Diez retirados por heridas en acto de servicio piden al Estado equipararse a los lesionados por atentado terrorista
23 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Un accidente en acto de servicio les retiró hace años de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al que ahora demandan que les reconozca la misma pensión económica que se les brinda a los heridos por atentado terrorista. Los enmarcados en este último caso sí perciben, afirman, el máximo de la prestación que les corresponde. Frente a ellos, cientos de agentes heridos en otro tipo de circunstancias laborales aseguran ver recortada mes a mes su prestación debido a una norma dictada en 1984 que así lo estableció «con carácter provisional». Sin embargo, dicha disposición no se ha modificado 32 años después. Más de trescientos policías, guardias civiles y militares de toda España que se encuentran bajo esta norma han decidido librar una lucha en los tribunales. Un proceso legal que se inició allá por el año 2011 y que empezó en la Audiencia Nacional, siguió en el Tribunal Supremo y murió en el Constitucional. Hasta ahora.
El último recurso
Tras el último carpetazo, el despacho de abogados que defiende a los agentes afectados, Bufete Osuna, ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Con suerte, en un año dictará su resolución. Mientras tanto los afectados, entre los que se encuentran diez gallegos, seguirán sufriendo unas secuelas que les acompañarán de por vida. Y continuarán cobrando, dicen, una pensión considerablemente menor a la que percibirían si sus heridas fuesen resultado de un atentado terrorista. Uno de estos demandantes hace la pregunta fundamental: «¿Qué más da que me pegue un tiro un terrorista o un delincuente común?». Hace doce años que este hombre, guardia civil que desempeñaba sus funciones en A Coruña, sufrió una explosión de dinamita en la cantera que le rompió los tímpanos y le llevó directo al quirófano. «Me operaron, pero nadie me quita los acúfenos -sonidos que siente-. Escucharé ruidos hasta que me muera, por no hablar de la parte psicológica», apunta el perjudicado, que señala que hay una diferencia de uno 1.000 euros entre su prestación y la de un herido por atentado. «Conozco a gente que se quedó coja y compañeros que han recibido un tiro durante una intervención en un atraco», lamenta. Lo mismo relata otro policía de Porto do Son que trabajaba en la Unidad de Caballería: «El caballo cayó y me reventó lumbares y cervicales. Tuve que recurrir a la Justicia para que me reconocieran la minusvalía, que es del 65 %, y tardé trece años en ganar el contencioso. Nuestra situación me parece discriminatoria», declara. Por no hablar de otro guardia civil que se accidentó con su moto y entró en coma con fractura craneal. Tres historias de entre las trescientas que claman justicia.
La defensa busca la modificación de una norma que en 1984 se dictó de forma «provisional»
Fernando Osuna, que encabeza la defensa de los más de trescientos profesionales que han demandado al Estado por el recorte de sus pensiones tras resultar heridos en acto de servicio, asegura que la norma que regula esta prestación tendría que haberse modificado. «Se encuentra en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1984 para el año 1985, y en ella se contemplaba que era una norma con carácter provisional por la que se iban a recortar estas prestaciones durante un tiempo. Pero ya estamos en el 2016 y sigue igual». El letrado cree entender el motivo por el que no se les recortaron las prestaciones a los heridos por atentado terrorista: «Creo que fue por una cuestión política, porque en ese momento el terrorismo en España estaba haciendo mucho daño». Ahora bien, ¿por qué se les ha denegado hasta ahora ese incremento en los tribunales? «Consideran que no hay discriminación porque las administraciones son libres de recortar la pensiones».