La norma de montes vecinales agrava la guerra de lindes con particulares

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

La propiedad de los montes

Lugo es la provincia donde hay ahora más problemas para delimitar las parcelas

23 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El decreto de la Xunta que regula la inversión que generan los montes vecinales, en vigor desde mayo pasado, ha avivado el viejo problema de los lindes al abrir nuevas expectativas de negocio y de explotación forestal. La norma obliga a reinvertir el 40 % de los beneficios en un plan de ordenación que tiene, entre otros, el objeto del deslinde. Y que los límites físicos estén claros resulta indispensable para medir la capacidad de generar ingresos de ese monte en mano común. Esto ha abierto las disputas entre montes vecinales, pero también entre estos y los propietarios particulares.

El asunto no es baladí en un territorio como el gallego, en el que hay casi 680.000 propietarios forestales y 2.800 comunidades de montes vecinales en mano común (CMVMC), que suponen el 33 % de la propiedad forestal y que están encargadas de gestionar más de 700.000 hectáreas de monte vecinal. Se extienden por 248 de los 313 municipios gallegos y ocupan un 25 % del territorio, aproximadamente.

Para entender este conflicto hay que remontarse a mucho antes de la entrada en vigor del decreto. Los actuales montes vecinales fueron clasificados por la Administración como tales desde finales de los setenta. Antes eran propiedad del ayuntamiento. Y la normativa establecía que la encargada de establecer los lindes era la Administración: un trabajo arduo y laborioso, y que no siempre se hizo de la forma más correcta. Y ello pese a que hubo unas tres décadas para hacerlo, porque con la entrada en vigor de la Lei de Montes del 2010 se produce un cambio sustancial: la competencia para establecer lindes ya no es del poder autonómico, sino de la propia comunidad de montes vecinal.