La trama sudamericana de sobornos blanqueó 2.400 millones de euros

En Pontevedra  nadie recuerda la empresa Vivosant, marcada por la corrupción


Pontevedra / La voz

Nadie en Pontevedra parece recordar el paso del abogado hispanobrasileño Rodrigo Tacla Durán, pero tampoco su empresa, Vivosant Corp. El espacio que ocupaba en la calle Manuel Quiroga se limitaba a un buzón y a una sede social virtual. «Creo que nunca vino por aquí», es lo que vienen repitiendo en estas céntricas instalaciones desde que el martes saltó que esta sociedad anónima estaba situada en el epicentro del mayor caso de corrupción de Sudamérica, un escándalo que ha salpicado a los expresidentes brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Pero ¿cómo operaba Vivosant? En la raíz de todo se encuentra la empresa Petrobras, el mayor conglomerado estatal de Latinoamérica, el cual licitaba las obras que tenía que acometer entre las grandes firmas de ingeniería y de construcción del país carioca. En teoría, el objetivo era estimular la creación de empleos.

Con la finalidad de promover determinadas firmas, y según difundieron diversos medios sudamericanos, la petrolera exigía una mordida equivalente al 3 % de la obra en cuestión, dinero que posteriormente se repartiría entre políticos y empresarios. Entre estos últimos se encontraba Marcelo Odebrecht, heredero de una de las grandes constructoras y quien en marzo del pasado año fue condenado a más de 19 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Para blanquear el dinero, los empresarios bajo sospecha utilizaron toda clase de negocios legales vinculados a la hostelería y al sector de los combustibles. En este punto, y para mover el dinero sin levantar sospechas, Rodrigo Tacla Durán supuestamente constituyó toda una serie de empresas offshore que fueron transfiriendo el dinero a cuentas bancarias en China y Hong Kong. Entre estas sociedades estaba Vivosant Corp., la cual en apenas dos semanas, entre el 14 y el 28 de septiembre del 2010, recibió nueve transferencias por importe de 12,7 millones de dólares que tenían su origen en una de las empresas de Odebrecht, la Constructora Internacional del Sur. Se da la particularidad de que el capital social de la empresa pontevedresa, que desde el 2013 no entrega sus cuentas en el Registro Mercantil, rondó los 57.000 euros.

Según precisaron desde la Guardia Civil, como abogado de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla estaba siendo investigado por las autoridades brasileñas por «el presunto lavado de dinero de la empresa petrolera Petrobras», de tal modo que se sospecha que, con su participación, pudieron haber sido desviados catorce millones de euros a diversos partidos políticos.

Si en marzo era condenado Marcelo Odebrecht, en abril el letrado huyó a Estados Unidos. Interpol dictó una orden de detención a nivel internacional provocando que en noviembre cogiese un vuelo con destino a Madrid. Tras tres días en la capital de España, agentes del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo arrestaron en el hotel en el que se hospedaba.

Se formalizó entonces la petición de extradición por parte de un juez brasileño. El magistrado Sergio Moro lo definió, según recoge Univision Noticias, como «un profesional del lavado de dinero, involucrado en diversos esquemas criminales».

A pesar de que el pasado 20 de enero el Consejo de Ministros dio luz ver a la continuación de este proceso, Rodrigo Tacla permanece en prisión provisional en España. Esto ha espoleado la tesis de que puede estar intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ser extraditado a condición de que facilite información que pudiera implicar a empresa españolas.

En todo caso, en diciembre fue la constructora Odebrecht la que alcanzaba un acuerdo con la Justicia estadounidense y se comprometía a pagar 2.600 millones de dólares para cerrar la investigación que estaba en curso en este país. Se sospecha que, entre el 2004 y el 2012, toda el entramado de sobornos vinculados con Petrobras pudo blanquear 2.400 millones de euros, afectando a una docena de países. Solo en Perú, y en un período comprendido entre el 2009 y el 2014, Odebrecht presumiblemente abonó 29 millones de dólares a funcionarios para obtener licitaciones.

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