La UE no decidirá si hace público el informe del Alvia hasta después de las elecciones

Alargan el plazo para la decisión hasta el 7 de julio, según una respuesta de la Comisión a la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda


La Comisión Europea no decidirá si hace público el informe sobre el expediente de infracción abierto a España en materia de seguridad ferroviaria, en el que se incluyen las aportaciones de la Plataforma de víctimas del Alvia, hasta después de las elecciones. Aunque altos funcionarios de la UE ya se habían mostrado intranquilos sobre el efecto que podría tener la publicación en plena campaña, el Secretariado General de la Comisión, en una respuesta escrita a la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, confirma que pospone su decisión sobre el acceso público al documento hasta el 7 de julio.

Miranda pidió el informe de acuerdo con la normativa europea que regula el acceso público a los documentos de la Eurocámara, el Consejo y la Comisión. El plazo para responder expiraba mañana, así que en una respuesta por escrito fechada hoy, el responsable de Políticas Administrativas e Institucionales, Martin Kröger, explica que la solicitud del BNG -las víctimas también lo reclamaron por otras vías- está siendo tramitada y estudiada.«Desafortunadamente, todavía no hemos reunido todos los elementos que necesitamos para llevar a cabo un análisis integral de su petición y, por lo tanto, no podemos responder a su solicitud dentro del plazo prescrito», se asegura en la respuesta oficial de la Comisión. «Como consecuencia de esto -añaden-, tenemos que ampliar este período otros quince días». El nuevo plazo expira el próximo 7 de julio.

La reunión que tuvieron las víctimas en noviembre pasado con altos cargos de la Comisión y de la Agencia Ferroviaria Europea motivó que sus demandas se incluyeran en el expediente de infracción abierto a España por incumplir distintos puntos de la directiva de seguridad ferroviaria, un expediente que se cerró hace dos semanas, después de que, entre otros aspectos, España modificara sustancialmente las normas de funcionamiento de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Según la información a la que tuvo acceso La Voz en su momento, la Comisión recriminó a España una serie de decisiones legislativas que anulaban la independencia del organismo, como el hecho de que los responsables de Seguridad en la Circulación del ADIF y Renfe formaran parte del equipo investigador de los accidentes ferroviarios, cuando en algunos casos la culpa de estos accidentes puede recaer precisamente en estos altos cargos. El Gobierno se vio obligado a modificar la legislación sobre estos asuntos para que la UE cerrara el expediente de infracción.

Por otra parte, la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha evitado pronunciarse sobre las recientes declaraciones del fiscal del caso, Antonio Roma, que aseguró que no descarta nuevas imputaciones en el caso.«Ya me lo ha preguntado usted en más ocasiones; solamente decirle que yo respeto siempre las decisiones de los jueces, como no puede ser de otra manera», dijo.

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