Los servicios sociales peligran en Ourense

El gobierno local tiene que lograr que la oposición apoye una modificación de crédito para pagarlos


ourense / la voz

Muchos vecinos viven estos días con inquietud el devenir de la confrontación política en el Concello de Ourense por temor a que el desencuentro entre los partidos políticos acabe repercutiéndoles de forma directa. La inquietud viene dada por el anuncio del gobierno local de que la caja de Benestar Social está vacía y que no podrán prestarse los servicios si la oposición no secunda una modificación de crédito para reponer 1,6 millones de euros que se llevará a pleno el jueves. Ese es el dinero que, en principio, se necesitaría para funcionar hasta fin de año.

Entre los servicios que se verían bloqueados si no se autoriza la partida está la ayuda a domicilio para dependientes, que atiende a medio millar de personas con un coste anual que ronda los dos millones. Ellos no serían los únicos en preocuparse por el cese de esa atención, ya que hay 230 trabajadores que se dedican a esta tarea. También peligra el comedor sobre ruedas, que entrega a domicilio los menús a 95 usuarios y cuyo coste anual es de 60.000 euros. Cifra similar es la que se gasta en cada ejercicio para la teleasistencia, un servicio que a finales del mes de mayo se adjudicó a Cruz Roja.

Esa entidad asistencial tendría dificultades además para seguir con la atención en el Hogar del Transeúnte, que estaría abocado al cierre. La misma suerte correría el Centro de Día, en el que se atiende a 30 usuarios con una partida de 90.000 euros al año; y la red de seis centros cívicos, por los que en 2016 pasaron 13.500 personas, con un gasto de 135.000 euros.

Las becas para libros y las ayudas a comedores escolares, que repartieron 243.000 euros en la pasada convocatoria entre 685 menores, tampoco podrían darse. 

Hay dinero en la caja pero no se puede gastar

Quizá sea difícil de entender para el ciudadano de a pie que habiendo en las arcas municipales 56 millones de euros no se puedan gastar 1,6. La explicación está en los presupuestos que los ayuntamientos tienen que hacer para calcular los ingresos que van a recibir y el dinero que necesitan gastar. En esos presupuestos cada concepto de gasto tiene un dinero consignado. Pero a lo largo del año pueden aparecer circunstancias que rebajen o incrementen finalmente ese coste. Hay muchos supuestos en los que eso puede ocurrir; desde que se adjudique un servicio o una obra por un precio menor al previsto a, por el contario, que no se reciban las subvenciones previstas y haya que afrontar un gasto mayor, o que se presenten problemas que encarezcan una obra. Cuando al final de año sobra dinero, pasa al remanente de tesorería y en futuros presupuestos se puede utilizar para destinarlo a otras partidas. Si falta, la forma de echar mano del dinero que haya quedado en ese remanente anterior es la una fórmula administrativa de modificación de crédito. Pero solo puede hacerse si se aprueba en pleno. En el caso de Ourense, el grupo de gobierno, del PP, está en minoría. Sus votos no son suficientes y por tanto necesita que otras formaciones apoyen el trámite.

La falta de capacidad para llegar a compromisos de consenso entre las distintas fuerzas políticas del Concello de Ourense no solo amenaza la estabilidad de la prestación de servicios sociales. El desencuentro entre los políticos ourensanos -al menos el que trasciende a los medios de comunicación a través de comunicados y ruedas de prensa- es palmario y puede suponer, por ejemplo, que el IBI que paguen los ciudadanos el próximo año se mantenga en los mismos parámetros que el que apoquinaron en este. Todos están de acuerdo en que la rebaja es necesaria, pero si no consiguen acordar hasta dónde y cómo en octubre ya no habrá posibilidad de aplicarla en 2018.

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