La Xunta refuerza sus instrumentos legales para eliminar o rebajar peajes

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

Avala el uso gratuito de sus viales, «agás que se estableza unha taxa polo seu uso»

21 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia cuenta desde hoy con un corpus legal mejorado y adaptado al territorio gallego para gestionar su red autonómica de carreteras, al publicar en el DOG el reglamento que desarrolla la Lei de Estradas de Galicia. En él se clarifican y concretan algunos aspectos de la ley aprobada en julio del 2013, como todo lo referente a la financiación de las carreteras de titularidad autonómica. En este capítulo, el nuevo reglamento consagra el uso gratuito de los viales de la Xunta, «agás que se estableza unha taxa polo seu uso». Fuentes de la Consellería de Infraestruturas niegan que esto implique alguna decisión inminente para cobrar por carreteras o vías de alta capacidad gratuitas.

También la normativa estatal abre la puerta a la posibilidad excepcional de imponer tasas por el uso, aunque por el momento el Gobierno central tampoco ha iniciado un camino incierto y de alto coste político, emprendido ya por países como Portugal, que tomaron la decisión para paliar los efectos de la crisis. La Comisión Europea recomienda, además, que los textos legales sean lo suficientemente genéricos para que no se cierre la puerta a nuevas fórmulas para financiar las infraestructuras. Los propios responsables comunitarios aconsejan estas alternativas ante los cada vez más abultados presupuestos públicos para el mantenimiento de las infraestructuras.

En el sentido opuesto, el nuevo reglamento desarrolla la capacidad de la Xunta para eliminar o rebajar peajes, con las limitaciones que impone la ley de concesiones, que obliga a la compensación automática al adjudicatario de la concesión, pues la Administración es responsable indirecto del equilibrio financiero de estos negocios. Fuentes de la consellería aseguran que incluir esta posibilidad en la ley y en el reglamento da mayor seguridad y garantías jurídicas, pues se trata de una posibilidad que no estaba desarrollada normativamente, aunque se pudiera ejecutar igualmente. «Nos treitos das estradas onde se estableza un pagamento de peaxe ou taxa polo seu uso, a Administración titular poderá establecer medidas ou procedementos compensatorios que veñan reducir ou anular o pagamento directo por parte da persoa usuaria», se asegura en el reglamento. Este artículo posibilitaría reducir o eliminar peajes en las autopistas de competencia autonómica -la AG-55 entre A Coruña y Carballo y la AG-57 entre Vigo y Baiona-, pero también en la AP-9 si finalmente el Estado se aviene a transferirla, algo que por el momento se ha descartado.

Estas medidas pueden ser tomadas por el Gobierno gallego y la consellería, pero también por organismos gestores como la Axencia Galega de Infraestruturas. También se recoge la exención de peajes a los vehículos de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, así como los de transporte sanitario, protección civil o antiincendios.

En el apartado dedicado a cómo se financiarán las obras se plantean los dos instrumentos más comunes: a través de los presupuestos de la comunidad o en régimen de concesión, mediante la colaboración con otras administraciones o con los «recursos xerados pola explotación das estradas». También se tiene en cuenta «o establecemento de contribucións especiais».

Recursos para la Administración

La Xunta plantea que las carreteras «poderán xerar recursos económicos a favor da Administración». Una de las posibilidades sería mediante «o establecemento de taxas» que sean coherentes con la normativa tributaria, con las sanciones que prevé el reglamento o mediante el aprovechamiento urbanístico de los terrenos del dominio público viario y la venta de terrenos de ese patrimonio público.

También se prevé un régimen de contribuciones especiales cuando una determinada carretera beneficie directamente a determinadas personas, como los titulares de los terrenos o urbanizaciones beneficiadas por la actuación.

El reglamento prevé coordinar los planes de carreteras con Portugal

El nuevo reglamento prevé coordinar el Plan Director de Estradas con el Estado y las comunidades vecinas -Principado de Asturias y Castilla y León-, pero también indica que estos planes «se deberán coordinar cos plans análogos da República portuguesa». La consellería que dirige Ethel Vázquez defiende que el desarrollo normativo de la Lei de Estradas «permite unha xestión da rede viaria máis axustada» a la configuración demográfica y territorial de Galicia, con una población muy dispersa, con múltiples núcleos urbanizados y por tanto una gran cantidad de travesías, así como la proliferación de viviendas unifamiliares aisladas al pie de las carreteras.

Terrenos colindantes

Una de las novedades del reglamento es que se flexibiliza el uso de los terrenos que lindan con las carreteras, protegiendo el dominio público viario al tiempo que se permite mejorar la compatibilidad con las actividades económicas.

La transparencia es otro de los objetivos de la consellería, aumentando el número de proyectos que deben someterse al procedimiento de información pública. También se mejora la situación de los ciudadanos que son expropiados para construir las carreteras, «de modo que se habilita unha fórmula para que o propietario conserve os dereitos urbanísticos, e se eviten problemas na reposición de bens afectados permitindo que sexa a Administración a que o realice».

El texto también prevé fórmulas para mejorar la coordinación entre las Administraciones que cuentan con red viaria en Galicia , estableciendo pautas para la resolución de conflictos.