El Parlamento acuerda por unanimidad una bonificación del IBI para personas sin recursos
GALICIA
Seis mil familias se benefician de las ayudas sociales de vivienda impulsadas por la Xunta, mientras que el parque público para el alquiler alcanza las 3.000
24 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Primer pleno ordinario de la legislatura y primer gran acuerdo de las fuerzas políticas sobre las bonificaciones en el pago del IBI para aquellas personas que pasan por dificultades económicas. Los cuatro grupos que conforman el Parlamento autonómico votaron ayer a favor de una proposición no de ley presentada por el grupo de En Marea, que finalmente incluyó las enmiendas aportadas por populares y socialistas. Se trata, al fin y al cabo, de que la Xunta se ponga de acuerdo con la Fegamp para instar al Gobierno central y al Congreso a que modifique la redacción de la ley reguladora de haciendas locales para dar seguridad jurídica a las bonificaciones en el pago del IBI que ya han puesto en marcha algunos concellos en forma de subvención.
La propuesta inicial era que la nueva redacción incluyese una bonificación potestativa de hasta el 90 % del IBI para aquellas personas que acrediten una mala situación económica. Fue el PP el que propuso que la Xunta se pusiese de acuerdo con la Fegamp para no solicitar este cambio «de costas» a los concellos. El PSdeG, por su parte, creía conveniente que esta bonificación se aplicase solo a la vivienda habitual.
Si el acuerdo se fraguó en una proposición no de ley, el rifirrafe llegó con una interpelación de Antón Sánchez a la conselleira de Vivenda, Ethel Vázquez, sobre la política autonómica en relación a los desahucios. Antón Sánchez utilizó como arma arrojadiza contra la titular de Vivenda las cifras del programa Realoxo: «A última vez que soubemos os datos eran 43 beneficiarios nun período no que houbo miles de desafiuzamentos». Durante su intervención, Sánchez preguntó en varias ocasiones por el número de usuarios del programa, hasta que la conselleira le respondió -tras la insistencia del diputado de En Marea desde su escaño hasta el punto de que fue reprendido por el presidente de la Cámara- que las ayudas autonómicas benefician a 6.000 familias. El parque público de viviendas de alquiler alcanza las 3.000.
Pero el enfrentamiento no se quedó ahí. La conselleira contraatacó diciéndole a Sánchez que la «incapacidade» de gestión del gobierno de A Coruña paralizaba la construcción de vivienda pública en el Ofimático y le pidió que reflexionase sobre si ayuda más estar «detrás dunha pancarta para saír na foto» o que los concellos de A Coruña y Ferrol, «compañeiros de vostede», se decidan a adherirse al programa de viviendas vacías.
Concretar la reválida de bachillerato
«Xa levamos máis dun terzo do curso transcorrido e ninguén sabe moi ben que vai pasar a final deste curso». Se refería el portavoz de los socialistas en O Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, a la prueba de acceso a la universidad de este curso, el primero de implantación de las reválidas de bachillerato y ESO que prevé la Lomce. «A implantación converteuse nun problema» porque el Gobierno «non escoitou ás comunidades autónomas» y ahora el PP «non quere recoñecer o fracaso e andan enredando», espetó Leiceaga a Feijoo en referencia a las modificaciones que dejan sin efecto académico las reválidas y que establecen que la prueba de acceso a la universidad será sobre las materias troncales del segundo curso de bachillerato.
Esa fue la explicación que Feijoo le dio al portavoz socialista. Apeló el presidente de la Xunta al compromiso de ambos con el cumplimiento de la ley para explicar que la Xunta ha estado cumpliendo la normativa, aunque también reconoció que es «urxente» concretar «o contido e alcance dese exame para que a xente que está cursando segundo de bacharelato» sepa a qué se enfrenta para entrar en la universidad.
El presidente de la Xunta también recordó que se formará una subcomisión parlamentaria para alcanzar un pacto por la educación e instó al PSOE a buscar ese pacto.
El PP aprueba en solitario el techo de gasto para el 2017
El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar el techo de gasto de la Xunta para el año 2017, situado en los 9.063 millones de euros, entre críticas de la oposición, que calificó de «austericida» su política económica y de «autobombo» la intervención del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que destacó la solvencia de la comunidad autónoma.