El juez pide por primera vez un dictamen a la Agencia Ferroviaria Europea sobre el caso Alvia

Quiere que se pronuncie sobre si era obligatorio una evaluación integral de riesgo en la curva de Angrois


El juez del caso Alvia, Andrés Lago Louro, ha hecho caso a las víctimas y a la defensa del maquinista a la hora de otorgar un papel clave a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, siglas en inglés) en la instrucción judicial del accidente de Santiago, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Este organismo dependiente de la Comisión Europea ya se pronunció en un informe sobre la falta de independencia de la investigación oficial realizada por Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y en una comunicación a la plataforma de víctimas, ya avanzaron que la evaluación integral de riesgos que no se hizo en Angrois era obligatoria de acuerdo con las directivas europeas. Ahora el juez quiere que, de forma oficial, los técnicos de este organismo comunitario se pronuncien sobre la obligatoriedad o no de esta evaluación de riesgos.

En un auto notificado este martes, Lago Louro quiere que la Agencia explique en qué consiste ese análisis de peligros en una línea ferroviaria, y «si era normativa y/o técnicamente necesaria una evaluación integral de riesgo que tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva en la que se produjo el accidente», con carácter previo a la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en diciembre del 2011, o con posterioridad a su apertura en caso de que en la explotación se produjera algún «cambio significativo», como por ejemplo la desconexión del ERTMS embarcado en el Alvia en junio del 2012. En concreto, reclama que se informe sobre si esta modificación en la explotación -consistente en cambiar un sistema de supervisión continua como el ERTMS por otro de apoyo como el ASFA- merece la consideración de «cambio significativo».

El juez pretende que la ERA detalle cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica, y también si la decisión de exportar el riesgo al maquinista en Angrois -al no existir un control automático de la velocidad en la curva- se hizo correctamente. Al hilo de esta cuestión, el instructor pregunta a la Agencia Ferroviaria Europea si en todas estas evaluaciones de riesgo debe tenerse en cuenta el análisis del factor humano, es decir las posibles distracciones o déficit de atención durante la conducción, un asunto que apenas fue valorado por las empresas de la Administración que tuvieron algo que ver con el accidente. Una última cuestión, que también fue suscitada en su momento por la Audiencia Provincial de A Coruña, es si existe un consenso técnico sobre la necesidad de proteger las transiciones significativas de velocidad como la de Angrois, donde el Alvia accidentado debía reducir de 200 a 80 por hora para tomar la curva.

Lo curioso es que el juez decide practicar esta diligencia sin conocer todavía la decisión de la Audiencia coruñesa sobre los recursos contra la imputación del exjefe de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, y la sustenta en que la necesidad de este trámite está ya «suficientemente justificada». En todo caso, contesta con una negativa a los recursos en reforma del ADIF y los abogados de Cortabitarte para que se le levante la imputación, y se remite a las razones que esgrimió en el auto del 10 de marzo de este año, con el que lo llamaba a declarar como investigado. Otras peticiones de imputación reclamadas por las partes se decidirán a la vista de lo que resuelvan los magistrados de la Audiencia sobre la imputación de Cortabitarte. 

Tanto las víctimas como la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, consideraron «muy positivo» que el juez requiera este informe a la Agencia Ferroviaria Europea.

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