Precios elevados y agravios comparativos territoriales extienden la batalla contra los viales de pago
16 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La autopista del Atlántico ha sido desde su concepción caldo de cultivo de reivindicaciones sociales y políticas, de resultado dispar. La última, el traspaso a la comunidad de la titularidad de la AP-9 -que en realidad acumula una notable antigüedad y reiteración-, se ha encontrado con el muro del Ministerio de Fomento, temeroso de que una concesión semejante a la Xunta abra otro melón en el campo de las demandas territoriales y rompa el mapa de la red estatal de autopistas.
La asunción desde Madrid del pago de la parte de los peajes de Rande y A Barcala que hasta ahora afrontaba la Administración gallega, liberará de las arcas autonómicas siete millones de euros al año, pero que no servirán para implantar en el vial tarifas en función de la hora del día o descuentos a los usuarios frecuentes, posibilidades comerciales presentes en la práctica totalidad de las autopistas españolas. El gesto de Fomento tampoco minora los precios de la AP-9 en sus tramos más caros. Lo saben, por ejemplo, los transportistas y automovilistas que transitan entre Vigo y Redondela, y que pagan el peaje más alto por kilómetro de todo el vial: 30 céntimos cada mil metros.
Oroso, Lalín y Arteixo, también
Su reivindicación de gratuidad es compartida en Oroso, donde el peaje de 1,60 euros implantado por Audasa para recuperar la inversión en la construcción del enlace de Sigüeiro ya ha generado movilizaciones este verano y están anunciadas nuevas manifestaciones reclamando que no se pague en los casi diez kilómetros del ramal. Lo mismo plantean los gobiernos locales de Betanzos y Oleiros, entre otros, para reducir la presión sobre la nacional sexta.
A la eliminación de peajes se ha apuntado también la corporación de Lalín por unanimidad, para reclamar además la transferencia a Galicia de la AP-53 (Santiago-Dozón). Y la reivindicación contra los peajes de la AG-55 (A Coruña-Carballo) la abandera también en Arteixo su alcalde en una batalla que le ha llevado a pedir a sus convecinos que puenteen la autopista dando una vuelta por el vial que conduce al puerto de Langosteira.
Estas y otras reclamaciones hechas desde Galicia contra el precio de los peajes, o su mera existencia, se reproducen a lo largo de la media España que cuenta con viales de pago. Da igual incluso que en algunos casos el fin del peaje esté cerca, nunca semeja ser demasiado tarde para tratar de frenar los precios de las autopistas. Eso es lo que pensaron medio millar de personas que la semana pasada cortaron la carretera N-1 en Briviesca para exigir que no se espere a noviembre del 2018, cuando acaba la concesión de la AP-1 (Burgos-Armiñón), para hacerla gratuita, sino que se eliminen ya sus barreras para tratar de reducir así los accidentes que acumula la nacional.
La siguiente autopista próxima a culminar su explotación privada, la AP-7 que recorre toda la costa mediterránea, tampoco se libra de las peticiones de gratuidad, pese a que su liberalización está fijada para el 1 de enero del 2020. Alcaldes, diputaciones y parte de los gobiernos autonómicos de los territorios por los que transita, reclaman el adelanto de la supresión de los peajes, asunto que incluso fue tratado, pero rechazado, en el Senado. Como ocurre con la castellana AP-1 y la andaluza AP-4 (Sevilla-Cádiz), que culmina su concesión en el 2019, la falta de un anuncio contundente de Fomento de que no se prolongará su condición de viales de peaje, genera una notable desconfianza que lleva a aumentar la presión desde instituciones y colectivos diversos para evitar que el Gobierno opte por implantar un peaje blando en ellas, ahora que el Estado volverá a gestionar autopistas desde la empresa pública Seittsa, que se hará cargo de las ocho que se encuentran en concurso de acreedores.
La Diputación de Cádiz, o el alcalde de Lebrija, ya han advertido que el pago por parte de Fomento de todo el peaje de Rande y A Barcala «es un agravio» que además subrayan que pagarán también con sus impuestos los habitantes de sus territorios.
A favor del peaje
Eso sí, no falta quien como la patronal hotelera de Benidorm abogue por mantener un peaje, aunque sea de menor coste que en la actualidad, para evitar el colapso en su caso de la AP-7. No está por la labor en cambio el alcalde de Alicante, que pide la gratuidad para la circunvalación de la ciudad incrustada en la misma autopista, al igual que lo demandan instituciones y vecinos del Penedés para la C-32; o en Baleares con el túnel del Sóller, donde se reclama que se adelante a este verano el fin de los peajes previsto para otoño; o en Navarra con la AP-15, donde incluso lo plantea por unanimidad el Parlamento foral, y también en el País Vasco con la traspasada AP-8, donde muchos de sus usuarios mantienen y aseguran con diversas protestas que la infraestructura ya está amortizada.
La ultima campaña puesta en marcha para reclamar no solo la liberación de una autopista sino de tres, también está dirigida a los automovilistas gallegos que suelen viajar a Madrid por carretera. Asociaciones y partidos de Ávila y Segovia reclaman que la AP-6 y también la AP-51 y la AP-61 sean gratuitas a partir del 2018, momento en el que estaba previsto se quedase sin peaje el vial que concluye en Madrid. Una sentencia del Tribunal europeo cuestiona la extensión temporal de esa concesión para compensar la construcción de las autopistas a Segovia y a Avila.
La patronal de las autopistas dice que ahorra al Estado 1.000 millones al año
La patronal de las empresas de autopistas de España mantiene que lejos de suponer un gasto para la ciudadanía, los peajes permiten ahorrar al Estado mil millones de euros al año, sumando los importes por impuestos sobre las tarifas y los resultados de las concesionarias y lo que deja de gastar Fomento y las comunidades autónomas en las infraestructuras cedidas a la iniciativa privada.
Este mismo verano, Seopan ha vuelto a proponer al Gobierno llevar el sistema de peajes a las autovías y liberar así para otros fines el importe de las partidas destinadas a su mantenimiento. La Generalitat ha anunciado por su parte que enero del 2019 eliminará los peajes de las autopistas autonómicas, para en su lugar implantar una viñeta de uso ilimitado de entre 40 y 110 euros anuales.