Casas móviles, bungalós y findesemanas ilegales se enfrentan a órdenes de derribo
GALICIA
La Xunta tiene abiertos 90 expedientes tras demoler ya decenas de construcciones
17 jun 2016 . Actualizado a las 23:27 h.El hombre sale de su casa móvil renqueante, con cara de pocos amigos. Y pregunta «que queres» como si Cambre fuera el far west.
-Esta casa é legal, non teño nada máis que dicir.
-Osea, que ten licenza municipal...
-Claro que a ten, saca o coche de aquí que vai vir o butano.
Contra lo que pueda pensar mucha gente, las casas móviles o prefabricadas, los bungalós, o el clásico alpendre reconvertido en segunda vivienda de fin de semana -conocido en pura lógica como findesemana- necesitan tener licencia municipal y no pueden estar situados ni en suelo rústico ni en espacios de servidumbre, como la costa o las orillas de los ríos. Sin embargo, el hecho de estar consideradas como construcciones blandas -fácilmente retirables, por tanto, si la Administración las detecta- implica que personas con fincas en suelo no urbanizable recurran a ellas para habilitar una segunda vivienda en zonas aisladas, con vistas al mar, o cerca de los ríos.
Esta fórmula de habitabilidad orientada al ocio principalmente estival creció en Galicia sin control durante años. Pero la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ha puesto coto desde hace años a este tipo de construcciones por su impacto paisajístico, derribando decenas de ellas -como las que aparecen en las imágenes de al lado- en caso de que los propietarios no colaboren retirándolas antes de que la Xunta o el concello asuman el derribo.
En la actualidad hay unos 90 expedientes abiertos con los consiguientes apercibimientos de reposición En estos casos, la colaboración de los propietarios con la Administración es más fluida en lo que respecta al derribo o a la retirada que cuando se trata de viviendas unifamiliares normales en situación de ilegalidad. «Estamos en un porcentaje muy alto de retirada voluntaria por parte de los propietarios, pues en el fondo saben que cuando no tienen razón les sale más barato retirar o derribar ellos mismos», comentan fuentes del departamento que dirige Beatriz Mato.
Durante el primer trimestre del año se habían incoado 86 expedientes, a los que hay que sumar cuatro más abiertos en las últimas semanas. En los tres primeros meses del año la provincia de Lugo encabezaba el ránking de estas construcciones ilegales, con 46. Le sigue la de Pontevedra, con 17; Ourense, con 14 apercibimientos de derribo. Y por último la provincia de A Coruña, con tan solo seis expedientes.
Precisamente en esta provincia se da el caso de un matrimonio de Padrón con una casa móvil en Rois que deben retirar o derribar junto con una piscina y una fosa séptica. Recientemente solicitaron a la Xunta la revisión de su expediente en base al principio de igualdad, pues aducen que en la zona hay más viviendas de este tipo y no se ha ordenado su demolición. La Xunta desestimó el recurso alegando que la resolución es firme y les avisa de que el plazo para la retirada voluntaria ya ha pasado, informa Uxía López. Si no lo hacen llegará lo que denominan «execución forzosa». Jesús Gómez y María de los Ángeles Dopazo buscan una finca para trasladar su casa y, después, ponerla a la venta.