El médico que operó de sordera al niño autista defiende su proceder ante el juez

Atribuye el cambio a «maduración cerebral» del pequeño entre sus 3 y 5 años


ourense / la voz

El médico que en febrero del 2005 operó de sordera a un niño que aún no había cumplido tres años y a quien instaló un implante coclear, que tiempo después le fue retirado al comprobarse que era autista, defendió ayer su intervención. «Entiendo que sí fue correcta la intervención», dijo en su declaración ante el juez de lo contencioso de Ourense en el procedimiento de responsabilidad patrimonial que la familia del menor, hoy con 14 años, ha planteado contra el Sergas. El especialista de otorrinolaringología se preguntó en un momento de su declaración «por qué no» podía ser posible que de una prueba de potenciales evocados, que hace un neurofisiólogo y permite descartar la respuesta a estímulos para llegar a la conclusión de que el niño padece sordera, se pasa en dos años a un diagnóstico de autismo y a constatar que tiene audición normal en un oído y una pérdida importante en el operado.

Como explicación aportó la «maduración cerebral» del menor. En todo caso, este médico actualmente jubilado en la sanidad pública aclaró que al menor se le había repetido la prueba, en una ocasión dormido, con el mismo resultado. Negó la necesidad de hacerlas de nuevo entre la frustrada primera operación de diciembre del 2004, cuando ya en la mesa del quirófano se suspendió a causa de una infección, y la segunda y definitiva el 21 de febrero del año 2005.

Defendió el médico su actuación profesional, resaltando que si había conseguido salvar un porcentaje de audición en torno a un 35 % es que su proceder había sido «muy cuidadoso». En general, la pérdida con el implante puede ser casi total.

Después de las periciales de ayer, en la que las partes se mantuvieron en lo fundamental dentro de los planteamientos de base, queda ahora el testimonio de los especialistas del hospital público de Barcelona donde se diagnosticó el autismo y las conclusiones. El Sergas y la aseguradora Zúrich ven correcto el proceder de la Administración. La familia del menor reclama 550.000 euros por los perjuicios sufridos.

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