La nueva fecha del AVE y el reparto de los fondos del Estado marcan el inicio del 2017

Galicia pide el tren rápido «lo antes posible» y una financiación ajustada al envejecimiento


santiago / la voz

Galicia vive su inicio de curso político más abstracto de los últimos años. Sin una cita electoral en el horizonte, en el 2017 la carta con los deseos de la comunidad tiene Madrid por destino y podría sustanciarse en una fecha que no es tal y una ecuación socioeconómica todavía inexistente. La primera incógnita que podría despejarse es la llegada del AVE, descartada para diciembre del 2018, y que es una cuestión capital en todos los sentidos. Pero la Xunta ya no quiere otra fecha límite -entre 2019 y 2021, según ha trascendido- sino «que llegue lo antes posible», como expresa el vicepresidente Alfonso Rueda.

Alberto Núñez Feijoo y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se verán en breve para discutir una nueva agenda que políticamente solo tiene un año de margen para la disculpa pública, que es el que estuvo parado el Gobierno de España. Pero ambos políticos son conscientes de que las verdaderas dificultades en los cinco tramos pendientes son técnicas, con unos plazos constructivos muy dilatados, un nivel de ejecución bajo, incluso antes de que el país estuviera en funciones, y unas tensas relaciones con las constructoras. «Contundencia y realismo» son las dos bazas del Ejecutivo gallego en esta negociación, asegura Rueda, quien cree que la Xunta dio una muestra de firmeza cuando el ministro cuestionó la inversión en la variante de Ourense.

El reto político del AVE, condicionado por la ingeniería, tiene la ventaja de ser bilateral entre el Estado y la comunidad, mientras que el de la financiación autonómica es poliédrico y parte de una realidad, y es que Galicia y otras comunidades se sentarán en una mesa en la que no se sirven raciones iguales para todos, y encima dos comensales de peso como Cataluña y País Vasco han adelantado su ausencia, sin más excusa que la de dirigir sus relaciones con Madrid a otro nivel y en otros campos de batalla.

Pero la Conferencia de Presidentes convocada para el 17 de enero en el Senado será, lo quieran o no vascos y catalanes, de carácter ejecutivo. Esto es, las decisiones que allí se tomen llegarán al BOE, recuperando así la idea original de Zapatero, que impulsó en el 2004 estos encuentros en los que ya se ha hablado de terrorismo, investigación o gestión del agua.

Galicia se juega su equilibrio

¿Qué se está jugando Galicia en esta cita autonómica que Rajoy solo convocó en el 2012? «Mantener el principio de solidaridad y un reparto de los fondos más justo que atienda a los servicios prestados y no a una realidad numérica», defienden desde San Caetano. Hasta hoy los criterios de reparto de fondos estatales estaban vinculados al territorio y a su población. A más ciudadanos, más dinero. Sin embargo, la tesis de Galicia, que coincide con la de otras comunidades gobernadas o no por populares, es que ese sistema no será equilibrado si no atiende a las características específicas de la población, porque el coste de un mayor de 65 años o más es mucho más elevado que el de un menor en edad pediátrica, y Galicia presenta un preocupante saldo demográfico negativo que dispara los gastos de una población que vive instalada en una pirámide poblacional invertida, cada vez con más adultos en la cima y menos jóvenes en la base. En este punto, Feijoo propondrá que el gasto sanitario se trate a nivel de financiación como una «pieza separada», ya que en el caso de Galicia supone un 42 % del presupuesto de la Xunta y en el 2020 puede llegar al 50 %.

El éxito de esta decisiva cumbre de presidentes autonómicos, que también abordará la reforma educativa y las relaciones con la UE, radicará en que «todos cedamos y nadie salga ni muy satisfecho ni muy insatisfecho», augura Alfonso Rueda, que ha representado a Galicia en la reunión preparativa y que se muestra optimista porque ha visto «voluntad de acuerdo» en los socialistas. De hecho, el PP ha invitado al PSdeG a participar en los próximos días en una reunión en la sede parlamentaria en la que buscarán posturas comunes, cuestión que fortalecería el discurso de Feijoo ante otras autonomías hostiles políticamente.

Si ese encuentro se produce y es exitoso se trataría de la primera aportación a esa zona de consenso que solicita el presidente gallego pero que, de momento, solo está llena de buenas palabras y pocas votaciones uniformes. El Gobierno quiere convencer a la oposición de la necesidad de apartar de las porfías autonómicas temas como la violencia machista o las medidas que tengan que ver con el declive demográfico, además de intentar generar una barrera monolítica ante cualquier ataque que ponga en cuestión la finalización del AVE gallego, venga de donde venga.

En todo caso, la gran noticia del 2017 es que no hay elecciones a la vista y que ya se vuelve hablar de política sin la urgencia de los votos, una cortesía de los indicadores económicos, en permanente amenaza por factores como el desafío catalán y la estabilidad de Rajoy o los efectos del brexit y Trump en la economía.

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