Conflictos entre Administraciones dejan varios viales sin luz ni mantenimiento

El puente de los Santos carece de alumbrado pese a encontrarse en la autovía A-8


redacción / la voz

Las infraestructuras no solo hay que hacerlas, también hay que mantenerlas. Y eso cuesta dinero. Mucho. Quizás por eso no son infrecuentes los conflictos de competencias y las discusiones sobre a quién corresponde el mantenimiento en los casos en los que dos Administraciones comparten la titularidad de una vía. En Galicia hay ejemplos de infraestructuras, puentes en la mayoría de los casos, sin luz o con deficiencias precisamente por esas colisiones territoriales.

El puente de los Santos, que une Galicia y Asturias a la altura de Ribadeo y Castropol, lleva cinco años sin alumbrado. La suministradora cortó la luz a finales del 2011, después de que el Concejo de Castropol, que hasta entonces había asumido ese gasto, dejase de pagar la factura tras 24 años haciéndolo. Castropol había intentado durante años, sin éxito, que Ribadeo financiase su parte, es decir, la iluminación de la mitad de la infraestructura. A partir del año 2008, cuando entró en servicio la autovía A-8, de la que este puente forma parte, intentó que fuese el Ministerio de Fomento, como titular de la vía, el que se hiciese cargo del gasto. La propuesta tampoco cuajó, así que la plataforma se quedó sin luz, y así sigue. Hace algunos meses, la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias instó a los dos ayuntamientos a hacerse cargo del pago. Ribadeo, por su parte, llevó el asunto hasta el Defensor del Pueblo.

Baiona y Nigrán son dos municipios limítrofes. Uno de los puntos que marcan la división entre ambos es el puente de A Ramallosa, de origen romano. Pero las dos Administraciones no se coordinan para mantenerlo, de tal manera que mientras Nigrán cuida periódicamente su parte, Baiona lo tiene más abandonado. La diferencia entre ambas mitades del puente suele ser evidente: una limpia y la otra llena de hierbajos, excrementos de perro o cristales que quedan de las juergas del fin de semana.

Otra infraestructura cuya titularidad se reparten dos Administraciones distintas, en este caso las diputaciones de Pontevedra y A Coruña, es el puente -para paso de vehículos y peatones- que salva la desembocadura del Ulla para unir los municipios de Catoira y Rianxo. En este caso, las dos diputaciones y los dos concellos afectados acabaron por constituir un frente común para que la Xunta asuma el mantenimiento de este enlace, una reivindicación que recuerdan que se planteó por primera vez en el año 1979 y que, casi cuatro décadas después, sigue sin ser atendida. Los ayuntamientos y las diputaciones se quejan de que la titularidad compartida actual dificulta el mantenimiento de la estructura y la condena a una conservación deficiente. Sostienen que si, por el contrario, el puente fuese responsabilidad de una única Administración, sería más fácil realizar las actuaciones de conservación necesarias.

Hace algunos meses, un párroco de la Terra Chá improvisaba un altar en pleno asfalto y oficiaba una misa en la carretera que une Xermade y As Pontes. Esta pintoresca -y, a la vista de los hechos, efectiva- medida, secundada por sus vecinos, tenía el fin de denunciar el lamentable estado de la vía, una sucesión de baches, curvas pronunciadas y trazado sin señalizar. También en este caso el vial depende de dos Administraciones diferentes, las diputaciones de A Coruña y Lugo. Los usuarios se quejaban de que en la provincia coruñesa el firme estaba en buenas condiciones, mientras que en la de Lugo estaba lleno de socavones. Tras las protestas, la Diputación de Lugo reparó la carretera.

También conflicto de competencias, aunque de otro tipo -en este caso con consecuencias no sobre la vía sino, en todo caso, sobre el bolsillo de los usuarios- es el que enfrenta a la Xunta y a Fomento por la titularidad de la AP-9. La Xunta quiere convertirse en titular de la autopista para influir sobre los peajes, pero Fomento se niega con el argumento de la internacionalidad del vial.

Con información de J. Alonso, A. Martínez y M. Cabana.

De protestas con candelas a patos bajo diferentes jurisdicciones

Los puentes sin luz o incluso a media luz son un clásico en los conflictos entre Administraciones. Hasta la reparación del puente de A Illa de Arousa hace unos años no era infrecuente que solo se iluminase por las noches la mitad que pertenecía a ese municipio, mientras que la parte de Vilanova permanecía apagada. Las quejas de los isleños eran entonces frecuentes e incluso llegaron a manifestarse con candelas en las inmediaciones de la infraestructura para reclamar una solución.

Algo parecido ocurrió en el puente que atraviesa el embalse de Cecebre y que comparten Abegondo y Cambre. Cuando se construyó se dejó el alumbrado en manos de los concellos y solo el de Abegondo instaló farolas, de manera que solo se iluminaba una parte.

En Pontevedra, el puente de A Barca, que cruza el Lérez y une Poio y la capital de la provincia, estuvo varios meses sin cubierta en uno de sus tramos peatonales porque, tras haber sido dañado por un temporal, no había acuerdo sobre si la reparación debía acometerla la Xunta o la Administración local.

A pocos kilómetros de allí, Pontevedra y Marín tuvieron también sus discrepancias hace algunos años por la limpieza del paseo de Estribela. El Concello marinense llegó a pedir por carta a Pontevedra que se ocupase de la limpieza del paseo, pues Marín limpiaba el tramo ubicado en su territorio pero, en cuanto se cruzaba el límite municipal, las hierbas y la suciedad se adueñaban de un área peatonal muy utilizada por vecinos de ambos municipios. Desde Marín llegó incluso a salir un reportaje fotográfico sobre el estado de este espacio con destino al consistorio pontevedrés.

Otro conflicto curioso hace unos años fue el que tuvo como protagonistas involuntarios a los patos del lago Castiñeiras, un área recreativa entre Marín y Vilaboa. Los patos domésticos, posiblemente muchos de ellos mascotas liberadas allí por familias que no podían cuidarlas, acababan por expulsar a los salvajes. Además, el cruce entre ambos producía crías sin capacidad de volar ni, por lo tanto, migrar. La Xunta tenía competencias sobre la preservación de los patos salvajes, pero no sobre los domésticos, que tendrían que ser retirados por los concellos. Sin embargo, ni Marín ni Vilaboa aceptaban hacerse cargo de la retirada de las aves.

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