Antonio del Moral: «Más que impunidad, con la corrupción hay retraso en la respuesta judicial»

El magistrado dice que la pena pierde eficacia cuando el acusado percibe que, «si se le pone, tardará seis o siete años en llegar»


REDACCIÓN / LA VOZ

¿Cuáles son las claves del derecho penal del siglo XXI?, ¿qué fuerzas están haciendo que se transforme? Son algunas de las preguntas sobre las que reflexionó el magistrado Antonio del Moral en la Escuela de Verano del Poder Judicial que se celebró en Mariñán (Bergondo). Del Moral, titular de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, adelanta una de esas claves: «El populismo punitivo, muy extendido en la sociedad occidental, deseosa de seguridad e imbuida de que el derecho penal es un instrumento para alcanzar esa seguridad».

-¿Y esa sociedad le reclama soluciones al derecho penal?

-Le reclama delincuencia cero, penas mas altas. Piensa que subiendo las penas bajan los delitos, cosa que no es verdad. Más cárcel no significa menos delitos.

-Una es el populismo punitivo. ¿Qué otras fuerzas transforman el derecho penal?

-Hay otra tendencia, que es el símbolo. Tiene que ver con las emociones, el sentimiento por encima de la razón. Y esto hace que el derecho penal se use mucho como símbolo. Otra es la internacionalización, la globalización, que hace que el derecho penal este condicionado por la legislación europea, que crea decisiones que obligan a los países a tipificar conductas o a imponer grados de pena. Y eso, a veces, causa distorsiones con el derecho penal nacional. Estamos en una época convulsa para el derecho penal.

-¿Cuáles son las preocupaciones actuales en el ámbito penal?

-Hay temas muy sensibles socialmente. Por supuesto, la corrupción, que más que impunidad, lo que presenta es demasiado retraso en la respuesta judicial. Es un problema más de proceso y de medios que de derecho penal. Y la corrupción es un ejemplo claro. No creo que se luche contra la corrupción aumentando las penas, sino acortando los plazos del proceso.

-¿Por ejemplo?

-Una pena de cuatro años que el acusado percibe que no es seguro que se le ponga, y que si se le pone tarda seis o siete años en llegar, es menos disuasoria que una de dos años que sabe que es difícil de evitar y que se cumple al año siguiente. El acento hay que ponerlo ahí. No se soluciona subiendo penas, se soluciona creando instrumentos que hagan inevitable la pena y acorten los plazos procesales aumentando la eficacia.

-¿Cómo se evita el retraso judicial en casos de corrupción?

-Una cosa que se ha hecho recientemente, y que me parece buena, es que cuando hay delitos de corrupción que se le atribuyen a una persona no se espere a tenerlos todos investigados para enjuiciarlos porque si no se produce el efecto cereza: un imputado, otro imputado, cien imputados, doscientos... No. Cuando haya un hecho probado, hay que enjuiciarlo. Es una reforma del 2015, sencilla para acortar esos plazos con procedimientos separados. Se juzga el hecho probado, y cuando llegue el momento vamos con los otros delitos.

-¿Qué otros delitos preocupan?

-Hay muchos delitos sexuales. ¿Y se soluciona con más penas? No creo, las penas ya son altas. Ahí el gobernante tiene que ver qué esta pasando, si se está lanzando a la sociedad un mensaje trivial de la sexualidad y hay que reenfocar la información de la sexualidad en los colegios, porque escandaliza el aumento de los delitos sexuales.

-¿Qué le parece la prisión permanente revisable?

-Con la prisión permanente no hay ningún problema si es revisable. Incluso hay penas más beneficiosas que algunas que teníamos más largas por el sistema de acumulaciones. Pero que la pena sea revisable.

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