El «brexit» obliga a agilizar el pleito por los 914 millones del «Prestige»
GALICIA
La Audiencia pide una dedicación exclusiva durante 9 meses para ejecutar la sentencia
21 oct 2016 . Actualizado a las 07:44 h.«Lograr los 1.000 millones de dólares de la póliza del Prestige será muy complejo. Pero será prácticamente imposible con el brexit». Así se expresaba ayer un jurista que conoce el larguísimo procedimiento por el vertido del petrolero, del que en menos de un mes se cumplirán 14 años. La perspectiva de la desconexión del Reino Unido del resto de Europa preocupa a las partes implicadas en lograr los 1.000 millones de dólares (914 millones de euros) de la póliza del Prestige, después de que el Tribunal Supremo declarara responsable civil directa a la aseguradora, London P&I Club, en paralelo a la condena a dos años de cárcel para el capitán Mangouras, por el momento suspendida.
El brexit añade un plus de incertidumbre al ya de por sí complejo proceso para lograr la única compensación posible al margen de los 150 millones del Fidac o del dinero que adelantó el Gobierno a más de 18.000 afectados y que ahora pretende recuperar. Aunque todavía no se ha iniciado el proceso de desconexión -Londres presentará en marzo la petición formal- se teme que la suelta de amarras de Londres con Bruselas pueda afectar de alguna manera a los convenios de colaboración judicial establecidos en el marco comunitario. El proceso, según el artículo 50 del tratado de la Unión, puede durar un máximo de dos años, pero es posible que se recorte sensiblemente.
El plan de la Abogacía del Estado -la Fiscalía no puede ejercer su papel de defensa de las víctimas en un proceso civil en el extranjero- es presentar una demanda de ejecución en la jurisdicción británica, para lo que deberá contar con el apoyo de un bufete de abogados de ese país, como ya sucedió en su momento con la demanda contra la clasificadora del buque en Nueva York. Antes de esto, sería recomendable contar con la cuantificación total de los daños de la marea negra, una tarea ímproba de la que está encargada la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El magistrado que debe llevar a cabo la ejecución de la sentencia del Supremo, Juan Luis Pía, pidió al presidente de la Audiencia que solicitara su dedicación exclusiva a este asunto a partir del 15 de enero y durante un plazo de 9 a 12 meses. Es posible, no obstante, que en tres o cuatro pueda haber una primera estimación de los daños.
60.000 folios
Se trata de examinar más de 60.000 folios de la pieza civil, más la documentación que han ido presentando los afectados durante las últimas semanas para, en base a los informes periciales, calcular la indemnización que corresponde a cada parte. También se examinarán las compensaciones de los más de 18.000 afectados que recibieron un adelanto a cuenta de las arcas públicas. El Estado quiere cobrar ese dinero ahora, aunque existen algunas dudas legales al respecto.
El presidente de la Audiencia coruñesa ya ha informado positivamente de la necesidad de liberar al magistrado de su trabajo diario. Este informe está en poder del Tribunal Superior de Xustiza, que lo remitirá al Consejo General del Poder Judicial, organismo que en última instancia debe aprobar la sustitución provisional.
El efecto del brexit sobre este proceso es aún nebuloso. El fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, cree que la demanda de ejecución la presentará el Estado «como un particular más, por lo que en principio no debería haber complicaciones». El abogado Xosé Avelino Ochoa, que representa a afectados que aún no cobraron, considera que el problema está en el blindaje legal de la aseguradora, que cuenta con una sentencia que obliga a cualquier demandante a someterse a un arbitraje en Londres.
Crece la presión del Fidac y de la industria contra la sentencia del Supremo
El martes se celebró en Londres el comité ejecutivo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos (Fidac), que contó con la presencia de una delegación española que volvió a sufrir críticas prácticamente generalizadas por la sentencia del Supremo. El propio director del fondo de 1992 del Fidac, el español José Maura, cuestionó en un informe la ruptura del límite de responsabilidad de la aseguradora, pues considera que va en contra del convenio internacional, suscrito por España, que rige los derrames de hidrocarburos.
La asociación internacional de las aseguradoras marítimas también criticó el fallo. Asume que el London P&I Club afrontó su responsabilidad al depositar los 22,8 millones que marca el convenio. Recuerda también que las condiciones de la póliza de 1.000 millones obligan a tramitar cualquier reclamación en un tribunal de arbitraje en Londres, pero solo si antes el propietario del buque ha pagado las indemnizaciones.