Desaparecen figuras como maestro gaiteiro, encuadernador y auxiliar de autopsia, y la intención de Feijoo es que la mayoría se conviertan en funcionarios fijos o temporales
27 ene 2017 . Actualizado a las 09:35 h.La Xunta está en pleno proceso de funcionarización de su personal laboral. Hay algo menos de ocho mil trabajadores, y la intención del Gobierno de Feijoo es que la mayoría se conviertan en funcionarios fijos o temporales, es decir, interinos. De forma paralela a este proceso, la Administración ha decidido reordenar todas las categorías profesionales del personal laboral, de manera que suprimirá algunas, extinguirá otras, y el resto las mantendrá o hará funcionarios a sus trabajadores. En concreto, la propuesta presentada a las organizaciones sindicales es la de suprimir 21, extinguir 77, mantener 47 y funcionarizar 57. Incluso se crearán nuevos puestos de trabajo, ya que la actual relación de categorías es del año 1995, y ahora mismo existen necesidades profesionales que antes no había.
Entre las figuras profesionales que desaparecerán oficialmente del catálogo de trabajadores de Función Pública aparecen algunas curiosas e incluso nostálgicas, como divulgador, capellán, pianista, encargado de reprografía, técnico de restauración cinematográfica, encuadernador, experto en exposiciones, almacenero, auxiliar de autopsia o incluso maestro gaiteiro. ¿Y qué va a ocurrir con los trabajadores que ahora mismo desempeñan su trabajo en alguna de estas categorías? Desde Facenda explican que en las 21 categorías a suprimir no existe ningún trabajador, es decir, solo son vacantes. Sí hay personal laboral en las 77 figuras que se extinguirán, unas 3.800 personas, por lo que en este caso hay varias opciones para eliminar la categoría. Los trabajadores fijos pueden decidir permanecer hasta la jubilación en el puesto; cambiar de categoría si así lo deciden; o acceder a la condición de funcionario tras superar el proceso selectivo que se convoque. Esta voluntariedad es para el personal fijo, ya que los temporales no tienen más opción que entrar en el proceso de funcionarización y convertirse en interinos.
Desde Facenda explican que esta reordenación de categorías era necesaria, ya que la clasificación profesional del personal laboral de la Xunta prácticamente está intacta desde hace veinte años, por lo que con la propuesta «se adapta este sistema a las necesidades actuales de prestación de servicios». La supresión y reformulación de los puestos laborales afecta solo al personal que depende de Función Pública, es decir, no a los sanitarios -que son estatutarios-, ni al personal docente de los centros educativos no universitarios. De ahí que en la propuesta de supresión aparezcan títulos como el de titulado superior neurólogo, dentista o profesor de música, ya que son figuras que han quedado obsoletas en el actual organigrama.
Ni siquiera cuando se refiere a los capellanes quiere decir que vayan a desaparecer los que prestan servicio en los hospitales del Sergas, que lo hacen a través de un convenio, sino que se refiere a plazas laborales de capellán que hubo en el pasado en los hospitales de Ferrol y Santiago.
¿Y por qué el empeño en hacer funcionarios al personal laboral? Según la Xunta este es un compromiso recogido tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Lei de Emprego Público de Galicia. Y además, es coherente que trabajadores que desempeñan las mismas tareas en un centro de trabajo tengan las mismas condiciones, evitando situaciones como que haya horarios diferentes.
Desinformación
Los sindicatos están en pleno proceso de presentación de alegaciones a la propuesta, pero creen que el acuerdo con la Xunta está lejos. José Sánchez Brunete, de CSIF, defiende que el personal laboral fijo tenga la opción de hacerse funcionario, pero lamenta que en el caso de los trabajadores temporales no exista esta opción, ya que tienen la obligación de convertirse en interinos, lo que sería el equivalente al temporal laboral, con una diferencia significativa «y es que si lo echan a la calle, el interino no tiene derecho a indemnización pero el laboral sí». Brunete ve «difícil» este pacto con la Administración por la desinformación y pide que se aclare la propuesta, ya que hay categorías que se refunden y, explica, ni siquiera es coherente que se haga.
Auxiliares educativos
También otros colectivos critican el proceso. Es el caso de los auxiliares educativos de colegios e institutos, unos 600, que veían en esta reorganización una oportunidad para que se reconozcan sus tareas específicas, pero siguen en el mismo escalafón. Asate, la asociación que los agrupa, ha reclamado a Facenda que se aúnen cuidadores y auxiliares en un mismo grupo, como ocurre en otras autonomías, ya que realizan tareas homólogas.
Mismos derechos pero diferencias en su estabilidad y en el sistema retributivo
Qué diferencia hay entre un trabajador laboral y un funcionario? La primera es el sistema retributivo, ya que siguen modelos diferentes. Por ejemplo, los funcionarios tienen diferencias en el cobro de la antigüedad -trienios- en función de la escala a la que pertenecen, mientras que en los laborales la cantidad es homogénea. Los laborales, por su parte, tienen más pluses, por lo que tal y como explica Pablo Rama, del sindicato CSIF, no puede decirse si cobran más unos u otros porque depende de la categoría. En cuanto a los derechos, asegura, tienen exactamente los mismos. Permisos, reducciones de jornada, bajas o excedencias se regulan de hecho por la misma normativa para ambos colectivos.
En donde hay una ventaja clara es en el caso de la estabilidad del personal fijo, ya que aunque es posible echar a un funcionario, es mucho más complicado que en el caso de un trabajador laboral, y de hecho están permitidos los ERE en las administraciones públicas con este tipo de personal -la Xunta nunca los ha hecho-, pero no se permite con los funcionarios. Otra diferencia es que el coste para la Administración es menor en el caso de los funcionarios, porque se evitan las cuotas sociales.
Finalmente, las condiciones de trabajo de este colectivo se regulan en normas públicas, mientras que las del personal laboral se rigen a través de convenios colectivos similares a los que se pactan con cualquier empresa privada.
La Administración confirma su no a la jornada de 35 horas
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, se ha sumado a la iniciativa de Andalucía para que los funcionarios trabajen 35 horas en vez de las 37,5 actuales. Con todo, el presidente gallego, que tachó de «ilegal» la idea del Gobierno de Susana Díaz, aseguró ayer que entre la propuesta de una y otra comunidad hay diferencias. «Castela e León insta á modificación da normativa, e Andalucía quere incumprir a lei con feitos consumados», dijo Feijoo, que aseguró que él no cambia la opinión avanzada por La Voz hace 10 días y que siempre hará «cousas legais». Cree que el teletrabajo y la conciliación son las herramientas útiles que va a seguir la Xunta.