La alarma por el incremento del fenómeno okupa se extiende ya por toda Galicia

Las inmobiliarias empiezan a retirar los carteles de venta o alquiler para no atraer a asaltantes

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Vigo / La Voz

Galicia ha entrado en el circuito de la okupación. De los asaltos a inmuebles públicos o industriales sin uso, o el refugio en propiedades ruinosas, la comunidad ha pasado a registrar todas las semanas patadas en la puerta de segundas viviendas, casas en manos de bancos y en hogares de ancianos que han enfermado, fallecido o instalado con familiares o en residencias. Arteixo, Vigo, Lugo, Pontevedra, Ferrol o A Coruña han sumado este verano nuevos casos al mapa de la okupación en Galicia, cuyas consecuencias son sentidas ya por las empresas inmobiliarias.

«Cada vez son más los casos en los que nos piden que retiremos los carteles de ‘‘se vende’’ o ‘‘se alquila’’ para no dar pistas de que la vivienda está vacía», señala Jesús Pazos, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Noroeste. «La alarma social es notable por el miedo y la sensación de peligro que existe ante la invasión de propiedades privadas», añade el representante de las inmobiliarias, quien considera que «la Ley está favoreciendo al okupa y por eso el miedo social crece y las okupaciones también».

El caso de Arteixo publicado el miércoles en La Voz, de una mujer que se hizo fuerte con su hija en una vivienda cuyo propietario enfermó y no residía en ella, abona la alarma a la que alude el sector inmobiliario gallego, que hace meses detectó la llegada a Galicia de «mafias» que se dedican a buscar casas vacías para facilitar su ocupación a cambio de dinero.

Los 280 vecinos de un bloque de viviendas en el barrio vigués de Teis viven en este verano un infierno al no lograr alejar a una pandilla que ha okupado uno de los apartamentos y ya ha atacado a quienes afean los ruidos y trifulcas que generan en su interior.

También en Vigo, uno de los mejores balcones sobre la ría, la antigua cafetería de O Mirador de O Castro, acoge desde hace unos días inquilinos en su interior, como viviendas vacías de barrios como el de O Cura, Canadelo y Beiramar cuentan con okupantes itinerantes desde hace tiempo. Como ocurrió en julio en la viguesa calle Toledo, la Policía Local de Lugo evitó en el último momento y también el mes pasado que una pareja se hiciese con un chalé en la céntrica calle de la Aviación Española. Sin embargo las okupaciones se empiezan a multiplicar en la misma Ronda da Muralla, mientras otras casas se refuerzan con puertas metálicas y tapiados, método disuasorio que se ha extendido por toda Galicia. Los barrios de A Milagrosa, Montirón, Feijoo y Fingoi, y hasta el antiguo cuartel de San Fernando registran el paso de los okupas en Lugo.

Los avisos de okupaciones han llegado igualmente al viejo cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra, ciudad donde la Fiscalía acaba de pedir dos años de cárcel para una pareja que okupó y desvalijó un piso de A Barca.

En A Coruña, A Sardiñeira sigue en estos días en pie de guerra contra los okupas, como ocurrió en Eirís, Agra do Orzán y Os Mallos, o como en Ferrol se desesperan los vecinos de Ciudad Jardín ante los destrozos que los recién llegados generan en la zona.

Información elaborada con aportaciones de B. Capelán, C. López, S. Varela y M. Mosteiro.

La presión provoca el desalojo espontáneo en Meicende

Brais Capelán
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La mujer que encabezó el allanamiento firmó un documento de marcha voluntaria tras la mediación de Servicios Sociales

La presión mediática, policial e institucional ha hecho ceder a los okupas de la casa unifamiliar con tres viviendas de Meicende (Arteixo). El miércoles, a última hora de la tarde, abandonaban la zona tras firmar un documento de marcha voluntaria. Este escrito será presentado en el juzgado, con lo que se garantiza una rápida intervención en caso de un nuevo allanamiento.

Termina así un conflicto que se inició el domingo. En la vivienda, que el propietario ya ha visitado de nuevo y donde se le pudo ver a última hora del miércoles soldando la puerta, apenas faltan unos cuantos objetos y muebles. «Está en buen estado», afirmaba el miércoles el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, que destacaba el trabajo de Servicios Sociales y los agentes desplegados para «presionar» a los okupas a abandonar la zona. «Hemos lanzado el mensaje de que Arteixo no pone las cosas fáciles a los okupas y esperamos que esto no se vuelva a repetir», afirma Calvelo, que acompañó al propietario durante la liberación.

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Invasión de lo público y lo privado

La okupación de inmuebles afecta tanto a la propiedad pública como a la privada en Galicia. Viviendas de la Xunta okupadas en el barrio ferrolano de San Pablo, dan muestra de que no hay distinción, aunque en el ámbito público la afectación sea mayor entre grandes instalaciones en desuso como la antigua Comandancia de Obras de A Coruña, el que fue cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra, o el de San Fernando en Lugo, entre otros. En esa ciudad los okupas son visibles ya junto a la muralla en viviendas que se quedaron sin inquilinos, como sin uso se habían quedado en Santiago la sala Yago o la antigua sede de Cantigas e Agarimos.

Ocho de cada diez gallegos creen que la legislación deja indefensos a los propietarios

Los vecinos de la Travesía de Vigo tienen una sentencia judicial en sus manos que obliga a la pandilla que los tiene atemorizados a abandonar el piso del banco Santander que han okupado. Pero ni siquiera un fallo judicial ampara y resuelve de momento los conflictos que sufren los afectados por el asalto.

Esa sensación de que la legislación actual en realidad beneficia más a los okupas que a los propietarios y a los vecinos de las viviendas asaltadas es refrendada por ocho de cada diez gallegos preguntados al respecto por el Instituto Sondea a instancias de la empresa Securitas Direct. Dicho trabajo demoscópico señala también que el 70,69 % de los gallegos están convencidos de que se sentirían desprotegidos legal y policialmente en el caso de que alguien okupase su vivienda. Ante la misma situación en el conjunto de España el porcentaje llegaría a un 81,1 %.

Cambiar la ley inmediatamente para dotar a los propietarios de mayor seguridad jurídica y herramientas legales suficientes para desalojar con rapidez a los okupas, es demandado por el 84,48 % de los preguntados en Galicia.

Los gallegos se manifiestan en mayor volumen que la media española a favor de llamar a la policía como primera reacción al descubrir que una vivienda de su propiedad ha sido okupada. Así lo haría el 81,9 % de los gallegos frente al 74,9 % de los encuestados en todo el Estado.

También inclinarse por acudir a la Justicia y seguir los trámites legales es una opción con más adeptos en Galicia que en otras comunidades, según el citado trabajo de campo encargado por la firma de seguridad, que señala en cambio a la gallega como una de las autonomías más remisas a proceder a echar en persona a los okupantes, opción que solo sería seguida por un 18,1 %. La siguiente opción más votada sería negociar con los usurpadores para que abandonen el inmueble a cambio de dinero, en igual medida sin embargo que contratar a empresas especializadas en despejar de inquilinos no autorizados una propiedad.

En Galicia se estima en un 68,9 % que lo más sencillo de okupar es un chalé o vivienda independiente, mientras que un 18,9 cree que es más factible dar una patada en la puerta a un piso bajo; el 6,9 % entiende que un primero es lo más expuesto, y finalmente un adosado es visto como la propiedad con menos riesgo.

El juez dará prioridad para desalojar a los okupas en la Travesía de Vigo

E. V. Pita
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Faltan diez días para que la sentencia de ejecución de desahucio sea firme y se desaloje a los intrusos que atemorizan a todo el edificio

Empieza la cuenta atrás para expulsar en septiembre a los okupas de un dúplex de un edificio de la Travesía de Vigo, en el barrio de Teis, que atemorizan a 96 hogares desde octubre. Según los 280 vecinos, causan desperfectos, hacen ruido nocturno, dan palizas o amenazan a vecinos y venden drogas por la ventana. El piso invadido es propiedad del banco Santander y su inmobiliaria Altamira logró que un juzgado de primera instancia de Vigo dictase en junio una sentencia que ordena ejecutar el desahucio de los intrusos, denunciados por la comunidad de propietarios por su agresividad tras intentar apuñalar a un vecino.

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