El nuevo ministro de Fomento apoyó que se investigara el Alvia siendo alcalde

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Chema Moya | Efe

«Tendrá que hacer lo que comprometió», dice la víctima que impulsó la moción aprobada en el Ayuntamiento de Santander

05 nov 2016 . Actualizado a las 08:39 h.

Juan Sierra Morán perdió a su hermano Manuel en el accidente del Alvia y desde entonces, como sus otros tres hermanos, no ha parado en su lucha para que se haga justicia. Esta víctima de 39 años fue uno de los responsables de las gestiones para que se tramitara la moción en favor de una comisión de investigación por el accidente ferroviario de Santiago, que finalmente fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Santander con el apoyo del PP y de su alcalde, el ahora ministro de Fomento Íñigo de la Serna, según adelantó ayer Europa Press. La puntería de una iniciativa que parecía puramente simbólica en su momento -se aprobó de forma unánime por asentimiento el pasado 29 de julio, cinco días después del tercer aniversario del accidente- es ahora un bumerán político para el recién nombrado ministro, que sin duda tendrá que dar explicaciones al respecto los próximos días. Tarde o temprano deberá aclarar si mantiene su compromiso. «Como político sabrá lo que tiene que hacer. Conocía el texto, él mismo lo leyó en el pleno, y estaba convencido de que era de justicia aprobarlo. Tendrá que hacer lo que ha comprometido», explica Juan Sierra desde Cantabria.

La Plataforma de Víctimas del Alvia pedirá el lunes una reunión con el nuevo responsable del ministerio en la que le recordarán su compromiso con la comisión «para establecer posibles responsabilidades políticas», aunque también solicitarán una nueva investigación técnica al margen de la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuestionada por su falta de independencia por la Agencia Ferroviaria Europea, un asunto que compete de lleno al ministerio y que también estaba literalmente recogida en la moción que apoyó Íñigo de la Serna para instar al Gobierno a que aceptara las peticiones de las víctimas. «Ojalá lo cumpla», aseguró ayer el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, esperanzado ante el nuevo escenario político que se abre en Fomento tras la marcha de Ana Pastor.

Desde hace meses, los miembros de la plataforma están impulsando mociones similares en ayuntamientos de toda la geografía española. Este trabajo abnegado y colectivo acaba de dar un resultado inesperado y de amplio alcance político. Rogelio Bernardo Brotón, vicepresidente de este colectivo, fue de los que más peleó por toda España para dar visibilidad a las reivindicaciones de las víctimas. También hizo gestiones en el caso de Santander. «Se han aprobado mociones en más de setenta ayuntamientos», recuerda.

«Ahora al menos tenemos un responsable del ministerio que se ha comprometido a ayudarnos, no como la anterior. La moción no le pilló por sorpresa», dice Juan Sierra, que explica que la iniciativa la presentó el concejal del Partido Regionalista de Cantabria José María Fuentes-Pila y fue él quien se encargó de negociar con el resto de grupos, incluido el PP, sin que se expusiera reserva alguna pese a la línea política de los populares en este asunto a nivel nacional.

Encuentro con el alcalde

Tras la aprobación, mantuvieron un breve contacto con el entonces alcalde, que les comunicó que aprobar el texto «era de justicia». ¿Habría apoyado la demanda de las víctimas si supiera que iba a ser ministro de Fomento? Juan Sierra recuerda que unos días antes Íñigo de la Serna pidió «un ministerio para un ingeniero de Caminos». «Creo que está bastante claro que quería conseguir la cartera de ministro, y algo quizás ya sabía», asegura.

El PSdeG descarta gastar la «bala de prata» de la oposición en la comisión de Angrois

Antes de que el Parlamento gallego se constituyera para el arranque de la décima legislatura, En Marea y el BNG anunciaron que volverían a pedir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois, toda vez que ahora la oposición, siempre que reúna la firma de 30 diputados, puede crear automáticamente un órgano de estas características por cada legislatura, aunque no tenga el aval del PP.

Pero los dos grupos proponentes necesitan del PSdeG para que la petición se abra camino. Y el portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, se mantuvo en la misma posición de la legislatura pasada, al señalar que una comisión sobre Angrois creada desde Galicia sería «pouco operativa» debido a la falta de competencias y a que los representantes del Estado -Ministerio de Fomento, Renfe o el ADIF- no estarían obligados a someterse al control de una Cámara autonómica.

Leiceaga advirtió que su grupo no ve oportuno «gastar a única bala de prata» de que dispondrá la oposición en la legislatura, al margen del PP, en crear una comisión que no va a funcionar por falta de competencias.

El propio portavoz del PP, Pedro Puy, se sumó al argumento de la falta de competencias para investigar desde Galicia, y dijo que una comisión de este tipo debería ser de investigación «e non un estrado para facer demagoxia». Aun así, desde el BNG y En Marea insisten en defender la creación de este órgano, arguyendo que «tería utilidade».

«La seguridad ferroviaria es muy cara. Es un abuso», dice uno de los peritos del caso

El catedrático de la Universidad de Cantabria y perito del caso Alvia, Enrique Castillo Ron, que realizó un análisis de riesgos para la causa que investiga el accidente de Santiago, declaró en la vista para ratificar su informe hace dos semanas que la seguridad ferroviaria «es muy cara». «Un kilómetro de ERTMS [el sistema que controla la marcha del tren en todo momento] cuesta millón y medio de euros. Es un abuso, hay que decirlo así; es una barbaridad», aclaró a preguntas del juez que instruye el caso, Andrés Lago Louro, recogidas en los vídeos de la vista distribuidos a las partes. Para Castillo Ron, la línea Santiago-Ourense que llega a Angrois «es en principio de alta velocidad». Pero, en su opinión, el ADIF interpreta el Alvia «como un tren convencional, con el que no se tienen las mismas delicadezas, no se estudia tanto la seguridad».

Junto con estos factores, el ingeniero de Caminos de origen gallego considera que existe un cierto consenso técnico «en no proteger los excesos de velocidad, especialmente en las líneas convencionales, y trasladar la responsabilidad al maquinista. A mí eso me repugna». En el análisis de riesgos que hizo el administrador ferroviario, precisa Castillo Ron, el peligro de que hubiera un exceso de velocidad cerca de la estación de Santiago era «despreciable». «Como consideraron que esa posibilidad era tan poco probable, no hacen nada más, asumen que no merece la pena gastarse tanto dinero para cubrirla».

En opinión de este experto, al que el perito judicial Juan Carlos Carballeira encargó el informe, la normativa europea en materia de gestión de riesgos «está mal». «Hay que mejorarla», añadió. Durante la comparecencia se le preguntó por el premio Talgo que le entregó la exministra de Fomento, Ana Pastor.