La oposición secunda que se retire el aforamiento a los diputados, pero pide respetar el derecho de libre expresión

«Non cremos que teña que haber unha protección máis aló que calquera outro cidadán», señala el socialista Leiceaga


santiago / la voz

Los grupos de la oposición no ven con malos ojos la propuesta esgrimida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, de acabar con los aforamientos judiciales para los diputados autonómicos, aunque matizan que cualquier decisión en este sentido no debe ser utilizada como cortapisa y ha de preservar el derecho de libre expresión de los representantes políticos.

Concretamente, el jefe del Ejecutivo autonómico manifestó, en una entrevista concedida a La Voz, que en su opinión los diputados «no necesitan aforamiento», aunque defendió conservarlo para los miembros del Gobierno debido a que se exponen más tomando «decisiones todos los días».

Luís Villares, portavoz del grupo En Marea, defendió ayer, en declaraciones a La Voz, una «revisión crítica» de los aforamientos, para acotar más esta prerrogativa «aos delictos por razón do cargo». No es normal, entiende Villares, que un asunto por un control de alcoholemia contra un diputado o un conselleiro acabe en el Tribunal Superior de Xustiza. «Apostamos por facer unha revisión crítica», apuntó el diputado lucense, para que esta prerrogativa sea percibida «na súa xusta medida», y no como un privilegio. 

Reforma estatutaria

Desde el PSdeG-PSOE, su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, recordó que su formación ya hizo pública una propuesta en este sentido durante la pasada campaña electoral y dejó claro que a su partido le parece «ben» acabar con los aforamientos judiciales. Ahora bien, puso por delante que este asunto requiere de una modificación del Estatuto de Autonomía de Galicia, «e estamos dispostos a facelo», matizó, porque más allá del ejercicio de su actividad política, que básicamente se circunscribe al «dereito á libre expresión» desde la tribuna parlamentaria, «non cremos que teña que haber unha protección máis aló que calquera outro cidadán». Entiende Leiceaga que, realizada esta salvedad, si un parlamentario o un representante político incurre en cualquier tipo de irregularidad, «debe ser xulgada por un tribunal ordinario».

Esta misma visión fue defendida por la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, quien puso de relieve que «se alguén pensa que un aforamento é un privilexio, todo o que sexa eliminar privilexios estamos dacordo». Ahora bien, matizó que en lo que no está de acuerdo es en que se «elimine o dereito á liberdade de expresión» de los diputados, que es -señala- lo «fundamental» de un aforamiento.

Y es que, a juicio de la dirigente nacionalista, sería «perigoso» que se dieran «pasos atrás no que é a salvagarda da liberdade de expresión» y que se sienten las bases para «perseguir aos deputados ou deputadas polas súas valoracións».

En Marea insta a Feijoo a explicar en el Parlamento el regalo de Monbus

El grupo parlamentario de En Marea, a través de su portavoz, Luís Villares, demandó ayer que el presidente de la Xunta comparezca en la Cámara para dar explicaciones por uno de los asuntos que afloró en el marco de la operación Cóndor, que investiga, entre otra cosas, el presunto tráfico de influencias de la empresa de transportes Monbus y el envío de regalos de botellas de vino a un centenar de cargos y excargos políticos de PP, PSOE y BNG, entre los que figuraría Feijoo, según un listado manejado por la jueza Pilar de Lara al que la Fiscalía del Estado niega relevancia penal.

Villares puso de relieve que la aparición del nombre de Feijoo en esa lista deja ver una relación «administrativa e política controvertida», por lo que ha instado al titular del Gobierno gallego a explicar en el Parlamento si recibió los obsequios. El portavoz de En Marea no quiso prejuzgar la repercusión penal que tendría el haber aceptado estos regalos, aunque matizó que se podría estar ante un caso de «suborno pasivo impropio», esgrimió.

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