El autobús que viene se parecerá al taxi

Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

MARTINA MISER

La Xunta inicia el plan para implantar el transporte bajo demanda, siguiendo el exitoso ejemplo de Castilla y León

08 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia es el país de los autobuses. Hay 143 servicios de transporte regular que atienden 7.500 paradas y hacen 50 millones de kilómetros anuales. Si a eso se le suma el transporte escolar las cifras son aún más impactantes, pues esta red tiene unas 23.500 paradas y 3.900 rutas diarias. En cambio, curiosa paradoja, tres cuartas partes de los más de 30.000 núcleos de población de Galicia carecen de parada regular, a pesar de que muchos más tienen una para los escolares.

Esta es la compleja realidad del transporte público interurbano en Galicia, en la que la Xunta ve necesario acometer una profunda transformación que tenga en cuenta dos variables inherentes a la sociedad gallega: la dispersión y el envejecimiento poblacional. Para ello han seguido las exitosas experiencias de autobuses bajo demanda desarrolladas en Castilla y León o la sierra madrileña, consistentes en no concebir el transporte público como una ruta invariable, sino adaptable a la demanda. Es decir, transformar el autobús para que se parezca algo más al taxi, pero sin invadir su mercado. De hecho, la Xunta también se plantea recurrir a taxis con tarifa plana para poder llegar a zonas con muy poca población y baja demanda para el autobús donde, por lógica, este servicio no sería rentable. Se trata, también, de evitar que vehículos con 50 plazas circulen vacíos por la corredoiras del país.

Con el modelo bajo demanda, instaurado en la comunidad castellanoleonesa desde el 2004, han salido ganando empresas y clientes, pues se han reducido tanto los tiempos de viaje como los gastos de explotación, incluido el combustible. El territorio vecino comparte con Galicia el peso del envejecimiento poblacional, aunque no tanto la dispersión de viviendas unifamiliares, sino de núcleos. Su principal problema es la enorme extensión de su territorio y la baja densidad poblacional (27 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 92 de Galicia). El objetivo cuando se planteó este sistema era llegar a los pequeños núcleos que no estaban en las grandes rutas para garantizar los servicios de educación o sanidad a sus habitantes, o simplemente para que puedan llevar sus productos al mercado. Si esa demanda no existe, el transporte tampoco.

Como pasará en el modelo gallego, el DRT (siglas en inglés de demand responsive transport) de Castilla y León consiste en que el cliente hace una petición previa a través de un teléfono gratuito o vía Internet, que se centraliza en una plataforma o centro virtual de peticiones que en Galicia estará funcionando al final de esta legislatura (hacia el 2020). En este centro se diseñan las rutas para atender todas las peticiones. En paralelo, los autobuses cuentan con un sistema embarcado para comunicarse con el centro de control y hay incluso paneles informativos interactivos en algunos núcleos. En la sierra madrileña, por ejemplo, se apostó por las marquesinas inteligentes, en las que el autobús para cuando alguien acciona el mecanismo de llamada. En este caso, más que una reserva anticipada, la plaza se obtiene en tiempo real. La Xunta no descarta utilizar esta tecnología en algunos casos. El modelo de transporte bajo demanda de Castilla y León incluye 810 rutas que dan servicio a más de un millón de habitantes de 3.557 localidades, explica GMV, la empresa que gestiona este sistema.

En el caso de Galicia, era muy necesario darle una vuelta al modelo. El régimen concesional de las líneas de autobuses data en muchos casos del siglo pasado, pero la rigidez de este sistema impidió adaptar las concesiones a las necesidades actuales de movilidad. Este hecho ha provocado que algunas rutas sean una ruina para las empresas de transporte y, sin embargo, zonas con amplia demanda como algunos polígonos industriales están desasistidos por la oferta. A todo este problema se sumó la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la prórroga de más de un centenar de concesiones.

En Galicia, como en Castilla y León y en Asturias, también se buscan sinergias entre el transporte regular por carretera y el escolar, de forma que se puedan aprovechar las plazas libres para dar servicio a los habitantes de las zonas rurales.

«La transformación se acometerá a lo largo de esta legislatura», dice Ethel Vázquez

Los primeros servicios de autobús bajo demanda podrán establecerse a partir del segundo semestre del año que viene, cuando expiren algunas concesiones que están en vigor, que se modificarán para que sean más eficientes y con mayor capacidad de servicio público. Pero el proceso será largo. «La transformación y ordenación del transporte público en Galicia se acometerá a lo largo de esta legislatura», aseguró ayer la conselleira de Infraestruturas en funciones, Ethel Vázquez. Ya se ha licitado una primera fase del plan, dotada con 2,5 millones de euros de presupuesto, en la que se revisará el estado y la demanda de los actuales servicios y la implantación de nuevos itinerarios, basados en seis divisiones territoriales: A Coruña y Lugo Norte, Galicia centro, Ourense centro, Ourense este, Pontevedra y A Coruña oeste.

Las empresas que se hagan con este contrato deberán hacer un diagnóstico de la situación actual (un análisis de la oferta y la demanda, que se trasladará a un sistema de información geográfica). También realizarán trabajos de campo para conocer y detectar las nuevas necesidades de movilidad y se articulará un mecanismo para la participación de los ayuntamientos.

Plataforma de reservas

En mayo del próximo año estarían listas las conclusiones de los estudios, se culminaría la primera fase del plan durante el verano y se producirán las primeras adjudicaciones de nuevas líneas con el servicio bajo demanda integrado. Después se determinará el sistema de reservas y la plataforma que las centralice, en marcha en el 2020. En esa fecha estaría plenamente operativo el nuevo mapa de servicios, que en realidad comenzó a reformarse hace ocho años y que estará bajo la cobertura de una ley aprobada este año.