La Xunta retiró la renta de integración a 196 gallegos por incumplir requisitos

Casi la mitad de los perceptores de la risga viven en la provincia de Pontevedra

Imagen de archivo de una protesta en Vigo
Imagen de archivo de una protesta en Vigo

santiago / la voz

A J. T. le quitaron la paga. Eran 399 euros al mes que percibía por la renta de integración social de Galicia, conocida como la risga, y que ya no volverán a entrar en su cuenta, supuestamente por una urgencia para ir al baño. Así lo resume esta joven de 29 años que vive en Nigrán y que es uno de los últimos casos a los que la Xunta ha dejado de hacer el abono mensual por incumplir las condiciones de percepción.

Por descontado, este caso concreto es bastante más complejo que una mala pasada fisiológica que le impidió llegar a tiempo a una entrevista de trabajo. Solo fue la guinda que llevó a la asistente social municipal a emitir un informe desfavorable. También había un presunto «desinterés» por encontrar empleo y otras valoraciones objetivas que recomendaron la suspensión.

Fue una de los últimas incidencias con notoriedad pública, pero hay muchas más. La Consellería de Política Social admite hasta 196 casos en los que ha tenido que retirar la paga al beneficiario por no cumplir los requisitos fijados en esta figura creada en 1991 y actualizada por ley en el 2013 para este tipo de prestaciones. Los afectados tienen oportunidad de alegar, pero pocas veces sacan algo en limpio, porque las condiciones, sin ser más severas, se controlan mucho más, y cuando se toma la decisión es porque se aprecian motivos de peso. Habiendo tantas personas con necesidades, la Administración autonómica no puede permitirse dilatar nuevas concesiones mientras otros no cumplen los requisitos para una renta temporal cuyo objetivo es el de «acadar progresivamente a autonomía», como recuerdan desde Política Social. No es una pensión vitalicia. Es un parche que debe acompañarse de «estímulos» y apoyo en la búsqueda de empleo.

Pero no todas las extinciones son drásticas. La Xunta tiene registradas un total de 2.067 bajas, por lo que solo un 10 % se retiran por incumplimientos de las normas. El resto se puede interpretar que han encontrado alguna salida económica incompatible con la ayuda. Y para ello influye también cualquier modificación de los recursos económicos o el alta en un empleo, que deberá ser notificada en el plazo de cinco días; o la variación del número de personas que dependen de esa prestación.

Con todo, en el caso de exista una suspensión de la risga, la Administración tiene en cuenta si se deben adoptar medidas para evitar la desprotección de menores o dependientes que formen parte de la familia. Y si no existe incumplimiento, se valora la posibilidad de que algún miembro pueda reunir los requisitos para ser beneficiario del derecho.

Según los datos de Política Social, casi el 60 % de las personas que perciben la risga son mujeres, y el grupo mayoritario por edad es el de entre 35 y 44 años.

Cinco millones más cada año

La Xunta destina a esta partida unos 60 millones de euros anuales. En los presupuestos de este año entraron 5 millones más para atender a un total de 11.166 personas -331 más que el año pasado-, cifra que también se insufló en las cuentas del 2016. Lo más sorprendente es que de esas 331 nuevas rentas 259 fueron a parar a la provincia de Pontevedra, que se ha disparado definitivamente como el entorno geográfico con más personas que reúnen los requisitos para la recepción. Acaparan 5.137, casi la mitad de las que se gestionan en toda Galicia. En A Coruña, con más población, la perciben 3.145, mientras que Ourense y Lugo se mantienen sobre las 1.400 ayudas, con pocas incorporaciones los últimos meses.

¿Quiere decir que hay más personas con dificultades económicas extremas en el sur que en otras zonas? Es posible -la crisis afectó más al sur de Galicia-, aunque es posible que exista un trabajo social a pie de campo más efectivo por parte de determinados ayuntamientos. Porque esa es una de las características de la ayuda, y es que necesita tres actores implicados: el vecino que la pide, el Concello que la tramita y la Xunta que la paga.

En uno de los últimos casos abordados por la Xunta, el detonante para suspender la concesión de la risga fue un vehículo. Los servicios sociales detectaron que la perceptora tenía un coche diferente, de segunda mano, que despertó el recelo administrativo. Una propiedad de estas características puede ser esencial para la obtención de un puesto de trabajo, pero Política Social también pone sus límites a las propiedades compatibles con la risga: el valor del coche no puede ser superior al importe anual del indicador público de la renta de efectos múltiples, el iprem, que se mantiene en los 7.455 euros. En este caso, el valor del bien material no fue determinante, sino que esa persona recibió un ingreso de un familiar para la compra. ¿Un argumento definitivo en un caso de emergencia social? A los servicios sociales les pareció que había que ponerle el freno.

Para recibir la risga

Tener residencia legal y fija, al menos 6 meses antes de la petición; más de 25 años; no disponer de ingresos ni de patrimonio; y que no existan personas obligadas legalmente a prestar alimentos de acuerdo con la legislación civil.

Otros factores añadidos

Situación familiar de cargas no compartidas; mujeres víctimas de violencia machista; discapacidad superior al 33 %; ser inmigrante o emigrante retornado; pena de prisión reciente; vivir en una infravivienda; o ser de una minoría étnica.

Bajo la lupa de la valedora do pobo, que investiga si hay retrasos en los cobros

La prestación de la risga está desde hace un mes bajo la lupa de la valedora do pobo, que ha iniciado una investigación de oficio para conocer los detalles de la tramitación de la ayuda. Milagros Otero abrió el expediente tras las quejas de los técnicos de los servicios sociales de ayuntamientos de O Salnés, que detectaron esta primavera que algunas personas a las que se les había concedido la ayuda tardaron hasta tres meses en recibir el primer pago.

La oficina del Valedor se ha dirigido a la Consellería de Política Social para conocer los tiempos medios de tramitación, así como las medidas para reducir las esperas. El tema es «serio», para la institución, por cuanto la renta se ha convertido en el último clavo ardiendo al que se aferran las familias que ya han agotado todos los recursos, y aunque ahora habla de «posible ralentización», en el informe del 2015 ya se hacía constar que los retrasos en el cobro rondaban el medio año, una espera que choca con la idea de emergencia social. Otero también reconoció al anunciar la investigación que las quejas recibidas en el 2016 por retrasos habían descendido y amplió el punto de mira más allá de la Xunta -la pagadora- e incluye también en el tirón de orejas a los ayuntamientos, que son determinantes en los ritmos de emisión de informes.

El objetivo ideal es que los trámites y el pago se ajusten cuanto antes a los límites que fija la Ley de Inclusión Social, que habla de un tiempo máximo de dos meses. De todas formas, el problema no está centrado tanto en la lentitud de la gestión como en los exhaustivos requisitos que marca la Administración y que dejan fuera a los perceptores de pensiones, a inmigrantes sin papeles o a los que conviven en el domicilio familiar con sus progenitores.

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