La Xunta paga 4 millones por alquileres pese a que rebajó la factura un 30 %

Alugueiros Cero es el ambicioso nombre de un plan de la Xunta que busca minimizar desde el pasado año el impacto en las cuentas públicas de los alquileres de oficinas y sedes institucionales. Con menos ritmo del previsto, pero sin pausa, el proyecto liderado por la Consellería de Facenda avanza y, si el pequeño rompecabezas que supone reubicar los servicios se cumple, este año se rebajará la factura de las rentas inmobiliarias en 1,75 millones de euros, un 30 % menos. Con todo, se seguirán pagando unos respetables cuatro millones de euros anuales que se confía en reducir notablemente antes de que acabe la legislatura.

Los movimientos de trabajadores y las mudanzas se han producido en los últimos meses sobre todo en Santiago, sede de la gran mayoría de las instituciones autonómicas. Así, todo lo que tiene que ver con el departamento de Turismo y el Xacobeo se ha reubicado en un edificio que la Xunta tiene en A Barcia, a tres kilómetros del centro en dirección a Noia. Este traslado ha resultado estratégico, porque ha permitido liberar un edificio histórico en propiedad en pleno casco viejo compostelano (plaza de Mazarelos), donde ahora solo quedará una oficina de atención al turista -antes situada en otro local por el que se pagaba renta- y que desde esta misma semana cuenta con la compañía de los trabajadores de la Secretaría Xeral de Emigración, que ocupaban desde hace décadas un local alquilado cuyo contrato se extingue en cuestión de días. Al mismo tiempo, las oficinas del Xacobeo liberaron el pabellón de la Expo de Sevilla, trasladado al barrio de San Lázaro y que está a la espera de una reforma que permita acoger más servicios administrativos en sus tres plantas y 2.200 metros cuadrados construidos, ahora sin uso. De momento, no se han consignado partidas presupuestarias para la rehabilitación y el edificio -uno de los tres autonómicos de la Expo 92 que siguen en pie- languidece bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad.

También en los edificios administrativos de San Lázaro se le hizo un hueco al Consorcio de Servizos Sociais, cuyos trabajadores se han integrado en la Xunta también a nivel laboral. Esta operación permite ahorrar dos importantes alquileres en Santiago. Además, se ha realojado a los funcionarios del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que hasta hace unas semanas estaban en la mítica Casa da Parra, con unas envidiables vistas de la Catedral y de la plaza de la Quintana. La Casa da Parra es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, aunque por arrendamiento pasó al Ministerio de Cultura y a su vez a la consellería homónima, que pretende seguir haciendo uso expositivo del amplio espacio ubicado en los bajos y que ha escrito decenas de páginas de la historia del arte contemporáneo gallego.

Otros tres servicios distintos han encontrado también acomodo en dependencias repartidas sobre todo entre San Caetano y San Lázaro y han roto sendos contratos de alquiler. Se trata de la Axencia Galega de Innovación, Retegal (el gestor de telecomunicaciones de la Xunta) y el Centro de Artesanía.

En otras ciudades

La cancelación de alquileres va más allá de la capital. La Xunta está reformando un edificio en propiedad en Ourense para que cumpla la normativa de accesibilidad y pueda convertirse en la nueva delegación provincial de la Axencia Tributaria de Galicia. En A Coruña, la Fábrica de Tabacos adoptó días atrás y tras años de dudas y reformas los demandados usos judiciales que han permitido anular otros dos alquileres en el centro del ciudad. La operación, que rondó los 20 millones de euros, supone recuperar 15.000 metros cuadrados en dos plantas para servicios públicos, y otros tres mil que gestionará el Ayuntamiento.

El tijeretazo a los alquileres llegará a todas las urbes, y en algunas como Pontevedra se preparan reformas estelares como la de la antigua sede de la Xunta, ubicada en la calle comercial por excelencia de la capital provincial, la rúa Benito Corbal, y que tras su rehabilitación seguirá prestando servicios públicos, según ha garantizado el poder autonómico al municipal.

Ampliación de San Caetano

Pero la revolución más importante y que permitirá a la Xunta acercarse al hito de los cero euros gastados en alquileres llegará cuando se levante la nueva sede administrativa en San Caetano. Se trata de un añadido al actual complejo que incluye un macroedificio que costará unos 30 millones de euros. Supondrá un golpe definitivo de la Xunta para reagrupar todos los servicios que todavía quedan dispersos por la capital gallega. Eso sí, su construcción depende del traslado de la estación de autobuses actual junto a la de ferrocarril, un proyecto de 50 millones de euros que debería estar listo para recibir el AVE a finales del 2019. Relativamente cerca, en el complejo cada vez menos cultural del Gaiás, quedan todavía miles de metros cuadrados infrautilizados.

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