La aseguradora del «Prestige» desprecia gran parte de las peticiones de indemnización
GALICIA
Pide a la Audiencia coruñesa que anule la reclamación de 4.328 millones presentada por la Fiscalía
11 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La aseguradora del Prestige, el London P&I Club, se dignó recientemente a personarse en el procedimiento para ejecutar la sentencia del Supremo, que condenaba a esta mutua británica a pagar los daños del vertido hasta el límite de 1.000 millones de dólares (920 millones de euros) de la póliza suscrita por el armador. Pese a ser considerada responsable civil directa tras la condena de dos años al capitán Mangouras, la firma londinense se ha mantenido formalmente fuera del procedimiento penal, aunque muy conectada a todo lo que allí sucedía por si finalmente le afectaba.
Es ahora cuando los directivos del club ven las posibles consecuencias económicas de la sentencia, que el Estado intentará sustanciar en los tribunales londinenses, y en un escrito cuestionan buena parte de las peticiones de indemnización, incluida la reclamación genérica de la Fiscalía, que valoraba en 4.328 millones el desastre, incluyendo el daño ambiental, moral y de imagen. Los abogados del London P&I Club creen que en esta valoración los daños no están «debidamente acreditados [...] ni en su producción real ni en su importe».
Ahora la aseguradora alega ante la Audiencia que solo está dispuesta a pagar los 22,7 millones de euros en los que se cifra su límite de responsabilidad y que fueron consignados en el 2003. En cualquier caso, recuerdan que los límites indemnizatorios nunca deberían exceder el importe de la póliza, los 1.000 millones que intentó blindar en la Justicia británica.
En su escrito, el seguro del petrolero accidentado en Galicia en noviembre del 2002 pone múltiples pegas a las reclamaciones del Estado y de la Xunta, que en ocasiones consideran «gastos», pero no elementos indemnizables. Y considera una «incongruencia» que la Fiscalía reclame más para el Estado que la propia Administración para sí misma.
Cree además que debe excluirse a todos aquellos afectados -más de 18.000- a los que el Estado adelantó la compensación, o a aquellos que no acrediten de forma eficiente tanto los daños directos como el lucro cesante. Por ejemplo, niega el daño del vertido a las empresas comercializadoras o de compraventa de pescado y marisco, «pues bien podían abastecerse en otros mercados». También rechazan «de pleno» cualquier compensación por daños morales y ecológicos.