En Galicia hay más de 6.000 viviendas turísticas pendientes de regulación

El gobierno autónomo toma partido y se posiciona del lado del sector hotelero frente a los 6.000 propietarios de viviendas turísticas que ofrecen sus casas a cambio de una contraprestación económica para períodos vacacionales inferiores a 30 días. Con el decreto, que se aprobará al término del verano, estos alojamientos pasarán a contar con una regulación específica más similar a la de los hoteles o complejos vacacionales que a la Ley de Arrendamientos Urbanos a la que ahora están supeditadas.

Los dueños de este tipo de viviendas tienen hasta principios del 2017 para ponerse al día con la nueva regulación si quieren seguir promocionando sus casas para alquilar en plataformas digitales como Airbnb o Homeaway, aunque también hay quien lanza sus ofertas por cauces tradicionales como los anuncios.

Los requisitos que han de cumplir a partir de ahora los propietarios van desde tareas burocráticas, como presentar una declaración responsable de inicio de la actividad de alquiler o solicitar un seguro de responsabilidad civil, a contar con un número determinado de servicios complementarios como teléfono de atención 24 horas para el usuario o tener a disposición del cliente hojas de reclamación por si surge alguna incidencia.

Del mismo modo, las viviendas de uso turístico estarán situadas en suelo de uso residencial y, cuando la normativa lo permita, estos alojamientos podrán situarse en suelo distinto. Los concellos también tendrán potestad para regular determinados ámbitos; por ejemplo, podrán establecer limitaciones en lo que respecta al número máximo de viviendas turísticas por edificio o por sector.

Las viviendas deberán estar suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y enseres necesarios para su utilización inmediata, con el fin de prestar un servicio de alojamiento correcto. Para asegurar un mayor confort, se exigirá que estas viviendas dispongan de calefacción -de octubre a mayo-.

Desde el Clúster de Turismo gallego, que aglutina a 52 entidades relacionadas con el sector turístico en la comunidad, afirman que con la puesta en marcha de este decreto «se le da un amparo legal a aquellas empresas o particulares que deseen comercializar su alojamiento como turístico, y viene a aclarar definitivamente los diferentes modelos de negocio». Así, argumentan, la oferta estará regulada y «permitirá atajar algunos de los problemas que se asocian a las prácticas de alquiler de viviendas particulares para usos turísticos».

Según afirma el presidente del clúster, Francisco González, «El turismo somos todos, y esta normativa abre la posibilidad de contar con un marco legal a una oferta de alojamiento que existe y va a seguir existiendo en el mercado, pero que está en una situación alegal».

«La Administración tiene que velar por los que cumplimos y pagamos»

«No declaran absolutamente nada ni están registradas en ningún sitio, y todo aquello de lo que no conste registro es competencia desleal», asegura José María de Cabo, director gerente del hotel Rías Bajas, en Pontevedra. «Si hay una actividad ilegal, como es el caso de las viviendas que se ofertan en plataformas como Airbnb, la Administración tiene que velar por los que sí cumplimos la ley, no correr un tupido velo». De Cabo está conforme con la normativa promulgada por la Xunta, sobre todo porque en la situación de ilegalidad en la que dice, se encuentran los alojamientos turísticos, «sus costos de producción se ven muy favorecidos y claro, pueden bajar los precios».

Sin embargo, De Cabo no comparte la idea de prohibir este tipo de páginas o aplicaciones web, más bien se conformaría con que tuvieran «los permisos correspondientes». Asimismo, afirma que en su ciudad el auge de estas plataformas no ha provocado un efecto especialmente nocivo sobre los hoteles, pero que «hay que atajar el problema cuanto antes para que la bola no crezca».

«Si van a pedirme tantos requisitos retiraré mis casas de la plataforma»

María conoció la plataforma Airbnb hace un año, mientras viajaba con su marido y sus hijos. Después de varias experiencias satisfactorias como usuaria decidió poner en alquiler las dos viviendas que tiene en Cangas. «Cuando estoy en una pongo la otra casa en Airbnb y al contrario», comenta. Se enteró por las páginas de La Voz de la intención de la Xunta de regular alojamientos turísticos como los suyos, y desde que lo leyó lo tuvo claro: «Si me van a pedir tantos requisitos por alquilar mi casa la voy a retirar de la página; es un engorro en el que no me apetece entrar». Dice que entonces optará por alquilársela a un profesor, «como hace todo el mundo».

María asegura que utiliza este canal digital para conocer gente más que por una cuestión económica, «es una manera distinta de hacer turismo, y creo que la mayoría de gente lo ve así», comenta. Además piensa que este tipo de alojamientos no suponen una competencia desleal para el sector hotelero: «Es una forma de viajar diferente que no te ofrece un hotel, cada uno tiene su clientela».

Las comunidades con las normativas más restrictivas son Madrid y Canarias

El decreto creado por la Xunta para regular las viviendas turísticas sigue la estela de la normativa catalana, así lo pusieron de manifiesto fuentes de la Consellería de Turismo y así se constata en el gráfico de esta página. Entre estas dos regulaciones solo existen dos diferencias, que en Cataluña no es obligatorio que estas casas dispongan de calefacción ni de seguro de responsabilidad civil.

De las cinco comunidades que cuentan con una regulación específica en este terreno, Canarias y Madrid son las más restrictivas. Tan solo en las casas canarias y madrileñas se exige un mínimo de estancias. Además, en el caso de las islas, las viviendas deben contar con información en castellano y en inglés y, los que se alojen en una vivienda de Madrid dispondrán obligatoriamente de wifi.

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