El exconserje coruñés reconoce que contrató a una persona para poner más cámaras en el colegio

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

SILA DOSIL

El detenido, puesto en libertad, declaró que quería inculpar a un excompañero y así él quedar exonerado

12 nov 2016 . Actualizado a las 11:46 h.

D. P. siempre se declaró inocente hasta que ayer se derrumbó. El exconserje del colegio coruñés Liceo La Paz, detenido hace año y medio por instalar una cámara en los vestuarios femeninos del centro, reconoció ante la jueza que volvió a intentarlo este año. Arrepentido, explicó que contó con la ayuda de una tercera persona -él no podía acercarse a menos de 50 metros de las instalaciones educativas- para colocar tres nuevas microcámaras. Lo hizo para que culparan a un excompañero y así quedar liberado del proceso abierto contra él. Para ello, según relató ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, se hizo con documentación personal del trabajador del colegio a quien quería perjudicar para comprar con su DNI las nuevas cámaras.

Pese a todo, fue puesto en libertad. Eso sí, como investigado por cuatro delitos: falsificación, revelación de secretos, quebrantamiento de medida cautelar y corrupción de menores. Deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y no acercarse al colegio. Ni podrá tener un trabajo en el que exista el mínimo contacto con menores.

La estrategia de D. P., empecinado en salir airoso del proceso judicial por la instalación en enero del 2015 de una microcámara en los vestuarios del colegio Liceo, consistía en poner pruebas falsas contra un excompañero, incluido el uso de la documentación de esa persona para utilizarla el pasado mes de mayo para adquirir los instrumentos de grabación. Descargó en la tarjeta de memoria de la cámara material pedófilo y contactó con una tercera persona para que dejara el aparato en el interior de una mochila en el centro educativo.

Como aquella cámara, que no estaba preparada para grabar, no fue descubierta, en octubre lo intentó de nuevo y adquirió, también con el DNI de su excompañero, dos cámaras más. Y volvió a contar con el mismo cómplice para dejarlas en el centro.

Cuando las cámaras fueron halladas, D.P. se convirtió en el principal sospechoso. La policía entró en su casa y se encontró con la documentación de su excompañero. Eso sí, su ordenador estaba libre de material pedófilo, lo que lo aparta por completo de la macrooperación llevada a cabo en España con 56 detenidos. El centro colaboró con la policía desde el principio.

Hace año y medio alegó que la cámara era para su bicicleta

Cuando en marzo del 2015 la policía entró en casa del entonces sospechoso de haber instalado una microcámara en los vestuarios del colegio, él se mostró sorprendido. Clamó por su inocencia, pese a que las pruebas lo acorralaban. Por la información sacada de su ordenador se supo que había sido la persona que adquirió el equipo de grabación, con todas sus instrucciones. La policía también se encontró con numeroso material pedófilo. Cuando la jueza le tomó declaración, el hombre lo negó todo, asegurando que no sabía cómo había llegado todo aquello a su computadora personal.

Como no le creyeron, lo enviaron a prisión, donde estuvo dos días, los que necesitó para reunir una pequeña fianza. De nuevo en la calle, se le impuso una orden de alejamiento del centro educativo. No podría acercarse a menos de 50 metros y debería presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La dirección del centro ya lo había cesado de su puesto nada más ser señalado como sospechoso.

Las pesquisas para dar con la persona que había instalado la cámara se llevaron con gran discreción. Desde aquel 27 de enero -cuando una alumna encontró el aparato de grabación- agentes de paisano que forman parte del grupo de delitos informáticos acudieron varias veces al centro para saber qué personas podían haber tenido acceso a los vestuarios femeninos. Y no empezaron a descartarlas hasta que las sospechas se centraron en D. P. Fue cuando el centro lo apartó.

Alegaciones

Unas semanas más tarde, en una nueva declaración ante el juez instructor, el ya exconserje admitió que había adquirido tres equipos de grabación a través de Internet similares al hallado en el colegio, pero para su uso particular, pues los quería poner en su bicicleta para grabar sus rutas. Negó en todo momento ser la persona que puso la cámara en el vestuario y sobre los vídeos hallados en su ordenador con pornografía infantil alegó que «pudieron llegar ahí porque suele utilizar programas de descarga» y que por alguna razón que desconoce llegaron a su computadora personal.