sentencia puede ser recurrida y no será firme hasta el 8 de septiembre. Todo apunta a que la procuradora presentará ese mismo día un escrito solicitando la ejecución del desalojo y tratará de darle prioridad. A partir de ahí empieza a correr el plazo para que el juez dicte el desalojo.
Durante diez días más como mínimo, los vecinos tendrán que convivir con sus presuntos agresores. Como medida de protección, la Policía Nacional y la Local enviaron más patrullas al barrio y agentes camuflados merodean por los pasillos del inmueble para impedir más riñas.
Los vecinos que fueron a consultar el expediente del caso obtuvieron la promesa del juzgado de que dará máxima prioridad a este caso. «Si lo llevan a cabo o no ya queda poco para descubrirlo», dice Eva, una vecina que es jurista y colabora con su comunidad de propietarios en todo el papeleo contra los okupas.
En el dúplex llegaron a morar cinco intrusos pero, según constatan los vecinos, ahora solo quedan dos. Uno de los que permanece dentro estuvo implicado en el intento de apuñalamiento a un vecino y al otro nadie lo ve porque nunca sale.
El conflicto se agravó a primeros de agosto cuando tres okupas intentaron apuñalar al vecino Guillermo Martínez. «Estaban pasadísimos, iban a por él», relata su esposa Olalla Villanueva, a la que días después amenazaron con un destornillador. Teme por su vida y la de sus dos hijas pequeñas.
Tras estos actos violentos, la comunidad de propietarios presentó una denuncia colectiva para pedir el desalojo. Reclaman 5.000 euros por desperfectos en el edificio. La pareja acosada pidió una orden de alejamiento pero fue denegada.