Cada día se denuncia en Galicia un caso de maltrato de padres a hijos

Según los expedientes judiciales, solo el 0,1% de los menores sufre agresiones en casa

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redacción / la voz

Cada año, en los juzgados gallegos se tramitan unos 400 casos de menores que sufren malos tratos por parte de sus progenitores. Los 371 expedientes del 2014 aumentaron ligeramente, un 6 %, hasta llegar a los 394 el año pasado.

Según la memoria de la Fiscalía gallega del 2016 -sobre datos del 2015- el reparto provincial de los procedimientos incoados es bastante desigual en la comunidad, con Pontevedra a la cabeza: 203 en esta provincia, 72 en la de Ourense y 39 en Lugo; en A Coruña hay una desproporción entre población y expedientes judiciales, ya que solo hay seis más que en Ourense, es decir, 78. Esto supone que la mitad de todo lo tratado en los juzgados gallegos sobre maltrato parental a menores se ha hecho en Pontevedra.

Las cifras que se barajan desde la Fiscalía gallega son realmente bajas. Si en la comunidad hay casi 400.000 menores de edad, esas 400 denuncias son el 0,1 %. Y aunque la violencia física y psíquica en el hogar no es mayoritaria en la actualidad, los expertos aseguran que está muy lejos de ese porcentaje residual. Según Rosa Sánchez Dans, abogada y mediadora familiar, «apenas hay niños que denuncian maltrato por parte de sus padres, aunque solo sea físico. Si también es psicológico ya es mucho más difícil que sean conscientes y lo denuncien». En parte se debe a que «estamos educados en una sociedad en la que un cachete es algo no malo, sino incluso bueno. Te pegan porque te quieren. Personalmente, no creo que sea cierto. Pegar a un hijo, aunque solo sea un cachete, es un error; claro que tampoco debiera ser un delito si es algo muy puntual».

Pero a los menores gallegos los malos tratos en el ámbito doméstico no les llegan solo de sus padres. También abuelos y tíos pueden ser causantes de lesiones repetidas, y de hecho en el 2015 se abrieron 126 casos en Galicia, nuevamente con Pontevedra a la cabeza (73), seguida de A Coruña (24), Lugo (10) y Ourense (19). Estos casos, dice Sánchez Dans, «son muchísimos menos, y se dan cuando el menor vive con esas personas o cuando va a pasar una temporada, un fin de semana o unas vacaciones, a su casa».

Según el informe del Teléfono del Menor ANAR, en los dos últimos años (2015 y 2016) ha aumentado de forma espectacular las llamadas de los jóvenes alertando de episodios de maltrato físico o psíquico en el entorno familiar (no necesariamente de los padres en este caso, aunque sí de forma mayoritaria). Rosa Sánchez cree que «la mayoría de los padres que educan mal, que pegan a sus hijos para corregirlos, lo hacen porque no saben hacerlo mejor».

La terapia, una opción

La abogada coruñesa coincide con la Fundación ANAR que este tipo de situaciones no se resuelve en el juzgado. Sí es necesaria la intervención de la Administración en casos graves, pero en otras ocasiones la medida mejor sería acudir a terapia (padres e hijos) o recibir ayuda para afrontar la educación de los menores con otras herramientas que no sea la violencia. «Frente a la situación actual, de judicialización, parece mejor optar en determinados supuestos por la terapia psicológica o la mediación de profesionales: otras soluciones que impliquen cambio, mejora en la relación, que no sea aplicar el Código Penal, que solo debe intervenir cuando no exista ninguna otra medida eficaz menos lesiva que la pena».

Entiende Dans que «la idea de la Consellería de Educación de generalizar la mediación en los colegios es muy positiva. Debemos aprender a comunicarnos, empatizar, escuchar, gestionar las emociones, negociar... es muy importante para nuestros niños, que serán los adultos de mañana».

«Mi padre me pega con el cable del móvil»

s. c.
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Cada día 1.200 menores llaman al teléfono de ANAR. Casi 200 lo hacen para denunciar malos tratos

Llaman a los trece años. Hasta entonces ni siquiera saben que su educación es rara. Creen que los insultos, los gritos, que se tire del pelo, se den patadas, duchas de agua helada o golpes con cinturones, palos y cables del móvil son los castigos habituales cuando un niño se porta mal. Vienen de su padre, de su madre, quienes los cuidan y quieren, su entorno de protección. Solo con los años ven cómo se resuelven los problemas en otros hogares o escuchan que los castigos de sus amigos son quedarse sin móvil o sin salir, y entonces entienden que ellos viven una realidad diferente.

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Cataluña quiere eliminar el castigo físico y en Texas se acepta en las escuelas

Solo en 44 países del mundo se veta expresamente el castigo corporal a menores, incluso de sus padres, entre ellos España, aunque la ley acepta una corrección proporcional ante una situación puntual. Eliminar del ordenamiento este gesto discrecional no parece del todo sencillo: Francia se negó a hacerlo en el 2015 y en Cataluña, a pesar de que el Síndic (Valedor) recomendaba quitarlo de su Código Civil, por el momento no se ha conseguido; hasta el papa Francisco defiende un cachete de un padre «aunque nunca en la cara».

En el otro extremo se encuentra el estado de Texas (EE. UU.), donde tres escuelas establecieron para el próximo curso un golpe con una pala de madera a los niños que se porten mal. En este caso, los padres deben decidir al matricular a sus hijos si pueden recibir ese castigo o no

Proceso protocolizado

En algunos países la denuncia de un menor sobre posibles malos tratos -aunque sea una bofetada- sigue un protocolo muy completo, que permite adelantarse a las diferentes situaciones. En Sudamérica hay una administración muy garantista con el menor y exige que los profesionales que lo traten tengan experiencia en estos casos, para evitar duplicidades y ser más eficaz en la detección.

La violencia de los niños hacia sus progenitores casi se duplicó en Galicia en los últimos dos años

La otra cara de la moneda de la violencia familiar es la que ocurre de abajo a arriba: cuando los hijos pegan a los padres. Los datos de que se disponen indican que entre el 2014 y el 2015 las denuncias aumentaron casi un 90 %, de los 160 casos del 14 a los 298 del ejercicio siguiente. Todavía no se publicaron las cifras del 2016 en este capítulo. Por provincias, hay un mayor equilibrio que en el caso contrario: 132 expedientes judiciales en A Coruña, 31 en Lugo, 21 en Ourense (una cifra porcentualmente baja) y 114 en Pontevedra.

La Fundación ANAR dispone de un teléfono para los adultos (600 50 51 52) y ha detectado un aumento. En el 2012 el 10 % de las llamadas eran para denunciar agresiones de los hijos, pero ahora suponen el 15 % de los avisos recibidos. «Los padres llaman desesperados -dicen desde ANAR- porque sus hijos no son capaces de cumplir las leyes y normas de la sociedad. Tienden a ser impulsivos y a no pensar en las consecuencias de sus actos». En Galicia, en el 2015 se incoaron casi 500 procedimientos judiciales por lesiones de menores (de 14 a 18 años), de los que 295 fueron en la provincia de A Coruña. Las lesiones, no en el ámbito familiar sino fuera de casa, son el delito que más cometen los jóvenes. Le siguen los hurtos (259) y los delitos leves contra el patrimonio (254). Merecen una mención aparte los 62 casos de abuso sexual (44) y agresión sexual, que incluye las violaciones (18).

Rosa Sánchez cree que «los niños que acaban metidos en problemas muchas veces son niños mal educados, en el sentido de que no recibieron una buena educación. Son incapaces de afrontar cualquier frustración y no tienen objetivos ni límites, no asumen ninguna responsabilidad ¡Pero si muchos ni siquiera saben qué pedir a los reyes, porque lo tienen todo!».

Conductas de riesgo

A esto se suman las conductas de riesgo: «Muchos jóvenes beben de una manera compulsiva, salen para emborracharse rápidamente. Lo que no entiendo es qué hace un niño o niña de 12, 13 o 15 años en la calle a las seis de la mañana», recalca la abogada.

Las medidas penales que se decretan parecen insuficientes, o al menos ineficaces: «Los trabajos en favor de la comunidad para los menores pueden no resolver el problema. Es posible que el joven no se responsabilice de lo que ha hecho, ni repare el daño causado, que sea solo un trámite».

La ventaja que hay es que «en los casos de menores de 14 a 17 años [antes no tienen responsabilidad penal] los jueces tienen mucha manga ancha, porque el fin de la pena es fundamentalmente reeducar y pueden imponer medidas de distinto tipo atendiendo a las circunstancias del caso y del propio joven».

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