Acusaciones por corrupción desinfladas

El sobreseimiento devolvió a numerosos políticos gallegos a la normalidad después de que se les imputara graves cargos y antes de que se llegara a la fase de juicio oral


redacción / la voz

Las instrucciones judiciales tienen momentos álgidos, especialmente cuando se llevan a cabo registros o detenciones o hay órdenes de prisión provisional. Después llegan los recursos, y si los investigados son aforados son instancias como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o el Tribunal Supremo los que intervienen de forma decisiva en la investigación, pudiendo desestimarla antes incluso de iniciarla, teniendo en cuenta las pruebas de la exposición razonada que les remite el juez. A menudo se alega que no se han podido probar las acusaciones, en otras ocasiones se cuestiona el hilo conductor que aporta el juez instructor e incluso hay ocasiones en las que se aprecia que simplemente no existe delito.

También hay casos en que los jueces de instrucción reciben piezas separadas de macrocausas como la Pokémon y, una vez analizado el fondo de la cuestión, no ven delito. La jueza que lleva este caso, Pilar de Lara, también ha salido indemne de una acusación que finalmente desestimó el Consejo General del Poder Judicial, que no abrió una investigación por la orden de registro del despacho de un abogado.

Caso Baltar

Sin acreditar la relación de dependencia con la denunciante. Al margen del archivo de la causa contra el concejal de Culturas de A Coruña, José Manuel Sande (Marea Atlántica), por el cartel de carnaval en el que se parodiaba al papa -un caso que no puede englobarse en el amplio espectro de la corrupción-, el último archivo judicial sonado fue el del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar Blanco (PP). El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense acordó el sobreseimiento provisional por los presuntos delitos de acoso sexual y cohecho a raíz de la denuncia de una mujer que le acusaba de haberle ofrecido, supuestamente, un trabajo a cambio de sexo. En relación al supuesto delito de acoso sexual, la jueza asume que «no ha quedado acreditada» la existencia de ningún tipo de relación de dependencia entre la denunciante y el presidente de la Diputación. Tampoco se ha probado el delito de cohecho.

Caso Duarte

No hubo trato de favor. Un juzgado de Santiago archivó la causa contra el concejal Jorge Duarte (Compostela Aberta) respecto a los expedientes de locales de ocio nocturno. El titular del juzgado no apreció trato de favor y, por tanto, descartó la existencia de un delito de prevaricación. El concejal recuperó las competencias que le fueron retiradas al conocerse que estaba siendo investigado.

Los regalos de Monbus

Archivo en el TSXG y en el Supremo. Las cajas de vino de elevado valor que recibieron distintos políticos, remitidas por el presidente de Monbus, Raúl López, no suponían un delito de cohecho. Así se pronunció el Tribunal Superior de Xustiza respecto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y al vicepresidente, Alfonso Rueda, concluyendo que la recepción de estos regalos «no era constitutiva de delito». Algo muy similar dictaminó el Tribunal Supremo respecto al eurodiputado socialista José Blanco y el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro. El alto tribunal considera que estos regalos son «actos de cortesía». Ninguno de los dos tribunales vio necesario continuar con la investigación, que surgió del caso Cóndor.

Caso Josman

Una imputación errónea. El entonces alcalde de Ferrol y hoy conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, fue imputado en la operación Pokémon al considerar que era el Josman que hablaba con el delegado de Véndex en Galicia en unas conversaciones grabadas en las que se negociaba una presunta entrega de dinero. Tras una serie de pruebas periciales, la propia jueza De Lara decretó el sobreseimiento en noviembre del 2014. En realidad, Josman era un militante de base del PP.

Alcaldes desimputados

A algunos solo se les archivaron piezas separadas y siguen siendo investigados. El alcalde sigue siendo una figura que a menudo se ve envuelta en imputaciones transitorias que finalmente no llegan a juicio. Es el caso del mandatario socialista de Oroso, Manuel Mirás, a quien se le archivó una denuncia de prevaricación administrativa al no observarse delito, una vez agotado el límite de seis meses de instrucción que marca la ley. Una decisión similar se tomó con el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey (PSOE), por un supuesto delito de malversación de caudales públicos al abonar una sanción urbanística con cargo al Concello, aunque después el regidor la reintegró.

Hay otros exalcaldes que vieron cómo se eliminaban las sospechas en algunas piezas separadas, aunque continúan imputados por otros asuntos. Es el caso del exregidor de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), exculpado en unos trabajos de desbroce, pero que sigue siendo investigado en la Pokémon por el arreglo de su jardín por parte de Véndex. Algo parecido le sucedió al exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez, exculpado por la venta de una parcela municipal, aunque continúa como investigado en la pieza principal de la Pokémon. El exalcalde de Lugo Xosé López Orozco fue liberado de la acusación sobre la fábrica de la luz, pero sigue estando imputado en la macrocausa.

Varios alcaldes de la Costa da Morte, como el de Vimianzo, Manuel Antelo, han sido desimputados de los procesos que tenían en su contra. Aunque el más llamativo es el del exregidor de Fisterra, José Manuel Traba (PP), ahora líder de la oposición, que quedó fuera del caso Orquesta, informa Juan Ventura Lado.

Caso Paula Prado

Investigación cerrada por el TSXG. La diputada del PP, Paula Prado, fue implicada por la jueza De Lara en seis delitos, incluidos el de tráfico de influencias y el de cohecho, pero el Tribunal Superior no apreció ningún comportamiento delictivo.

Caso Barreiro

El Supremo vio hechos «muy desvaídos». El alto tribunal ni siquiera abrió una investigación al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, al considerar que la acusación de que cobró dinero de Véndex se basaba en hechos «muy desvaídos».

Caso Blanco

Liberado de las acusaciones de Dorribo. El Supremo, tras una investigación más minuciosa de las acusaciones que afectaban al entonces ministro de Fomento, José Blanco, archivó la causa contra el eurodiputado socialista, a quien el empresario Jorge Dorribo dijo haberle entregado 200.000 euros en una gasolinera de Guitiriz.

Otros casos

Concellos, concejales, multas... El Ayuntamiento de Pontevedra se liberó recientemente de varias investigaciones que le afectaban, al igual que las que implicaban a los concejales vigueses Ángel Rivas y Javier Pardo. Se archivó el caso por la adjudicación de un centenar de depuradoras en Ourense y, después del juicio, 23 acusados fueron absueltos por las multas supuestamente amañadas en Lugo. También lograron la absolución los siete exconcejales del PP de Santiago que con su voto aprobaron el pago de la defensa de otro concejal con fondos públicos. Las acusaciones contra el exdiputado del PP Javier Escribano también fueron sobreseídas después de dimitir de su cargo.

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