El TSXG aclara que no aplica criterios económicos cuando sustituye a jueces
GALICIA
Dice que solo atiende al derecho de los ciudadanos «a la tutela judicial efectiva»
21 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La suspensión de juicios en Galicia al haberse agotado en junio los fondos de todo el año para pagar las sustituciones de jueces está provocando reacciones encontradas entre el Tribunal Superior de Xustiza, que gestiona el llamamiento de los sustitutos en Galicia, y el Ministerio de Justicia, que es el que distribuye a principios de año el dinero entre los tribunales superiores de toda España para sustituciones de jueces y magistrados. El ministerio advierte de que corresponde a los presidentes de cada tribunal la gestión de esos fondos durante todo el año, y recuerda además que, mientras en Galicia ya se ha agotado la partida para sustituciones, «muchos tribunales superiores no han agotado la cantidad atribuida, siendo previsible que no la agoten hasta finalizar el año».
Desde Galicia, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, ya dejó claro que su nivel de responsabilidad en el agotamiento del presupuesto para sustituciones es mínimo: «Los jueces no hacemos los presupuestos relativos a los llamamientos de jueces sustitutos. Tampoco los controlamos». En esa misma tesis abunda la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza, el órgano de dirección interna de los juzgados y tribunales gallegos. Reunida ayer especialmente para abordar este problema, la citada sala recuerda que el llamamiento de jueces sustitutos solo se hace cuando es necesario: «No obedece a criterios de oportunidad económica, sino que es la respuesta a las necesidades derivadas de un derecho fundamental, cual es la tutela judicial efectiva».
La sala de gobierno del TSXG apunta que, «aunque sea evidente», ve necesario recordar que ninguno de los órganos de gobierno del alto tribunal gallego «puede prever durante el año judicial cuántos llamamientos de jueces sustitutos serán necesarios, por ser también imprevisibles los supuestos en que los jueces titulares en razón de enfermedades u otras circunstancias no podrán asistir a los juicios señalados». También insiste la sala en que los presupuestos para jueces sustitutos «no se elaboran por este Tribunal Superior, que tampoco puede impedir que se destinen a finalidades distintas de la retribución de dichos llamamientos».
La Xunta aporta un millón de euros anuales para dotar de personal auxiliar a los juzgados
Recordaba el presidente del Tribuna Superior de Xustiza de Galicia que la legislación indica que el Ministerio de Justicia y las comunidades autonómicas son los organismos encargados de dotar a los órganos judiciales de los medios necesarios para trabajar «con independencia y eficacia». El ministerio se encarga de la partida necesaria para pagar a los jueces y magistrados de España. Pero en Galicia la Xunta tiene también una parte muy activa en el mantenimiento de la estructura judicial.
La Administración de Xustiza de Galicia sostiene al personal de apoyo a los jueces de refuerzo que acuerda el Consejo General del Poder Judicial. Esos refuerzos tienen un coste para la Xunta de más un millón de euros anuales. Actualmente, hay más de 80 funcionarios nombrados personal auxiliar en los juzgados, y más de 60 destinados a prolongaciones de jornada de funcionarios de carrera.
Un presupuesto que nunca ha sido suficiente para completar el año
«A día de hoy, muchos tribunales superiores no han agotado la cantidad atribuida [para jueces sustitutos], lo que no ocurre en Galicia». Es la advertencia del Ministerio de Justicia ante la falta de fondos para cubrir bajas de jueces titulares, pero la realidad es que los fondos destinados a Galicia para esas contingencias no son suficientes. No lo son ahora ni lo eran antes, ya que todos los años el alto tribunal gallego echaba mano del crédito del año siguiente para cubrir los gastos del ejercicio en curso. Este año, el ministerio advirtió que no permitiría esa práctica, que además está prohibida expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, abrir la mano con esa operación parece ahora mismo la única solución para evitar suspensiones de juicios.