Las víctimas del Alvia accederán al fin al informe de Bruselas sobre el accidente de Angrois

La Comisión Europea aplazó hasta en tres ocasiones su publicación por presiones del Gobierno español

Concentración de las víctimas en el segundo aniversario del accidente
Concentración de las víctimas en el segundo aniversario del accidente

Enviada Especial / Bruselas

Bruselas cede. Tras ocho meses de trabajo y esfuerzos por ocultar el informe sobre el accidente en Angrois del tren Alvia, la Comisión Europea ha decidido hacer público el documento elaborado por la Agencia Ferroviaria Europea sobre el siniestro. Según ha podido saber este diario, lo hará este jueves en el transcurso de una reunión que mantendrán la plataforma de víctimas y la portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, con el director general de Seguridad Ferroviaria, Herald Ruijters, y el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad Europea (ERA), Josef Doppelbauer, en la capital comunitaria.

La revelación del documento pone fin a la extenuante lucha que mantienen los afectados y familiares de las víctimas desde el 17 de noviembre del 2015, cuando la Comisión Europea recibió en su sede a los representantes de la Asociación y les garantizó que la ERA estudiaría el accidente que se cobró la vida de 80 personas el 24 de julio del 2013 en la curva de A Grandeira. Los afectados denuncian desde entonces el abandono y maltrato institucional al que fueron sometidos por exigir que se arroje luz sobre un caso cerrado en falso que se saldó con un único culpable, el maquinista.

Larga espera

El documento permanece secuestrado en los cajones del Ejecutivo europeo desde febrero, cuando la ERA dio por concluido el informe. Es entonces cuando arranca el calvario burocrático para las víctimas. En el mes de marzo los representantes de la plataforma y Miranda solicitaron una reunión para conocer los detalles del texto. El 7 de abril se les denegó el acceso público al informe. El 21 de abril demandaron una nueva reunión con el entonces director general de Movilidad de la UE, Olivier Onidi, quien aplazó la decisión el 4 de mayo. El día 18 de ese mismo mes, se presentan dos recursos ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Europea exigiendo que se divulgue el informe invocando el «interés público superior». Cuatro días más tarde se pide otra cita con Onidi, pero Bruselas demora al máximo la respuesta y el 15 de junio notifica un nuevo aplazamiento. Justamente mañana, 7 de julio, expira el plazo.

Los últimos cinco meses se saldan con tres prórrogas, múltiples recursos y una larga retahíla de excusas blandidas por la Comisión Europea para evitar que salieran a la luz las conclusiones de un informe que puede poner en cuestión la investigación oficial del accidente, tutelada por Fomento y dirigida por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un cuerpo del que formaron parte cargos de Adif y Renfe implicados en causas judiciales.

Presiones políticas

¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué Bruselas se negó a hacer público el informe? La Comisión Europea se parapetó tras dos coartadas. En un primer momento adujo que la revelación del documento podía «erosionar la confianza mutua con las autoridades españolas» y poner en peligro las negociaciones entre el equipo de Juncker y Madrid en el marco del procedimiento de infracción que abrió Bruselas a España en el 2013 por incumplir la Directiva europea de seguridad ferroviaria e independencia de los cuerpos de investigación de accidentes. El 26 de mayo, la Comisión cerró el expediente con nocturnidad y alevosía, sin ruido y sin comunicación posterior. Cuando salió a la luz la clausura del dosier, la Comisión Europea cambió de argumento y alegó que la revelación del documento podía interferir en el proceso judicial reabierto por la Audiencia Provincial de A Coruña solo dos días después de dar carpetazo al procedimiento contra España.

Detrás de este complejo puzzle jurídico se esconden presiones políticas. Según fuentes de Bruselas, el Gobierno español trató de obstaculizar en todo momento la publicación del documento. La proximidad de las elecciones generales del 26 de junio pesó a la hora de dilatar el calendario y evitar así que el texto interfiriese en la campaña.

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