Hacienda pide datos sobre su estancia a los usuarios de viviendas turísticas

Agentes tributarios visitan los pisos y preguntan por la duración del contrato y por el precio del alquiler


redacción / la voz

A los timbres de viviendas turísticas de distintos puntos de Galicia está llamando estos días personal de la Agencia Tributaria. Llega con un formulario de dos hojas que deben cubrir, en caso de que la puerta se abra, los clientes que estén haciendo uso del establecimiento elegido. Además de sus datos personales y de la dirección de la vivienda, los usuarios deben responder a una serie de preguntas encaminadas, como el propio documento indica, a «verificar el uso del citado inmueble en los meses de julio y agosto del 2017».

La primera pregunta que debe responder el cliente, tras facilitar el nombre del propietario de la vivienda, es si alquiló la integridad de la misma o una o varias habitaciones y por cuánto tiempo. En segundo lugar, el precio que ha pagado o va a pagar por ella. También se le pregunta si ha formalizado el contrato directamente con el propietario o a través de una agencia o por cualquier otro medio. Por último, debe responder si para la búsqueda del piso utilizó Internet o las redes sociales o si recurrió a una agencia de viajes, a una inmobiliaria, si localizó la oferta en un anuncio en los medios de comunicación o si directamente llegó a ella a través de la captación en la calle.

En caso de que la puerta de la vivienda no se abra y ningún ocupante pueda responder a las preguntas, el personal de Hacienda debe fijarse en otros detalles y cubrir la segunda hoja del formulario. En ella debe especificar si el aspecto externo de la vivienda acredita o no la presencia de usuarios en los días previos a la visita. Además, a juzgar por el contenido del impreso, en caso de que la vivienda no esté ocupada el profesional enviado por la Agencia Tributaria debe preguntar a los vecinos con el fin de que estos corroboren la ausencia o la presencia, según el caso, de usuarios durante los meses de julio y agosto.

La intención de estas inspecciones es comprobar que las viviendas turísticas se ajustan a lo que dice la ley. Un objetivo que la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), que desveló estos controles, dice compartir, pese a que su presidenta, Dulcinea Aguín, fue este viernes muy crítica con la fórmula empleada. Aguín reconoce que, como en cualquier actividad, en el sector de las viviendas de alquiler turístico hay personas que cumplen la ley y personas que no lo hacen, pero cree que las inspecciones deberían hacerse de otra manera. «Con quien tendrían que hablar es con los propietarios», dice.

En su opinión, la Agencia Tributaria no debería interrumpir la estancia de los turistas que se alojan en este tipo de establecimientos. «Nosotros intentamos que los clientes se vayan contentos. Damos cobertura a muchos turistas que vienen a Galicia y no queremos que se marchen con una sensación de malestar», explica Aguín. Ese malestar, asegura, se lo han transmitido ya algunos clientes, por eso creen que Hacienda debería evitar importunar a los usuarios con la visita de los agentes tributarios.

«Hace mucho tiempo que se está intentando dar una imagen mala del sector», se queja además la presidenta de Aviturga. «Estamos en el punto de mira del sector hotelero, pero nosotros solo intentamos que los clientes se vayan contentos y dejar de estar en el foco mediático como los malos de esta historia», concluye.

Más de 3.600 establecimientos se registraron desde que entró en vigor el decreto

El 10 de mayo entraba en vigor el decreto que regula las viviendas turísticas en Galicia. Una de las obligaciones que recoge este texto es el registro de este tipo de negocios, y desde la entrada en vigor de la normativa se registraron ya más de 3.600 viviendas turísticas en la comunidad, la mayor parte de ellas en Pontevedra y A Coruña, pero también en Lugo y Ourense. El decreto surgió fundamentalmente a raíz del bum de los nuevos modelos de turismo, sobre todo el basado en plataformas como Airbnb o Homeaway.

Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso reparos al texto aprobado por la Xunta y a que la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia presentó un recurso contra el mismo, el decreto está vigente.

Además de la obligación de registrar los negocios, la normativa gallega permite que los ayuntamientos limiten el número de viviendas turísticas en su territorio, una medida pensada para evitar casos de saturación como el de Barcelona. Además, la norma gallega prohíbe expresamente el alquiler por habitaciones -en ese caso el establecimiento debe establecerse como pensión y no como vivienda turística. Este es, precisamente, uno de los puntos que está revisando Hacienda en las inspecciones que está realizando. También presta atención al tiempo de alquiler: el decreto de la Xunta fija un período máximo de alojamiento de tres meses. Además, por supuesto, de unas determinadas condiciones de habitabilidad que debe cumplir el inmueble.

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