La UE recriminó a España que cargos del ADIF y Renfe investigaran los accidentes

El expediente, ya cerrado, cuestionó la independencia en casos como el del Alvia

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

Redacción / La Voz

El expediente abierto a España por la mala trasposición de la directiva ferroviaria comunitaria del 2004 se cerró hace tan solo una semana por el único fleco que faltaba: la controvertida independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Según ha podido saber La Voz por diversas fuentes, el informe que la Comisión Europea está meditando si hace público incluye, entre otros aspectos, duras críticas a la fórmula elegida por el Gobierno español para crear un cuerpo de investigación que analizara los accidentes ferroviarios con el objetivo de establecer recomendaciones técnicas que evitaran sucesos similares.

La visita a Bruselas de la Plataforma de víctimas del Alvia en noviembre y sus reuniones con altos cargos de la Comisión y de la Agencia Ferroviaria Europea coincidió en pleno pulso con el Gobierno español por estos asuntos y, según cargos conocedores del proceso, las denuncias de falta de independencia por parte de los afectados vinieron a reforzar las tesis iniciales en un proceso iniciado hace casi tres años. Los propios altos cargos admitieron que vieron «datos nuevos» en las denuncias de las víctimas.

Aunque existían otras diferencias con el Gobierno en cuestiones como la puesta en marcha de una Agencia de Seguridad Ferroviaria independiente -creada en diciembre del 2014-, el expediente de infracción sobre la CIAF cuestionaba abiertamente el artículo 23 del real decreto de junio del 2007 relativo a la seguridad en la circulación en la red ferroviaria española. En él se incluía a los responsables de Seguridad en la Circulación de Renfe y el ADIF en el equipo investigador de accidentes ferroviarios, pese a que en algunos casos estuvieron implicados en los procesos judiciales y podrían anteponer los intereses de sus empresas a una investigación imparcial e integral.

Así, el texto dictaminaba que el equipo para investigar accidentes debía estar formado por un técnico de la CIAF «y, al menos, por el responsable de seguridad del ADIF y el responsable de seguridad de la empresa o empresas involucradas en el accidente [Renfe]». Este texto, argumentaron los técnicos de la Comisión, constituye una mala transposición de la directiva europea pues, por lógica, las empresas que pueden ser responsables no deben autoinvestigarse en un procedimiento independiente. Aunque eso no quita que emprendan sus propias investigaciones internas y las aporten en el juzgado, como sucedió en el caso Alvia.

El Gobierno español adujo en un principio que los responsables de Seguridad en la Circulación de ambas empresas no participaban en las conclusiones de los informes sobre los siniestros. Su función se limitaba, argumentaron, a aportar datos que estaban en poder de sus respectivas empresas y colaborar en la investigación.

Estas explicaciones no convencieron a la cúpula de la política de transportes de la UE y el Gobierno se vio obligado a modificar el marco legal de la CIAF, un órgano que sigue dependiendo administrativamente de Fomento. En estas reformas legales llevadas a cabo por el equipo de Ana Pastor -una primera ley a principios del 2014, un real decreto de julio de ese año y, por último, la Ley del Sector Ferroviario de septiembre del 2015- se otorga a la CIAF «plena independencia funcional». En esos textos legales se elimina toda referencia al papel de los responsables de seguridad del ADIF y Renfe en las investigaciones y se faculta al presidente de la CIAF para que nombre a un responsable de la investigación entre los vocales que componen el pleno. Al mismo tiempo se obliga a las empresas a que colaboren con las pesquisas. «En el desempeño de sus funciones, ni el personal ni los miembros del pleno podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada», se asegura en la nueva normativa, orientada a convencer a la Comisión de las nuevas garantías de independencia, algo que finalmente sucedió.

Aunque estos vocales siguen siendo nombrados por Fomento, España expuso a la Comisión Europea que todos ellos están ya jubilados, aunque la mayoría trabajó para Renfe o el ADIF. El nombramiento del presidente y los vocales, además, se consensuará con los diputados de la comisión de Fomento, que pueden exponer «un veto razonado» en caso de que estén en desacuerdo. Dos de los vocales ya han sido nombrados por este sistema. De ninguna de estas reformas se benefició la investigación del Alvia.

 

La Eurocámara tratará las denuncias de las víctimas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite las dos denuncias presentadas por la Plataforma de Víctimas, una sobre el incumplimiento de la normativa de seguridad y otra por publicidad engañosa. En una carta remitida ayer, la Eurocámara informa de que ha solicitado un informe sobre el accidente de Angrois a la Agencia Ferroviaria Europea.

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