La Fiscalía cambia de estrategia y no recurrirá la imputación del cargo del ADIF

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

A la izquierda, el primer juez instructor del caso Alvia, Luis Aláez, en compañía del fiscal, Antonio Roma
A la izquierda, el primer juez instructor del caso Alvia, Luis Aláez, en compañía del fiscal, Antonio Roma Álvaro Ballesteros

Apuesta por ver qué surge de la declaración de Cortabitarte y por exprimir esta vía de investigación

15 mar 2017 . Actualizado a las 10:11 h.

La imputación de Andrés Cortabitarte López, el que fue director de Seguridad en la Circulación del ADIF cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, por parte del juez no ha cogido por sorpresa a la Fiscalía. El fiscal encargado del caso, Antonio Roma, estaba informado en todo momento de los planes del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro. El propio fiscal confirmó ayer a La Voz que no recurrirá el auto en el que se cita como investigado al actual subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico del ADIF, un cambio de estrategia crucial en el caso, pues el fiscal siempre sostuvo que solo se podía acusar por la vía penal al maquinista. «Se trata de una persona que de hecho ya estaba siendo investigada y es necesario agotar la instrucción en este ámbito. Hay que ver qué surge de esta declaración y ver qué material probatorio se aporta a partir de ahora», asegura, con una cierta intuición de que esta vez Cortabitarte aceptará declarar. «Esta vez no habrá oposición por mi parte a la imputación, es necesario agotar esta vía de instrucción», añade.

La Fiscalía mantiene por tanto las espadas en alto en el caso Alvia, azuzada por el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña del 26 de mayo del 2016, que obligó a reabrir la instrucción para investigar si se había evaluado el riesgo en la curva de Angrois, algo que el actual instructor tiene claro que no se hizo. La curva, asegura, representaba «un riesgo en sí misma», y a pesar de los avisos que llegaron de las empresas que instalaban las medidas de seguridad, y de los auditores de la empresa pública de ingeniería Ineco, el ADIF no hizo nada para mitigar el riesgo del exceso de velocidad por un error humano. El administrador ferroviario, concluye, no cumplió con su deber de gestionar ese peligro, «habiendo tolerado la exportación de dicho riesgo al maquinista sin efectuar una previa valoración integral de la línea que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano».

Posiciones anteriores

Ante esta decisión judicial, el hecho de que la Fiscalía no recurra y por tanto discuta los fundamentos jurídicos que sustentan la imputación es una novedad de gran relevancia. Hay que recordar que, durante el primer año de instrucción, el fiscal Antonio Roma cuestionó todos los intentos de imputar a cargos del ADIF por parte del juez que llevaba el caso, Luis Aláez. En una primera tanda de imputaciones, en la que ya estaba en la lista Cortabitarte junto a otra veintena de cargos, la Fiscalía se adhirió al recurso de la Abogacía del Estado. En la segunda oleada, en la que también estaba el responsable de la seguridad cuando se abrió la línea, el fiscal optó por recurrir, basándose en que en este caso existía «un elemento central y nuclear» que es la actuación del maquinista, «cuya conducta fue enormemente imprudente». En su opinión, esta conducta es la que provoca el accidente y, por tanto, no cabía imputar a terceras personas.

El fiscal no revela cuál será su estrategia a medio plazo, pero por lo menos avanza que no recurrirá el auto que salió el lunes del juzgado. Fía todo a lo que salga de esa declaración, para ver si Cortabitarte es el único responsable de no mitigar los riesgos en la curva, recibió instrucciones de superiores o los responsables de la línea tomaron las decisiones sin consultarle. Finalmente, su declaración tendrá lugar el día 23, como se aseguraba en la parte dispositiva del auto, y no el 22, como por error se especificaba en el relato de los hechos.

En un comunicado remitido ayer a los medios, la plataforma de víctimas del Alvia, cuyo papel fue crucial en la reapertura de la causa y en el actual giro en la instrucción, recuerda al fiscal del caso que el incumplimiento de este análisis del riesgo «se lo transmitimos hace tres años y le pedimos que lo investigara. Lo único que hizo fue solicitar la desimputación de los responsables del ADIF».

Comisión de investigación

Los afectados alegan que han denunciado «reiteradamente» que el fallo humano del maquinista no era la única causa del accidente, «sino un comportamiento negligente e irresponsable que incluye a altos directivos del ADIF, perteneciente al Ministerio de Fomento y cuyos altos cargos son nombrados por los propios ministros. Ahora este auto del juez viene a darnos la razón, como ya lo hicieron en Bruselas». «El análisis de riesgos -añaden- era preceptivo hacerlo antes de poner en servicio la línea, que inauguró el ministro José Blanco, o cuando se decidieron modificaciones significativas como la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente, que se produjo siendo ministra Ana Pastor».

Esta vertiente política del siniestro les lleva a seguir sosteniendo la necesidad de que haya una comisión de investigación parlamentaria, así como una pesquisa técnica independiente al margen de la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ampliamente cuestionada desde la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, siglas en inglés).

Auxilio de la UE

Sobre la posibilidad de que los técnicos de la ERA elaboraran un informe sobre la evaluación de riesgos en la línea, el juez considera en su auto que por el momento no es necesario, pues los estudios periciales, particularmente el del ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas, son suficientemente clarificadores. No obstante, el juez no descarta pedir la opinión de este organismo -como solicitó el Ministerio Fiscal- para aclarar «algún aspecto que pueda permanecer controvertido». En todo caso, cualquier diligencia está supeditada a la declaración como investigado de Andrés Cortabitarte.