El aeropuerto de Vigo será el único que no rinda cuentas ante la UE

Peinador podrá recibir ayudas públicas sin el control de Bruselas

Las ayudas a aerolíneas y aeropuertos en Galicia Las ayudas a aerolíneas y aeropuertos en Galicia

Bruselas / Corresponsal

Ni el aeropuerto coruñés de Alvedro ni el compostelano de Lavacolla han tenido la suerte de la terminal viguesa. Peinador será el único de los tres aeródromos gallegos que se beneficiará de la supresión de restricciones a las ayudas públicas anunciada ayer por la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. La Comisión Europea está dispuesta a dar vía libre a los Estados y autoridades regionales para que destinen fondos a sus aeropuertos sin pasar por el control de Bruselas. «Permitirá reducir la carga administrativa e impulsar el crecimiento y el empleo», justificó la danesa, ignorando la tormenta que puede desatar en Galicia.

Para poder beneficiarse de esta medida, los aeropuertos deberán cumplir con ciertos criterios. En primer lugar, no superar los tres millones de pasajeros anuales. Ninguno de los tres gallegos lo logra. Lavacolla lidera el ránking con 2.510.740. Le siguen Alvedro con 1.063.291 y Peinador, con 954.006.

Entonces, ¿por qué solo el aeropuerto de Vigo podrá acogerse a las ayudas sin supervisión europea? Fuentes de Bruselas aclaran que hay otra condición indispensable: la distancia entre el aeropuerto y el inmediatamente más cercano deberá ser de más de 100 kilómetros (60 minutos de trayecto). Alvedro y Lavacolla están a 83 kilómetros por carretera, por lo que ambos se verán obligados a someterse al control de ayudas de Estado de la CE.

¿Significa que no podrán optar a subvenciones? «Que no cumplan con los criterios no significa que el Estado miembro no pueda concederles ayudas, pero no se podrán beneficiar de la exención de notificación de sus planes a la Comisión», aclaran.

El problema es que Bruselas suele ser mucho más exigente a la hora de permitir cheques públicos a los aeropuertos, una barrera que Peinador podrá saltarse. «La razón es que, si dos aeropuertos están muy cerca uno del otro, podría haber más efecto sobre la competitividad si uno de ellos está subvencionado», explican.

Bruselas reconoce que existe el riesgo de que las autoridades decidan dopar de forma artificial a algunos aeropuertos. Vestager justificó su decisión en pro de una «mejor y más eficiente conectividad y cohesión» de las regiones, pese a que en el caso gallego se produjo un informe del Tribunal de Cuentas de la UE en el 2014 en el que se advertía del bajo resultado obtenido con las inversiones realizadas en el aeropuerto de Vigo, crítica enmendada por la Comisión Europea, que defendió la reforma de Peinador por interés social y cohesión territorial. El organismo de supervisión contable instó en todo caso a las autoridades españolas y gallegas a evitar «duplicidades e inversiones descoordinadas».

Según los cálculos de Bruselas, hasta 420 aeropuertos de la UE (33 de España), que concentran solo el 13 % del tráfico, se podrán beneficiar de la medida (80 % del total). También los aeropuertos de menos de 200.000 pasajeros anuales se verán premiados. La Comisión permitirá a los Estados cubrir los costes operacionales aunque incurran en pérdidas: «Debería corresponder a las autoridades regionales y sus ciudadanos decidir si gastan los fondos públicos para sostener estos pequeños aeropuertos», anunció Vestager, antes de pedir «responsabilidad» a los Estados para evitar que se desate otra fiebre de «aeropuertos fantasma» como el de Castellón. Los puertos también podrán acogerse a esta exención. Las autoridades públicas podrán sufragar con hasta 150 millones de euros inversiones en sus terminales sin tener que dar explicaciones a Bruselas.

Siete años detrás de una coordinación aeroportuaria aún inalcanzable

El presidente de la Xunta reconoció la semana pasada que la coordinación aeroportuaria en Galicia es imposible a causa de los intereses locales de las urbes con aeropuerto. Feijoo advierte que será el AVE quien ponga orden en la oferta aérea gallega, llamada a coordinarse desde el 2010 en un comité creado por Fomento al efecto, y que ha evolucionado con una nueva denominación con la actual Administración central, pero que tampoco ha logrado ni su primer consenso.

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