Los expertos de la aseguradora de Renfe ratifican que el riesgo en Angrois era intolerable

Todos los peritos concluyen que no se hizo un análisis integral de los peligros de la línea ni una evaluación concreta de la curva


El itinerario semántico entre un riesgo «despreciable» y otro «intolerable» explica en buena medida lo que sucedió en Angrois el 24 de julio del 2013, cuando un Alvia descarriló en la única curva tras un trazado de 84 kilómetros prácticamente rectilíneo, provocando 80 muertos y 144 horas. En la vista de seis horas que ayer se celebró en los juzgados de Santiago se dirimió uno de los asuntos clave que motivó la reapertura de la instrucción por parte de la Audiencia de A Coruña: si el ADIF evaluó de forma explícita el riesgo en la curva de Angrois e hizo un análisis integral de los peligros de la línea Santiago-Ourense. Los peritos de la aseguradora de Renfe (QBE), el holandés Frans Heijnen y el británico James Robert Catmur, fueron los primeros en ratificar sus informes, en este caso muy críticos con la fórmula elegida por el administrador ferroviario para evaluar los riesgos, circunscrita a los elementos de seguridad -principalmente el ERTMS ausente en la curva- y sin que se valorara la globalidad de la línea, el peligro concreto de la curva y la posibilidad de fallo humano. En esto coinciden con el catedrático de la Universidad de Cantabria Enrique Castillo Ron, al que el perito judicial Juan Carlos Carballeira encargó un cálculo del riesgo potencial en la línea que también ratificó. Castillo Ron reconoció que la desconexión del ERTMS embarcado, solicitada por Renfe y autorizada por el ADIF, duplicó el riesgo en la curva.

Tanto Heijnen como Catmur creen que el riesgo en la curva era «intolerable», lo que obligaba a los responsables de seguridad a desplegar elementos de protección -presentes en el resto de la línea- para disminuir el riesgo en la brusca reducción de velocidad -de 200 a 80 por hora-, que quedaba en exclusiva en manos del maquinista. Mientras, el ADIF, organismo al que se le exportó la vigilancia de que la reducción de velocidad recayera en exclusiva en el maquinista, se limitó a dar por bueno el diagnóstico de que ese peligro era «despreciable» y no precisaba refuerzos de seguridad. La abogada del Estado admitió que no hubo una evaluación integral de riesgos, pero argumentó que la normativa que la hacía obligatoria se aprobó en el 2012, cuando ya se había puesto en servicio la línea.

Declaraciones

El fiscal Antonio Roma cuestionó por exagerado el cálculo de riesgos de los peritos de QBE, que cifraron la probabilidad de accidente en Angrois en un descarrilamiento al año. No obstante, La Voz ha podido saber que la Fiscalía se plantea solicitar declaraciones en calidad de testigos de los técnicos que llevaron los registros de riesgo.

Tanto el letrado que defiende al maquinista, Manuel Prieto, como la portavoz de la plataforma de víctimas, Teresa Gómez-Limón, que asistió a la vista, creen que deben producirse nuevas imputaciones.

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