Tapian por orden judicial y con gran despliegue de la policía un edificio okupado en Santiago

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

SANDRA ALONSO
SANDRA ALONSO

El gobierno local defiende a los okupas y expedienta a los dueños

31 may 2017 . Actualizado a las 01:12 h.

El compostelano barrio de la Algalia amaneció este martes con la presencia de un fuerte dispositivo policial. Su misión era hacer cumplir la orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago por la que se decretó el desalojo y tapiado de una magnífica casa blasonada ocupada desde hace tres años por la agrupación denominada Escarnio e Maldizer.

Hasta cuatro dotaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) acudieron desde las ocho de la mañana al inmueble, situado en el número 11 de la calle Algalia de Arriba, para proteger a los obreros a los que los legítimos propietarios del edificio habían encargado el tapiado de las puertas y ventanas para evitar que los okupas puedan volver a entrar.

No fue necesario el desalojo, porque cuando llegaron los agentes el edificio estaba completamente vacío. No obstante, cuando los integrantes de Escarnio e Maldizer se enteraron de la presencia policial, una decena de miembros de la agrupación se presentaron en la Algalia y se enfrentaron a la Policía Nacional. Dos de ellos tuvieron que ser identificados por insultar y escupir a los agentes.

El local fue la sede del grupo folclórico Cantigas e Agarimos desde 1957, pero en el 2009 la llegada de unos nuevos propietarios finiquitó su contrato de alquiler de renta antigua. La formación abandonó el edificio en el 2011 y en abril del 2014 los okupas lo hicieron suyo.

Compostela Aberta, el grupo de gobierno en Santiago, criticó la actuación policial y judicial y salió en defensa de los okupas. En una red social acusó a la Policía Nacional de actuar con «aleivosía e nocturnidade» y de «irromper» en el inmueble «como só eles saben facer». En un comunicado público, la formación que lidera Martiño Noriega señaló que la actividad de los ocupantes no generaba ningún problema de convivencia ni de seguridad. También el BNG ha criticado el tapiado y expulsión de los okupas.

Quema de contenedores

Además de este apoyo verbal a los okupas, el gobierno local ha abierto un expediente disciplinario a los dueños del edificio por haber procedido al tapiado de puertas y ventanas con bloques de hormigón, alegando que la obra carece de licencia y que no se ajusta al plan especial de la zona monumental.

Ayer por la tarde, unos 400 okupas se manifestaron en Santiago. Hubo quema de contenedores, lanzamiento de botellas y tuercas y cargas policiales

Sin consenso político para atajar el problema

El desalojo de los okupas de la casa blasonada de la Algalia de Arriba, en Santiago, se produce después de que el Parlamento gallego iniciara la tramitación de varias iniciativas políticas con las que se proponen abordar los problemas asociados a la usurpación de la propiedad privada y de las mafias que se dedican a traficar con pisos vacíos. El consenso parece imposible, debido a las posiciones contrapuestas que mantiene los grupos políticos, aunque el PP sí dispone de la mayoría necesaria para empezar a dirimir mediante la vía de los juicios rápidos los delitos de ocupación de inmuebles.

En la Cámara gallega se han registrado dos iniciativas políticas, una del PP y otra del PSOE, para combatir a las mafias okupas. En ambos casos apuestan por reforzar la colaboración de las instituciones locales con las fuerzas de seguridad para las labores de vigilancia y suministro de datos, a la vez que plantean medidas para promover el realojo, si fuera necesario, de personas o familias en riesgo de exclusión.

Con este último punto pueden coincidir también los demás grupos políticos, En Marea y el BNG, que sin embargo ya han puesto reservas a otras demandas de la iniciativa del PP, como la reforma del Código Penal para endurecer las penas por los delitos de usurpación de la propiedad. Asimismo, se propone implantar los juicios rápidos en estos casos con el fin de reconocer de forma inmediata los derechos de los propietarios frente al de los okupas, un enfoque con el que En Marea discrepa abiertamente.