Los alcaldes alertan de la inviabilidad de muchos municipios por su despoblación

Presentan, ante «el problema de Estado» de la demografía, 79 ideas para frenarlo

Evolución de la población en Galicia Evolución de la población en Galicia

vigo / la voz

Decenas de ayuntamientos de toda España corren el peligro de desaparecer y muchos otros de quedarse sin estratos generacionales suficientes para mantener su estructura económica y social. Alcaldes de toda España, a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), acaban de lanzar un grito de alerta ante la crisis demográfica, que advierten ya «es un problema de Estado» que llevará a la «inviabilidad a buena parte de los municipios rurales a corto y medio plazo».

El análisis hecho desde la Administración local concluye que «la mitad de todos los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción», 1.286 de ellos tienen menos de cien habitantes y hasta 36 provincias se encuentran en la senda de la «regresión demográfica».

Para tratar de frenar esa deriva que afecta a Galicia desde el 2012 y a toda España desde el ejercicio siguiente, los regidores han elaborado un plan de 79 medidas para intentar contener el abandono del rural y que será presentado al Gobierno. Parten de la base de que ante todo se debe crear una estrategia estatal contra la despoblación, poniendo incluso en marcha programas de repoblación en las zonas más afectadas, entre las que sobresalen áreas de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León.

Simplificar la burocracia para erradicar las trabas a proyectos públicos y privados en la zona rural y habilitar más incentivos para la implantación de actividades que generen empleo son para la FEMP medidas básicas.

Las diputaciones, el apoyo

Establecer objetivos demográficos evaluables cada año tiene que ser una práctica presente en todas las Administraciones, a juicio de los alcaldes, que requieren que las diputaciones pasen a ser garantes de la prestación de servicios en las zonas con menos capacidad. Al igual que la Xunta reclama otro modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el envejecimiento de la población y el encarecimiento de los servicios que conlleva ese escenario, los ayuntamientos piden que el Estado no solo reparta sus fondos según el volumen de habitantes de cada localidad, sino que emplee criterios especiales de financiación a los que pierdan habitantes para que puedan pagar los servicios públicos a los residentes.

Dar incentivos económicos y de carrera a los funcionarios que fijen su residencia en zonas rurales; bonificaciones y deducciones especiales en impuestos y cotizaciones a los que creen empleo en enclaves de menos de 5.000 habitantes, o en el IRPF a sus nuevos pobladores; incrementar los incentivos para favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, o establecer apoyos al turismo rural son algunas de las medidas planteadas en el ámbito económico.

Garantizar el acceso a la educación a los menores de 3 años; planes de acogida a los inmigrantes; descentralizar recursos asistenciales públicos; reducir la brecha digital llevando la alta velocidad de datos a los pueblos o revisar los modelos de transporte público son cuestiones básicas y que fijan población, así como captar viviendas vacías o abordar planes de rehabilitación. Ayudas a la natalidad o bonificaciones especiales por hijos para familias en el rural completan el menú planteado por la FEMP contra la crisis demográfica.

Un diputado del PPdeG ejercerá el voto delegado por su paternidad

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El diputado ourensano César Fernández Gil (PP) se convertirá hoy en el primer hombre en ejercer el voto delegado en el Parlamento de Galicia debido a su reciente paternidad, siguiendo así el camino abierto por diputadas como Carmen Pardo (PP) o María Pierres (PSOE), que ya disfrutaron de esta prerrogativa debido a su maternidad. Fernández Gil delegará el voto en su portavoz, Pedro Puy.

Las autonomías no han cambiado el modelo de gran centralización

El vaciamiento del medio rural «compromete las cuentas públicas» al encarecer los costes de los servicios de carácter público obligatorios y el mantenimiento de las infraestructuras. Por eso los alcaldes reclaman que se dejen de considerar las medidas contra la crisis poblacional como gasto y se piense en ellas como una inversión social y de futuro para todo el país. La Federación Española de Municipios y Provincias estima, eso sí, que las autonomías no han cambiado el modelo de centralización poblacional, tanto en el conjunto de España alrededor de Madrid y el Levante como en el entorno de sus propias urbes, ni han sido capaces tampoco de generar nuevos ejes territoriales que fijen población en cada comunidad a partir de los núcleos intermedios y las comarcas.

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