Galicia tendrá que compartir con otras zonas su único medio aéreo para combatir el narcotráfico

La cobertura que el Servicio de Vigilancia Aduanera mantiene sobre la costa gallega está a punto de experimentar su enésima alteración. Los cambios afectarán al último medio aéreo que el SVA conserva en Galicia para el control del narcotráfico: un helicóptero modelo Bölkow con base en Vigo. Así lo confirmó ayer la Agencia Tributaria, departamento del que depende este servicio: «Cuando sea necesario trasladar el helicóptero a otro punto del territorio, cosa que sucederá en momentos concretos del año y en breves espacios de tiempo, se sustituirá puntualmente por un avión, de manera que en absoluto hay pérdida de medios de vigilancia aérea en Galicia».

Hace años que tanto el BNG como la CIG, central mayoritaria en el sector, denuncian el paulatino desmantelamiento del SVA en Galicia. Para el sindicalista Enrique García Outeiral, este anuncio no es más que el prolegómeno de otro tijeretazo. «No 2015 negaron o que nos denunciamos, que a segunda embarcación de alta velocidade con base en Vilagarcía ía ser retirada; acusáronnos de todo, pero o feito é que a ría de Arousa quedou cunha soa embarcación para vixilancia». Outeiral sostiene que el helicóptero será trasladado, más pronto que tarde, al Mediterráneo.

Lo cierto es que lo ocurrido en los últimos tiempos alimenta, como mínimo, la inquietud. La base del aeródromo militar de Santiago fue clausurada, y su único avión, eliminado. Además de la embarcación de Vilagarcía, Vigo ha perdido otra lancha de alta velocidad, y A Coruña, una embarcación media. El helicóptero de Vigo, un Dauphiné con tres horas y media de autonomía, 140 nudos de velocidad punta y capacidad para rastrear un área de 160 millas, fue sustituido por el Bölkow actual, con la mitad de prestaciones. «Con estas características, a Costa da Morte queda fóra da capacidade dun helicóptero que despegue de Vigo», razona Outeiral. A ello se unió la reconversión de la brigada de investigación que operaba en A Coruña.

Así las cosas, el BNG acaba de presentar una proposición no de ley para que el Parlamento inste al Gobierno gallego a rechazar el traslado del helicóptero, además de reclamar a la Agencia Tributaria los medios perdidos y la cobertura de las vacantes de personal que el SVA muestra en Galicia. En este punto reside otra de las dificultades del servicio. Su plantilla en la comunidad está formada por 303 personas, de las que 180 trabajan en el ámbito náutico. Según los sindicatos, la edad media de las tripulaciones es de 57 años, la de los patrones anda por los 61, y entre los jefes de máquinas asciende a 62. Ni se renueva la plantilla ni los veteranos pueden acogerse a la segunda actividad, pese a que la ley les reconoce este derecho desde 1997. «Que queiran vixiar o Mediterráneo a costa de desprotexer Galiza, cando as redes de narcotráfico seguen a operar, é un escándalo», concluye la nacionalista Montserrat Prado.

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