Drones contra el desmán urbanístico

m. cheda SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

GEORGES GOBET | Afp

La Xunta destina 24 millones a invertir en innovación para naves no tripuladas con las que prevé controlar desde la gestión del suelo hasta el uso de ayudas agrícolas

22 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Para detectar desmanes urbanísticos, para impedir deterioros del paisaje, para combatir el furtivismo en las costas, para velar por el correcto empleo de las ayudas de la política agraria común (PAC), para seguir las mareas rojas, para controlar flujos turísticos masivos, para mejorar los servicios de emergencia y de guardacostas, para prevenir incendios forestales, para gestionar el patrimonio cultural... Para todas esas cosas, entre otras, pretende la Xunta utilizar aeronaves no tripuladas. A desarrollar esas aplicaciones y a encauzar su fabricación de aquí al 2020 dedicará 24 millones de euros, a través de un proceso de compra pública innovadora al que el Gobierno gallego dio luz verde ayer en su reunión semanal. Un 80 % del gasto lo cubrirá el Ministerio de Economía recurriendo a fondos europeos del programa Feder.

A lo largo de los últimos meses, la Administración autonómica ha recabado del mercado 95 propuestas de posibles usos punteros con drones civiles. Sobre esa base, coordinados por la Axencia Galega de Innovación, una decena de consellerías y otros departamentos elaborarán ahora un listado preciso de necesidades tecnológicas que en la primera quincena de septiembre presentarán al sector. Le encomendarán «solucións concretas para problemas concretos», en palabras de Alberto Núñez Feijoo. Ya a lo largo del último trimestre del 2016, la Xunta aspira a licitar los contratos correspondientes para convertir todas esas ideas en realidades. Por fases, a lo largo de los tres años siguientes irá recibiendo los dispositivos y el software asociado a ellos.

El Ejecutivo inscribe esta iniciativa en el plan para crear y potenciar en Rozas (Castro de Rei, Lugo) el primer polo tecnológico e industrial de vehículos sin piloto de España. Un proyecto que, con esta última, ya tiene comprometidas inyecciones económicas por valor de 149 millones, de los cuales los socios privados (Indra e Inaer) aportarán 75. De ellos, 42 redundarán en contratos que beneficiarán a 35 empresas, agrupaciones gremiales y centros tecnológicos radicados en Galicia.

Financiación para 750 planes

La supervisión del citado polígono acaparó buena parte de un Consello de la Xunta de contenidos eminentemente económicos, que revisó tres informes, aprobó otros tantos decretos y adoptó 21 acuerdos más de diversa índole. Entre las decisiones tomadas destaca la de destinar 6.000.000 de euros a bonificar microcréditos y préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes), ventajas financieras gracias a la cuales, según datos oficiales, podrán salir adelante 750 inversiones de sociedades por valor de 45 millones.

Varios menos, 1,8, recibirá la Universidade da Coruña para mejorar sus cinco centros tecnológicos. Otros 1,4 los absorberá, para su constitución, el campus industrial de Ferrol, «un paso máis na estratexia de especialización das nosas universidades», según Feijoo. En su comparecencia, el mandatario popular también comprometió una aportación de las arcas autonómicas que posibilitará la contratación de 15 doctores del programa de investigación Juan de la Cierva, que Madrid costea al 90 %.

Además, el Ejecutivo creó la figura de comendador de la gastronomía gallega, con la que la Axencia de Turismo distinguirá anualmente, con carácter vitalicio y sin remuneración, a personas, entidades, asociaciones y colectivos que promuevan la huerta y la cocina de la comunidad en el ámbito español e internacional.

Feijoo afea a Madrid negar ayudas por pedirlas en gallego

En la rueda de prensa posterior al Consello, Feijoo calificó de «disparate» la decisión del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de denegar ayudas al Concello de Santiago, y al vecino de Teo, por haber tramitado estos parcialmente en gallego sus solicitudes de subvención. De hecho, instó al organismo estatal a rectificar, como también le pidió «sentido común» el alcalde de Compostela, Martiño Noriega.