Santiago / La Voz

La Xunta y los sindicatos UGT y CC. OO. han alcanzado un acuerdo en la negociación de las condiciones de empleo del plan de transporte y las garantías de estabilidad en caso de subrogación. La CIG no se ha sumado argumentando dos flecos sobre los acompañantes y los modelos de contratación que, en realidad, son un comodín para observar la evolución de la otra parte del rompecabezas, que protagonizan las propias centrales y los empresarios, pendientes de desbloquear los convenios colectivos de las cuatro provincias. Por ello, y esto es lo sustancial para miles de afectados, hoy seguirá la huelga.

El conflicto no está ni mucho menos resuelto. Era complejo y lo sigue siendo, porque las detalladas negociaciones que han fructificado entre los representantes de los trabajadores y la conselleira Ethel Vázquez y su equipo reflejan un acuerdo parcial y un esfuerzo por alcanzar «o máximo legal», como reconocieron ambas partes al filo de las once de la noche, tras cinco horas de trabajo.

Pero el problema sigue, porque hay otra parte, la patronal, con la que queda mucha tela que cortar. Tragar con un plan de la Xunta que solo incluye condiciones positivas propuestas por los trabajadores, y encima subirles los sueldos a estos, no parece una salida muy digna en una negociación a tres bandas, cuestión clave para la resolución de este tipo de entuertos. De ahí que los propios sindicatos tengan sus recelos sobre lo que pueda pasar en la reunión de esta tarde. Y, en todo caso, parecería lógico que esos avances con la patronal estuvieran refrendados por un acercamiento con la Administración, con la que se han mostrado durísimos a finales de la semana pasada. Ayer el tono de su comunicado fue igual de contundente, pero más constructivo, ya que en vez de pedir la cabeza de Vázquez le sugirieron «unha actitude positiva» ante un problema de efectos impredecibles para la economía gallega.

La conselleira ha ganado fuelle con el acuerdo para comparecer hoy en el Parlamento La posibilidad de alcanzar una solución a lo largo del día de hoy pasa por distintos puntos calientes. El primero estará en las estaciones y las paradas, donde no aparecerán los vehículos desde las seis de la mañana, pero estarán abiertos dos nuevos frentes: por un lado, la conselleira tendrá que acudir al Parlamento para explicar el plan de transporte, y previsiblemente se encontrará a una oposición que no le va a dar tregua política, aunque el acuerdo de anoche le da cierto fuelle, y además ha conseguido desactivar la protesta que estaba prevista en los alrededores de O Hórreo durante su intervención, que se producirá sobre la una de la tarde.

La clave pasa ahora por la reunión que mantendrán los trabajadores y la patronal, que vuelven a sentarse juntos tras aplazar un encuentro el viernes. Llegados a este punto, la actitud de las empresas y su atención a las demandas laborales serán determinantes para que los sindicatos también puedan transmitir a las bases la percepción de que la baza de la huelga ha valido la pena. Hoy se repiten las asambleas en las estaciones y en las mismas se pondrá el termómetro a los ánimos del personal, pero por si acaso también se darán indicaciones para iniciar la huelga indefinida a partir del jueves.

El problema para las empresas es que su capacidad de influencia se agota. «Vamos justísimos de tiempo», advertían ayer desde la Xunta, que tiene que publicar en cuestión de horas los contratos y a continuación invitar a las empresas que quieran aspirar a los mismos. De otra forma, las 41 líneas en juego no tendrán servicio el 8 de agosto.

PPdeG y PSdeG coinciden en su preocupación por los efectos en el sector turístico

La preocupación por la huelga de transporte que sigue hoy y que puede convertirse el jueves en indefinida empieza a irradiarse a otros sectores ajenos a la movilidad por carretera pero relativamente dependientes. En el caso del turismo, el nerviosismo de los operadores locales receptores y de los emisores con destino a Galicia se aprecia desde finales de la semana pasada, cuando empezaron a recibir llamadas relativas a las reservas y a la posibilidad de aplazar o suspender excursiones desde otras comunidades o Portugal.

Esta situación ha merecido la reflexión del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha reclamado «responsabilidade» a todas las partes para desbloquear el conflicto, dando por sentado que la Administración está haciendo todo lo posible por facilitar la negociación «con toda a vontade». El número 2 del Ejecutivo gallego, convencido de los amplios perjuicios que está generando en la sociedad, insistió en la necesidad de que los trabajadores faciliten los servicios mínimos, algo que a su juicio no está sucediendo, aunque también pidió colaboración a los empresarios, ya que las negociaciones con la parte sindical han avanzado mucho más.

El portavoz socialista en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, también alertó antes de conocerse el acuerdo parcial con los sindicatos de que el conflicto pasa por el diálogo, «pero tamén por que haxa máis cartos». El líder del PSdeG entiende que no se trata de un conflicto que gire exclusivamente en torno al dinero, pero cree que la Xunta está desaprovechando la oportunidad de utilizar los 229 millones adicionales que aportará este año el Estado a Galicia. Leiceaga advirtió que su grupo dedicaría al menos cinco millones a engordar los contratos.

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Xunta y sindicatos cierran acuerdos, pero hoy sigue la huelga de transporte