Ciudadanos plantea llevar el caso Alvia al Consejo de Estado como se hizo con el Yak-42
23 mar 2017 . Actualizado a las 21:52 h.El presidente del ADIF, Juan Bravo, aseguró este jueves en Vigo, adonde acudió para avanzar en el proyecto de la estación de Urzaiz, que la compañía pública también recurrirá el auto que imputa a Andrés Cortabitarte, responsable de Seguridad en la Circulación cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, donde ocurrió el accidente de Angrois. El ADIF, que envió un comunicado explicando el recurso que se suma al del abogado de Cortabitarte, discrepa con el juez del caso Alvia respecto a que sea «evidente» que el administrador ferroviario haya incumplido la normativa que le obligaba a realizar una evaluación integral de riesgos en la línea de alta velocidad. El administrador ferroviario considera que esta normativa es «sumamente difusa» en lo que respecta a su «vigencia y aplicabilidad».
En la opinión del ADIF, pese a admitir que la normativa es difusa, «ni jurídica ni técnicamente era aplicable la normativa europea que habría exigido una evaluación de riesgos distinta de la que se hizo». Más aún, asume que los análisis de los peligros de la infraestructura que se llevaron a cabo -fundamentalmente los de las empresas que instalaron la seguridad y la auditoría de la empresa pública Ineco- «respetan» la norma comunitaria vigente en diciembre del 2011, cuando se abrió el trazado a la circulación de trenes, pero también la que creen que no era aplicable. El ADIF, dijo su presidente, recurrió el auto porque era su «obligación».
También recalcó que no existe consenso entre los peritos judiciales, juristas, las partes personadas y las autoridades europeas de seguridad sobre si la normativa «es aplicable o no». El juez asume la tesis del perito César Mariñas, que sostiene que la evaluación integral de riesgos era aplicable desde julio del 2010 para cambios significativos, y la apertura de una línea de alta velocidad entraría dentro de esta categoría.
El instructor de la causa, Andrés Lago Louro, acusa al ADIF y al entonces responsable de seguridad de incumplir la obligación de gestionar el riesgo «evidente» de la curva de Angrois para hacerlo tolerable o mitigarlo. En su recurso, el abogado de Cortabitarte alega que esa misión correspondía a la auditoría de seguridad de Ineco como evaluador independiente, pues entre las funciones de Cortabitarte no estaría la evaluación de riesgos, pese a tener la obligación genérica de la «gestión multidisciplinar» de la seguridad.
Por otra parte, Ciudadanos presentó una iniciativa en el Congreso con el objeto de que el Consejo de Estado elabore un informe para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Alvia, algo que puede solicitar el Gobierno de oficio o las propias víctimas.
Un informe muy similar sobre el accidente del Yak-42 estableció claramente la responsabilidad del Estado -en particular del Ministerio de Defensa- en este accidente aéreo, que en el 2003 provocó la muerte de 62 militares españoles. Este informe del Consejo de Estado activó un desagravio a las víctimas, liderado por la actual ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, quien a su vez implicó al presidente Mariano Rajoy en la petición oficial de perdón.
Ciudadanos se suma a los grupos políticos que apoyan que se reabra la investigación técnica realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), después de que la Agencia Ferroviaria Europea cuestionara la independencia del informe oficial, que atribuye el accidente en exclusiva al despiste del maquinista. El nuevo presidente de la CIAF, Fernando Montes Ponce de León, ya avanzó que no pretende retomar la investigación, al considerar que el informe se hizo con independencia, pese al dictamen de Bruselas.