Un registro de riesgos en el que no hay ni rastro del accidente de Angrois
GALICIA
El documento «vivo» que debe constatar las amenazas en la línea no se actualizó entre noviembre del 2011 y abril del 2016
07 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.¿Qué hay detrás de los documentos sobre análisis y registros de riesgo que entregó el ADIF? ¿Qué es lo que no hay? La aportación el lunes pasado de una información «relevante» que, según la Abogacía del Estado, «se omitió por error» causó un profundo malestar en las partes del procedimiento y en las víctimas, que vieron cómo obligaba a retrasar hasta el día 18 la vista de ratificación de los peritos que analizaron la gestión de riesgos en Angrois.
¿Cómo y por qué se presentaron los documentos?
Según el ministro de Justicia y Fomento en funciones, Rafael Catalá, la idea de presentar estos documentos tres años después de que fueran reclamados por el juez Luis Aláez se la planteó el fiscal del caso, Antonio Roma, a la abogada del Estado. El fiscal corrobora que comunicó verbalmente a la letrada la ausencia del hazard log (registro de riesgos y amenazas) en el sumario. Estaba preparando la comparecencia de los peritos y comprobó que distintos informes hacían referencia al registro, pero la fuente original no estaba presente en la causa. El fiscal transmitió la ausencia verbalmente a la abogada del Estado, sin seguir el procedimiento formal que daría luz y taquígrafos a la petición. El informe apareció de repente en la causa y daba la impresión de que el ADIF lo aportaba con algún interés oculto. Abogados del proceso creen que el fiscal debió solicitar esa información a través del juez para evitar cierta imagen de «compadreo» que el fiscal niega.
¿Son los análisis de riesgo que echan de menos los expertos?
No. Para empezar no hay ni una sola referencia a la problemática de la curva de Angrois. La Audiencia coruñesa, cuando reabrió la instrucción, infirió que la tasa de riesgo en este punto es intolerable, según los análisis de los peritos de la aseguradora de Renfe. Y precisaba por tanto acciones que lo mitigaran. Tampoco está en los documentos el safety case del ADIF, o evaluación integral de los riesgos de la línea. Lo único que hay en la causa son evaluaciones del subsistema de seguridad y señalización. Y tampoco hay acciones que mitiguen la posibilidad de un fallo humano en la zona más peligrosa de la línea, donde se produjo el accidente. Simplemente se exporta ese riesgo al maquinista sin más, recordando que debe respetar el cuadro de velocidades máximas.
¿Qué aspectos llaman la atención de los documentos?
Las víctimas y otras partes creen que detrás de la entrega de esa documentación puede haber intereses inconfesables, como culpar a las empresas que desplegaron la seguridad en la línea, a pesar de que los cambios en el proyecto y la desconexión del ERTMS embarcado -decisión de la que tampoco consta un análisis de riesgos- fueron medidas que se tomaron al más alto nivel del ADIF y Fomento. Incluso sospechan que los documentos fueron creados ad hoc como cortina de humo para ocultar ausencias documentales mucho más relevantes. Llama la atención que estos papeles fueran actualizados a partir de abril del 2016 hasta junio de este mismo año. Sin embargo, no hay ninguna actualización desde noviembre del 2011, poco antes de que se pusiera en servicio la línea, hasta estas últimas realizadas este año. No deja de ser curioso. Fuentes oficiales explicaron que el registro de riesgos y amenazas «es un documento vivo, que debe actualizarse cuando hay cambios en la línea». El principal cambio en la línea Santiago-Ourense fue, desgraciadamente, el accidente que costó la vida a 80 personas y causó 144 heridos. Después de esta tragedia se demostró que el riesgo intolerable que estaba latente en esa curva podía solucionarse con tres simples balizas. Pero en el registro ni siquiera se menciona la instalación de estos elementos.
¿Tendrán relevancia en la causa?
Lo más probable es que no, aunque han enrarecido un poco más el ambiente en el procedimiento. Las víctimas, no obstante, pedirán que se demuestre la autenticidad de los documentos y pedirán que declaren sus autores.