La crisis económica de los últimos años ha obligado a las Administraciones a ejercer un mayor control de la deuda, y ese ejercicio de contención se refleja en los balances que año tras año elabora el Ministerio de Hacienda. La evolución es clara: en el 2008 la deuda viva (la contraída con las entidades financieras y con el Estado) de los ayuntamientos y diputaciones gallegos era de 868 millones de euros; al cierre del 2015 había bajado a 586 millones; y al concluir el 2016 se había reducido hasta los 420 millones. De esa cantidad, 162 millones corresponden a la deuda de las siete ciudades, y otros 77 a la de las diputaciones.
En el caso de las siete ciudades, en un año, desde el cierre del 2015 al del 2016, redujeron su deuda en 55 millones, desde los 218 a los 162 con los que concluyó la última anualidad.
En Vigo la deuda se redujo desde los doce millones del 2015 a los 2,3 con los que se cerró el 2016. A Coruña redujo su deuda en ese período desde los 84 millones a los 73. Ourense pasó de una deuda de 24 millones a nueve. Lugo acabó el 2016 con una deuda viva de ocho millones frente a los 16 del año anterior; y Santiago con algo menos de 33 de los 41 que tenía en el 2015. En el caso de Pontevedra, pasó de doce a once millones; y Ferrol, de 26 a 24.
En cuanto a las diputaciones, la de A Coruña cerró el 2016 sin deuda; Lugo lo hizo con 35.000 euros; Ourense, 19 millones, y Pontevedra, 27.