La Xunta ve incoherente que los empresarios que recurren el plan de transporte se beneficien de él
GALICIA
Alega que los buses escolares no están blindados y que la Administración puede cambiar los contratos
16 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno gallego tiene clara la seguridad jurídica del procedimiento seguido para adjudicar los contratos del nuevo plan de transporte, pese a los recursos presentados por dos de las cuatro federaciones del sector de los autobuses ante el Tribunal de Recursos Contractuales y las iniciativas judiciales de distintas empresas que consideran que sus contratos del transporte escolar deben seguir vigentes. La Xunta ve en los recurrentes una «incongruencia», pues estos empresarios se presentaron al procedimiento y resultaron adjudicatarios.
En sus alegaciones al recurso ante el tribunal que depende del Ministerio de Hacienda, la Xunta defiende que el procedimiento para instaurar la primera fase del plan de transporte se sustenta en la defensa del interés general y de los usuarios, así como en la apuesta por dar «un mayor uso social a los recursos públicos que se destinan a financiar el transporte».
El Ejecutivo gallego recuerda que las empresas recurrentes renunciaron en agosto del 2016 en bloque a casi 600 líneas, lo que podía provocar que en agosto de este año «media Galicia» se quedara sin servicio. Aduce también que la UE ha cambiado las reglas del juego: ya no permite seguir prorrogando concesiones que llevaban décadas en las mismas manos y exigen licitarlas con procedimientos de igualdad y concurrencia. No obstante, atestiguan que el reglamento comunitario, en su artículo 5.5, permite la adjudicación directa «si existe riesgo de pérdida de servicio», como así fue después de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2016.
Tras las renuncias de las empresas se aprobó una ley para regular el procedimiento de adjudicación de las líneas que quedarían sin concesionario este mes de agosto. Se hace por adjudicación directa, «pero regulado en detalle para garantizar mayor transparencia y publicidad, y permitiendo la máxima concurrencia», como demuestra que más de setenta empresas presentaran oferta. Incluso se consultó con la Comisión Europea el procedimiento.
Respecto a los recursos contenciosos por la extinción de contratos en el transporte escolar, la Xunta niega que estén blindados hasta diciembre del 2020, como alega la patronal. La ley permite la revisión anual de los contratos y, por razones de interés público, está justificado jurídicamente volver a licitar el 10 % del transporte escolar.