Pastor reacciona y convoca a Audasa para recordarle el interés público de la AP-9

En la reunión, aún sin fecha, la ministra pedirá información sobre los planes de venta

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Redacción / La Voz

Dos días después de que se hiciese público el interés de Globalvía por adquirir Itínere -la empresa que tiene en sus manos, a través de Audasa, la gestión de la principal vía de comunicación de Galicia, la AP-9-, el Ministerio de Fomento ha reaccionado. Desde ese departamento confirmaban que la ministra Ana Pastor va a convocar a la dirección de Audasa a una reunión. Este encuentro, para el que todavía no hay fecha pero que tendrá lugar en los próximos días, se plantea con el objetivo de que la dirección de la concesionaria de la autopista informe sobre el alcance de esa operación de compra.

Al mismo tiempo, Pastor recordará a los directivos de Audasa la vocación de servicio público que tiene la autopista y la obligación que, como concesionaria de una infraestructura de interés público como la AP-9, tiene de garantizar que se cumplan los términos de la concesión. Aunque el miércoles todavía no estaba fijado el día en el que se celebrará esa reunión, en el ministerio esperaban que las agendas de las dos partes implicadas puedan coincidir en el plazo máximo de una semana.

En esa reunión entre ambas partes Fomento tratará de disipar dudas sobre el futuro de la estructura empresarial que gestiona la AP-9, después de conocer que Globalvía, participada por los fondos de inversión extranjeros USS, OPTrust y PGGM, presentó una carta de interés en la que pide a los socios de Itínere realizar un estudio de la empresa para plantear después una oferta de compra en firme. Esa carta de interés la tienen tres de los accionistas minoritarios de Itínere: Abanca, Sacyr y Liberbank. Entre los tres suman el 45 %, un porcentaje que no daría a Globalvía el control de las autopistas gallegas, a no ser que su interés sea adquirir una participación mayor. La compañía interesada en la compra parte de una oferta de 1.000 millones que podría llegar finalmente a los 1.500.

En principio, la operación de compra que Globalvía parece interesada en ejecutar no tendría repercusión, al menos de manera inmediata, en la gestión de las autopistas gallegas -además de la AP-9, Itínere tiene también la administración de la AG-55, la AG-57 y un porcentaje de la AP-53-. Las obras que están en ejecución -entre ellas la ampliación del puente de Rande o de los accesos a Santiago- no se pararán y cualquier cambio en los peajes debe ser autorizado por la Administración de la que depende la vía, que en el caso de la AP-9 es el Ministerio de Fomento. Ambas cuestiones se abordarán, sin ninguna duda, durante la reunión con la concesionaria.

De todos modos, el posible cambio en la titularidad de la autopista encendió la luz de alarma en el ámbito político gallego. Desde la Xunta exigen que la AP-9 esté en manos «solventes». AGE y el BNG, a través de sus portavoces, Antón Sánchez y Ana Pontón, expresaron su temor de que la nueva concesionaria, si la operación finalmente fragua, querrá subir los peajes. Y todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia -PPdeG, PSdeG, AGE, BNG y el grupo mixto- retoman la reivindicación de que la autopista AP-9 sea transferida a Galicia, una demanda que Fomento siempre negó argumentando que se trata de una vía internacional.

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