Archivada una pieza separada de la Pokémon sobre el acuario de A Coruña

El caso, en el que se investigaba un presunto delito de tráfico de influencias, fue abierto por la jueza Pilar de Lara y remitido a los juzgados coruñeses


a Coruña / La voz

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha ordenado el archivo de una pieza separada de la operación Pokémon en la que se investigaba un presunto delito de tráfico de influencias en relación con la obra de un aparcamiento en la Casa de los Peces, el acuario coruñés.

El auto ordena el sobreseimiento «por no existir indicios» contra las cinco personas que estaban investigadas. La decisión de la jueza cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal, que pidió el archivo tras la investigación desarrollada en A Coruña.

Las pesquisas se iniciaron después de que en junio del año pasado la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, remitiese la causa a los juzgados coruñeses, al entender que los hechos no había ocurrido en territorio de su competencia.

En los meses siguientes, además de analizar la documentación encontrada en dos ordenadores de la Casa de los Peces que originó la investigación, se tomó declaración a los cinco investigados: José Antonio Fraga, Ángel Álvarez Fernández, Francisco del Amo, director de la Casa de los Peces, Manuel Miramontes, empleado de ese acuario, y Ana Fernández, concejala de Cultura del anterior gobierno local coruñés, del PP. La investigación, en la que se comprobó «si existía relación familiar o de algún otro tipo entre los investigados y la empresa a la que se adjudicaron las obras, Orto Parques y Jardines», no encontró indicios de que ninguno de ellos hubiese actuado de manera irregular.

El delito de tráfico de influencias está penado con penas de seis meses a dos años de cárcel y se aplica a los funcionarios públicos y autoridades que, valiéndose de su cargo, influyan para lograr una resolución «que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero». Según el auto de archivo, las obras no supusieron «ningún beneficio económico para ninguno de los investigados, ni siquiera existen indicios de que tal beneficio se pretendiera». Es más, el auto destaca que en la adjudicación se utilizó el «procedimiento abierto», un sistema más garantista que obligó a solicitar presupuestos a tres compañías, aunque el acondicionamiento de la parte posterior del acuario era «un contrato de obra menor, es decir no superaba los 50.000 euros sin IVA, y tales contratos, de acuerdo con [...] la Ley de Contratos del Sector Público, pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria».

Aunque el único cargo político investigado en el caso era del PP, las obras que provocaron la apertura de la causa se tramitaron en parte antes de la llegada de los conservadores a la alcaldía, justo en los meses anteriores a las municipales de mayo del 2011. De hecho, según la investigación, dos de los presupuestos para hacer los trabajos fueron enviados a la Casa de los Peces en febrero y marzo de aquel año, aunque la adjudicación se firmó en diciembre de aquel ejercicio.

Además de la pieza separada del aparcamiento trasero de la Casa de los Peces, que según fuentes jurídicas sería la séptima derivada de la Pokémon que queda archivada, Pilar de Lara también remitió a los juzgados coruñeses otra pieza sobre unas obras en los efluentes del acuario, en las que se pudieron cometer «presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación». También ha sido archivada.

El caso Pikachu

Ambas causas se abrieron a raíz del estallido de la Pikachu, la rama coruñesa de la operación Pokémon, que en diciembre del 2013 desencadenó una serie de registros en dependencias del Ayuntamiento de A Coruña. En los meses siguientes, De Lara citó como investigados (por entonces imputados) a más de una decena de funcionarios y empleados municipales, además de a los concejales Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE). Ambos han defendido su inocencia en todo momento y una de las causas abiertas contra el segundo, la citada investigación sobre la obra de los efluentes del acuario, también ha sido archivada.

La jueza que archivó ese asunto concluyó, al igual que el fiscal, que los datos aportados a la investigación «no fueron objeto de comprobación por el grupo policial», Vigilancia Aduanera, que seguía las órdenes de De Lara. Es más, el auto decía que «en caso de ser ciertos» serían más reveladores «de un delito de prevaricación» que de uno «de tráfico de influencias», como había valorado la magistrada de Lugo.

Otros archivos

Políticos aforados

Paula Prado y José Manuel Barreiro. El Tribunal Superior de Xustiza no vio indicios en el caso contra la diputada del PP Paula Prado, a la que la jueza implicaba en seis delitos. Lo mismo sucedió con José Manuel Barreiro. El Supremo no vio indicios suficientes y rechazó abrir una causa por hechos «muy desvaídos».

Alcaldes

José Manuel Rey, Argimiro Marnotes y Francisco Rodríguez. En el caso del exalcalde de Ferrol y actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, la jueza De Lara lo desimputó al comprobar que la voz atribuida a un tal Josman, que negociaba una entrega de dinero, no era la del regidor. El exalcalde de O Carballiño Argimiro Marnotes también fue desimputado de un delito de tráfico de influencias. El exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez fue desimputado en una pieza separada de la Pokémon por prevaricación urbanística, aunque sigue imputado en la principal.

Otros casos

José Nogueira. El exconcejal coruñés también fue desimputado en una pieza separada.

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