El BNG denuncia en Bruselas a España por «deixar morrer» a las víctimas del Alvia
GALICIA
Piden que le abra un procedimiento sancionador por violar la normativa de seguridad y control de riesgos
07 jul 2017 . Actualizado a las 19:33 h.«Deixouse morrer ás vítimas por non cumprir coa normativa europea. De facelo, non se habería producido o accidente». Es la acusación que lanzó esta mañana en Bruselas la portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, antes de acudir a la sede de la Comisión Europea a exigir la apertura de un nuevo procedimiento sancionador contra el Estado español por vulnerar la normativa de la UE sobre la evaluación y control integral de riesgos en la línea Ourense-Santiago: «Era obrigatorio avaliar os riscos tras cambios no material rodante, na liña, no sistema de enerxía, na sinalización e no tráfico, pero non se fixo», sostuvo. La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) también apunta en la misma dirección. En el informe que publicó hace exactamente un año admite que toda la gestión del riesgo se acabó trasladando por entero al maquinista, única y última barrera de control para evitar el accidente que finalmente se produjo aquel fatídico 24 de julio del 2013 en la curva de A Grandeira dejando tras de sí 81 muertos y más de 140 heridos.
Al igual que la Plataforma de Víctimas del Alvia, el BNG se muestra contundente a la hora de señalar a los responsables. Apuntan directamente al Ministerio de Fomento, tanto en la época del ex ministro José Blanco, como en la de Ana Pastor y el actual responsable, Íñigo de la Serna. «Tiñan que garantir que Renfe e Adif esixiran o cumprimento da seguridade ferroviaria e non se fixo avaliación nin control efectivo dos riscos», aseguró Miranda, quien advierte de que esta misma situación de podría estar repitiendo en otras líneas del Estado español: «Podería ser, o que pasa é que non se produciron accidentes».
¿Por qué no se hizo esa evaluación de riesgos? Desde que arrancaron las primeras investigaciones, las víctimas siempre han defendido que fueron las prisas por inaugurar la línea las que forzaron a los responsables de seguridad a mirar hacia otro lado, una teoría que también defiende el BNG: «O Alvia tiña que funcionar porque Galicia tiña que contar coa alta velocidade porque había eleccións», aseguró Miranda.
Ahora será la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quien decida en los próximos seis meses si abre un nuevo expediente sancionador a España. La eslovena ya lo hizo el año pasado al constatar que Fomento no podía garantizar la independencia de la CIAF. Poco después, la ERA le sacaba los colores al Gobierno español al asegurar en un informe demoledor que la investigación del accidente de Angrois no había sido independiente. Ha pasado un año y la CIAF se niega a reabrir el caso a pesar de que la propia Bulc le pidió la semana pasada por carta que repita la investigación. «A pesar de las mejoras en seguridad, algunos acontecimientos que siguieron al accidente nos preocupan. Tenemos dudas sobre la independencia de la investigación (...). Debería reabrirse. Estamos listos para asistir con nuestra ayuda», aseguran fuentes de la Comisión, donde no han recibido por el momento ninguna respuesta.
Por el momento nadie da por cerrada ninguna vía. Las víctimas llevan cuatro años de lucha en solitario, pero todavía conservan la esperanza de que el juez del caso llame a declarar a los expertos de la ERA, quienes reiteran su voluntad de aportar luz a la instrucción: «Podería dar unha volta ó caso», valora Miranda.