La Xunta revisa la norma que regula las obras y los chiringuitos en la costa
GALICIA
Distinguirá las playas naturales y las urbanas y permitirá reformar sin pedir licencia
16 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta va a darle una mano de pintura al decreto que regula las competencias autonómicas en las zonas de servidumbre de protección pública de la costa. La norma va a sustituir a la del 2005, sobre la que se fueron superponiendo otros decretos y leyes relativos a las zonas marítimo-terrestres que ahora va a tener en cuenta un texto que se dará a conocer al detalle en los próximos días y que podrá recibir alegaciones.
El decreto tendrá implicaciones para todos los que tengan una propiedad al borde del mar, en las llamadas áreas de servidumbre, pero de forma transitiva afecta a cualquier vecino al que le guste disfrutar de los chiringuitos de playa, de una actividad deportiva o de un concierto al borde del mar. En el documento vigente se establece una distancia mínima entre locales de hostelería de 200 metros si son de estructura fija, y de 100 si son desmontables. En esta cuestión es previsible un cambio en el régimen de protección, que diferenciará si la playa está ubicada en un tramo natural de costa o si está urbanizado, aunque prevalecerá siempre la normativa estatal básica. Además, se establece la temporada de verano entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, aunque las autorizaciones de instalación tendrán que tramitarse en el primer trimestre natural del año y estarán sujetas a criterios de prioridad en la presentación y de utilidad pública.
Otra de las novedades es que van a quedar recogidos los usos y autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o deportivas, que en muchas localidades se ubican en zonas afectadas por la protección pública y a las que la actual norma no hacía mención.
Pero los cambios más notables no están tan relacionados con el uso del territorio para el ocio durante los meses de verano como con una nueva relación de confianza entre la Administración y los dueños de propiedades. A partir de su aprobación, aquellos que tengan una vivienda en zonas de servidumbre -que varían entre 20 y 100 metros según las circunstancias urbanísticas- no tendrán que pedir licencia para abordar determinadas obras de reparación, mejora, modernización o consolidación en edificios existentes. Pintar la fachada, cambiar las ventanas o retejar no requerirá un engorroso trámite porque se introduce la regulación de la figura de la «declaración responsable», que viene recogida en la Ley de Costas de 1988. Eso sí, cualquier intervención que opte por esta vía no podrá suponer la alteración de volúmenes y alturas.
El decreto establece, por ejemplo, el tratamiento que deberán llevar los desmontes y terraplenes que estén justificados, y prohíbe cualquier actuación que suponga una merma significativa de las masas forestales. Impide además a los campamentos de turismo poner instalaciones fijas y describe las características de los cerramientos, con la limitación de un metro de altura si son opacos, cuestiones que previsiblemente no van a cambiar.
El presidente Feijoo, que esta semana hizo un avance del documento en el que está trabajando la Consellería de Medio Ambiente, advirtió que se trata de una revisión «imprescindible» para proteger los 1.500 kilómetros del litoral gallego, con actualizaciones inevitables por el avance de otras normativas «e acorde as necesidades detectadas na última década».
El decreto entrará de inmediato en período de alegaciones «e despois veremos o que vai ao Diario Oficial de Galicia e queda incluído no ordenamento xurídico», destacó Feijoo tras autorizar la tramitación.
Uno de los últimos decretos de Fraga para frenar el riesgo de «marbellización»
La primera vez que la Xunta reguló las competencias autonómicas en las zonas de servidumbre costeras fue en el verano del 2004, pero el intento salió medio rana y tuvo que ser derogado y sustituido por otro al año siguiente en el que se aclaraban algunos aspectos que generaron incertidumbre. Se aprobó el 2 de junio del 2005, tan solo 17 días antes de que Manuel Fraga perdiese las elecciones en favor del bipartito. Enrique López Veiga estaba frente de la Consellería de Pesca, que fue la que se encargó entonces de la tramitación.
La mayor preocupación del Gobierno era tratar de contener la presión sobre la costa que se había desatado con la burbuja inmobiliaria, en plena efervescencia. Entonces, en el debate político y en la calle estaba de moda hablar en Galicia de «marbellización», tomando como ejemplo negativo el controvertido modelo urbanístico de la Costa del Sol.
A la hora de la verdad, la crisis hizo un trabajo mucho más tenaz que la norma y las grúas desaparecieron de la costa y del interior. El decreto, todavía en vigor, sirvió sin embargo para arreglar desaguisados anteriores y legalizó zonas de costa con viviendas y negocios que vivían con la amenaza de la ley encima. Los mayores problemas se concentraban entonces en las Rías Baixas, con A Illa de Arousa o Marín como puntos más calientes.
Un torrente de textos legales que ahora tendrán mayor coherencia
El objetivo fundamental de esta disposición reguladora es «clarificar e unificar» el régimen de aplicación en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, adecuando el marco normativo autonómico; los usos de esas zonas; y los detalles pormenorizados para las autorizaciones, así como la presentación de la declaración responsable en función de la actuación que se vaya a desarrollar.
La complicación reside en la proliferación de normas que desde el 2005 también afectan a la costa y que van a estar presentes en la aplicación posterior del decreto. Son, entre otros textos, el Plan de Ordenación del Litoral del 2011; la Lei de protección e uso sustentable do litoral, del 2013; la modificación de la Ley de Costas, de 1988; un Real Decreto del 2014 por el que se aprobaba el Regulamento Xeral de Costas; y en el ámbito de la legislación procedimental, la Lei do Procedemento administrativo común das administraciones públicas, del 2015, además del régimen jurídico aplicable en suelo rústico de protección de costas, incluido en otra Lei del 2016.
Dos formularios dinamizarán el trámite electrónico y evitarán esperas de «meses»
La era digital entra de lleno en la tramitación de gestiones relativas también a las obras en zonas de costa. La Xunta incorporará dos formularios a sus servicios por Internet, tanto de la autorización autonómica como de la declaración responsable, además de regular los mecanismos para la comprobación de datos, los trámites administrativos posteriores a la solicitud y las notificaciones electrónicas. Con este canal se pretenden evitar esperas de «meses», como reconoció esta semana el jefe del Ejecutivo autonómico tras la reunión semanal de su Gobierno en la que se dio cuenta del inicio de los trámites del decreto.
El documento, al igual que el que va a sustituir, contiene seis capítulos en los que se incluyen las disposiciones generales; la regulación de usos y actuaciones que se pueden realizar; los procedimientos de las autorizaciones; la tramitación administrativa; y las sanciones, que hasta ahora permitían al Consello da Xunta imponer multas de más de medio millón de euros.
