Airbnb quiere que la Xunta contemple la figura del alquiler por habitaciones en el decreto

Dice que no es lo mismo compartir tu casa de manera esporádica que gestionar una pensión o un hotel


redacción / La Voz

Airbnb, una de las principales plataformas de Internet de alquiler de alojamientos vacacionales por todo el mundo, asegura que la actual normativa gallega de viviendas turísticas «no reconoce de manera clara la posibilidad de que un particular pueda compartir su residencia permanente» con turistas e insiste en que continuará trabajando con la Xunta «en una normativa clara y sencilla, que promueva los beneficios que esta actividad supone para muchas familias y comercios locales, y que refleje cómo la gente de hoy en día vive, trabaja y viaja».

El portal web disiente de la opinión de la Xunta en que aquellas personas que alquilen las habitaciones de su casa deberán darse de alta como pensiones. Para Airbnb nada tiene que ver «compartir tu propio hogar de manera esporádica y diferente» con «gestionar una pensión o un hotel» y considera que el decreto de la Xunta, que entrará en vigor el próximo 10 de mayo «se aleja de otros marcos legales de éxito en capitales europeas, que sí permiten a las personas compartir sus hogares como París, Ámsterdam, Londres, Hamburgo o Lisboa». Y considera que «las reglas para compartir el propio hogar en Galicia son confusas». Aun así, la operadora de alquileres vacacionales ha destacado que en los encuentros mantenidos con la Xunta siempre constató una actitud positiva por ambas partes: «Confiamos en que esa actitud de entendimiento siga teniendo lugar y se respete el modelo del home sharing (hogar compartido) desligado de las figuras de vivienda de uso turístico, pensiones y otros establecimiento turísticos de carácter profesional».

Precisamente, uno de esos encuentros tuvo lugar el pasado jueves. Turismo de Galicia ya ha mostrado su rechazo a la posibilidad de modificar la nueva norma que regula las viviendas turísticas: «Lo que hay que hacer es aprobar y consolidarlo», asegura. Y considera que todos aquellos alojamientos que deseen alquilar habitaciones deben establecerse como pensiones. Para Airbnb este es un asunto primordial, ya que un gran número de clientes de este portal alquilan habitaciones y conviven con el propietario del inmueble. Se trata de una nueva modalidad de turismo que permite conocer de manera más profunda la cultura de la ciudad que se visita, además de ser una moda que viene para quedarse.

Los aspectos más polémicos de esta norma que se aplicará en mayo

El decreto autonómico que regula las viviendas de uso turístico, aprobado en enero, impone una serie de condiciones a los propietarios de los inmuebles que quieran poner sus viviendas para alquilar. Hay algunas de fácil cumplimiento y otras más polémicas.

Requisitos

Lo primero que se debe hacer es registrar el inmueble en las delegaciones provinciales de la Xunta. El dueño deberá abonar 56,26 euros y el Gobierno gallego inscribirá los expedientes en el Registro de Empresas de Actividades Turísticas de Galicia. Además, deberá contar con un seguro de responsabilidad civil, que cubrirá al usuario de la vivienda ante posibles daños corporales, materiales o perjuicio económico. Estos inmuebles deben estar amueblados y tener calefacción entre octubre y mayo. La Xunta permite prescindir de este servicio si la vivienda se alquila solamente entre junio y septiembre. También deberán contar con teléfono 24 horas y servicio de mantenimiento. Así como, hoja reclamaciones y registro de entrada de viajeros.

Fricciones

Para Airbnb, el principal problema de este decreto es que no se contemple la modalidad de hogar compartido, en el que el anfitrión vive en el inmueble y alquila habitaciones a turistas. Pero no es el único, Aviturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, critica también que las viviendas deben tener licencia de ocupación. La Xunta aclara que esta exigencia lo que pretende es demostrar que el inmueble no es ilegal, que no está sujeto a un proceso de regulación urbanística o de reposición de la legalidad. Valdría también aportación de documentación del Ayuntamiento que certifique que la vivienda no es ilegal. Otro de los puntos críticos es que el ayuntamiento o la comunidad de propietarios puede limitar el número de viviendas destinadas a uso turístico. Algo a lo que Aviturga también se opone.

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